Candidatos presidenciales plantean sus propuestas para la economía panameña

El Foro Económico “Propuestas vs Realidades” del Colegio Nacional de la Empresa Privada (Conep) se llevó a cabo este miércoles, con los equipos económicos de las diferentes campañas presidenciales. Cada representante presentó sus objetivos y propósitos en materia de empleo, déficit fiscal, administración pública, la Caja de Seguro Social, entre otros temas.

El foro contó con cuatro paneles bajo temas: la inversión y deuda pública, programa IVM-CSS y simplificación de trámites, educación para el trabajo e inversión extranjera directa, empleo y agua.

Al evento asistió Guillermo Salazar en representación de José Gabriel Carrizo; Alberto Alemán Subieta por Martín Torrijos; José Isabel Blandón por Rómulo Roux; Aida Michelle de Maduro por Melitón Arrocha; Fernando Aramburu por Ricardo Lombana; William Hughes por Maribel Gordón; y Zulay Rodriguez. El orden de participación de cada representante fue establecido por el Tribunal Electoral. Las preguntas eran seleccionadas por una ruleta.

En materia de financiamiento, Blandón comentó que la estrategia que están tomando para buscar financiamiento de proyectos de inversión pública se basa en reformar la Ley de las Alianzas Públicas y Privadas (APP), ya que consideran que la misma tiene muchas deficiencias.

“Esta es la mejor manera de poder impulsar proyectos de infraestructura que se necesitan para el desarrollo del país porque no todo se va a poder pagar con los recursos del Estado, ni mucho menos con deuda y cero tributo”, manifestó Blandón.

Respecto al tema del cese de operaciones de la mina, Michelle de Maduro sostuvo que el tema debe ser estudiado a cabalidad y no con ideologías, porque se deben analizar los recursos a los que ya se invirtieron y en ejecución, ya que al final de cuentas se deben buscar los mejores mecanismos, pero siguiendo los procedimientos que ya fueron declarados por la Corte para un cierre. Aclaró que eso no significa que no se pueda hacer un mejor uso de los recursos, ya que se necesitarían de todas formas invertir $20 millones para el cierre de la mina con mano de obra capacitada.

“La decisión de la Corte no dice que no se va a hacer exploración minera porque eso ya está contemplado en la Constitución y sobre todo los de cielo abierto. Lo que debemos hacer en este caso es buscar los mejores términos para el país y eso quiere decir un nuevo contrato con o sin la empresa actual y con mejores distribuciones de la propiedad de este desarrollo, que sea para el beneficio de todo el país y no para una empresa que está invirtiendo. El tema de la mina no debe ser de campaña, sino una decisión que se debe tomar para el país a largo plazo”, manifestó.

Sobre las soluciones para hacer más eficiente la Caja de Seguro Social (CSS), Salazar mencionó que tienen contemplado hacer una revisión para hacer una institución eficiente que cuente con tecnología, de manera que todos los asegurados y sus dependientes puedan recibir la atención y los servicios. “Queremos hacerlo de manera muy eficiente para que la población tenga las medicinas a tiempo, los atiendan oportunamente y reciban todos los servicios que se merecen”, dijo. Fernández, por su parte, recordó que el programa del IVM no es el único con déficit, sino todos los programas de la CSS, por lo tanto, cree que una reestructuración es “indispensable”, ya que “entre más nos demoramos mayor es el problema”.

“Obviamente tengo una hipótesis de que la falta de información en el sector público no es el resultado de una mala administración, sino de una estrategia de que los ciudadanos se enteren sobre cuáles son los verdaderos problemas que tienen los diferentes programas. Por ejemplo, hay diferentes cifras sobre el déficit. Simplemente hay que financiar el déficit del sistema solidario con una deuda interna pagada por el sistema de cuenta individual”, indicó.

Hughes expresó que para tomar en cuenta la inversión se necesita evaluar el endeudamiento público y la evasión fiscal. Por ejemplo, detalló que la deuda pública se ha ejecutado sobre la base de tratar deuda para pagar deuda y los intereses se han capitalizado, ya que el 45% de la deuda pública son intereses que se han capitalizado, o sea, dinero que no entra. Así mismo aseguró que del 2007 al 2023 hay $80 mil millones en evasión fiscal, de acuerdo a datos de la DGI. “Gran parte de las personas que están aquí han formado parte de gobiernos anteriores y han hecho modificaciones para mejorar reducir los impuestos. A 7,7% son los ingresos tributarios del PIB y esas circunstancias tenemos que cambiarlo con un impuesto para las grandes fortunas para así controlar la evasión y tener recursos suficientes”, puntualizó.

Conep informó que con la realización del foro económico darán seguimiento a cada una de las propuestas planteadas por los representantes de cada campaña.