Harry Díaz y De La Guardia, testigos clave del caso CISA

El magistrado Harry Díaz, el ministro de Economía, Dulcidio De La Guardia, y el exministro Alberto Vallarino tendrán que rendir declaraciones a la Fiscalía Cuarta Anticorrupción por el entramado en que se convirtió el cobro de impuestos morosos en la pasada administración.

Edmundo Arce, jefe de cómputo de la antigua Autoridad Nacional de Ingresos de Panamá (ANIP) también deberá comparecer ante el Ministerio Público (MP).

Díaz, que era el representante legal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) cuando se firmó el contrato con la empresa Cobranzas del Istmo para gestionar cobros de impuestos, fue parte del equipo que revisó y aprobó el documento.

Vallarino, por su parte, era el máximo responsable de la cartera que contrató a la empresa que se ganó $47.1 millones en comisiones en virtud de un contrato que se cuestiona por fraudulento.

Por su parte, el hoy ministro de Economía avaló en 2011 ante el MP el contrato de la Dirección de Ingresos con Cobranzas del Istmo, el mismo que cuatro años después consideró lesivo y denunció ante la justicia.

Con estos argumentos, la defensa del exdirector de Ingresos Luis Cucalón convenció este viernes a la fiscal Ruth Morcillo de tomar declaratoria a estas personas.

La solicitud fue ratificada justo cuando Morcillo enfrentaba personalmente a Cucalón y al empresario Cristóbal Salerno, dueño de Cobranzas del Istmo, por sus argumentos alrededor de las irregularidades en el pago de $47 millones en comisiones.

El abogado Víctor Chan presentó la copia de una carta que envió y suscribió De la Guardia el 8 de abril de 2011 al entonces procurador encargado Ramses Barrera, en la cual aseguró que el pacto con Cobranzas del Istmo se celebró ‘siguiendo las pautas contenidas en el Decreto Ejecutivo 22 del 17 de marzo de 2010', que permitía al MEF buscar gestores de cobros.

La respuesta del ministro a la Procuraduría estaba ligada con una investigación abierta a raíz de una denuncia de la abogada Norma González, en la que se advertía de la ilegalidad del contrato porque Cucalón y Cristóbal Salerno, dueño de CISA, eran amigos.

De la Guardia estaría entre los primeros de una lista de 22 personas que deberán responder a la Fiscalía Cuarta Anticorrupción por los detalles del contrato de Cobranzas del Istmo.

De La Guardia ya mostró su disposición a colaborar con todas las investigaciones que adelante el Ministerio Público sobre este presunto desfalco.

El ministro, a través de su vocera oficial, dijo que la nota a la que se refieren los abogados del exdirector de ingresos respondía a una solicitud de información del entonces procurador encargado sobre la existencia del contrato. Y aclaró que la misma no constituye una validación de la contratación directa de la empresa.

La defensa de Cucalón estima que el exministro de Economía Alberto Vallarino, quien se ha desligado publicamente del escándalo, debe aparecer entre los primeros testigos que empezarán a ser llamados a partir del próximo martes.

LOS PAGOS EXTRAÑOS

En la lista también aparece la excontralora Gioconda Torres, quien refrendó sin objeciones el acuerdo.

Según la declaración de Salerno, a la que ha tenido acceso La Estrella de Panamá, parte del dinero de las comisiones pagadas terminó en las manos de Cucalón y del expresidente Ricardo Martinelli.

La fiscalía, de hecho, preguntó este viernres a Cucalón y a Salerno, por primera vez frente a frente desde que se inició la investigación, por qué Cobranzas del Istmo giró a sociedades ligadas al exjefe de Ingresos hasta $6.8 millones.

El primero aseguró que los pagos correspondían a la cancelación de una ‘deuda vieja' y para el segundo eran las ‘coimas' que debía desembolsar para que la Dirección de Ingresos le liberase sus comisiones.

—¿Usted en ese momento tenía conocimiento de que lo solicitado por Cucalón se constituía en un delito de corrupción de servidores públicos?—, inquirió la fiscal Morcillo a Salerno a principios de esta semana.

—Es que él (Cucalón) me exigía eso, si no, el negocio cerraba. Yo asumo, aun no siendo abogado, que eso es un tipo de extorsión—, rebatió el septuagenario empresario, al que el Ministerio Público le prohibió salir de su residencia en Paitilla sin autorización judicial.

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DILIGENCIA

Un careo sin ton ni son entre dos imputados

A eso de las 7:50 de la mañana de este virnes, tras la llegada del exdirector de Ingresos Luis Cucalón al Ministerio Público, empezó el careo con el que se buscaba aclarar los detalles de un presunto delito contra la administración pública por el pago de $47.1 millones en comisiones recibidos por la empresa Cobranzas del Istmo, S.A., en virtud de un contrato tachado de fraudulento y por los pagos que el dueño de la empresa Cristóbal Salerno hizo al exdirector de Ingresos, como aparentes sobornos.

Tanto Cucalón como Cristóbal Salerno, dueño de Cobranzas del Istmo, mantuvieron sus posturas previas. Cucalón asegura que los cuatro cheques por un total de $6.8 millones girados a su favor saldaban una deuda atrasada, mientras Salerno aseguró que eran pagos solicitados para agilizar los trámites en la DGI. Una extorsión.

Sobre el contrato, ambos coincidieron al señalar que fue legal en su momento.

Cucalón reiteró que durante el proceso de contratación recibió órdenes de sus superiores (Dulcidio De La Guardia y Alberto Vallarino) y Salerno no lo desmintió.

A eso de las 6.30 de la tarde, finalizó la diligencia judiciales. A ambos imputados se les mantuvo la medida cautelar decretada previamente. Cucalón, prisión preventiva en la DIJ, y Salerno, de 71 años, casa por cárcel.