Autoridades locales ‘irán a las calles’ si MEF mantienen recortes al presupuesto

Con consignas a favor de un mayor presupuesto e incluso llamados a protestas en las calles, cientos de representantes y alcaldes se plantaron ayer en la Asamblea Nacional para exigir el cumplimiento de la Ley 66 de 2015, que descentralizó la gestión de los gobiernos locales, incluyendo el manejo de los fondos.

Los reclamos se hicieron en la Comisión de Asuntos Municipales, que se declaró en sesión permanente para atender el tema de presupuesto de los gobiernos locales para la vigencia fiscal de 2025.

Las autoridades locales reclamaban que, a diferencia de lo planteado en la Ley 66, que modifica la Ley 37 de Descentralización, el nuevo presupuesto de la nación no cumple con la asignación de capital para el Programa de Inversión de Obras Públicas y de Servicios (Piops) en el que se traspasan $110.000 a cada alcaldía y junta comunal a inicios de cada año.

Sostiene que solo 88 juntas comunales recibirán este beneficio de manera regular, mientras que las 695 restantes solo recibirán el 50 % de este monto, por lo que se le adeudarían $45.065,000 a las autoridades locales del país, según lo establecido por la ley.

En el Programa de Impuesto de Bien Inmueble también se hicieron recortes significativos, pues se asignó un monto inferior de lo normado por unos $19.366.990.

Con el auditorio Carlos Titi Alvarado a su máxima capacidad, más de 500 autoridades municipales de todo el país exigieron la presencia de algún representante del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que les brindara una respuesta sobre qué sucederá con los fondos de descentralización de las juntas comunales y alcaldías, tomando en cuenta que son fundamentales para el funcionamiento de las instituciones municipales y resolver los problemas comunitarios a los que el Gobierno central no llega.

“Los representantes y alcaldes son la primera puerta que toca el ciudadano, y en muchos casos estos fondos suplen las necesidades que el gobierno central no cumple en cada una de las comunidades. Gracias a estos fondos la ciudadanía tiene voz y puede acudir a las consultas ciudadanas en busca de respuestas”, explicó Miguel Batista, alcalde de Pedasí y presidente de la Asociación de Alcaldes de Panamá.

El reclamo tiene lugar en medio del escándalo por el despilfarro y uso clientelar de los fondos de descentralización. Entonces, el presidente José Raúl Mulino dio 60 días para entregar informes al respecto ante la Autoridad Nacional de Descentralización, pero solo 51 % de los gobiernos locales rindió cuentas.

Varios representantes cuestionaron que algunas juntas comunales están pagando “los platos rotos” de las administraciones anteriores y que eso no puede ser excusa para los recortes. Indicaron que de las 81 alcaldías del país, 64 son municipios subsidiados y gracias a recursos como el Piops se podían hacer tareas básicas como mantenimiento a las áreas públicas o recolección de la basura. Denuncian que eso se verá afectado con el recorte del MEF.

“Si nosotros tenemos reducciones de hasta el 50% del Piobs, nos encontramos en total vulnerabilidad para atender a nuestras comunidades. Entendemos la situación financiera y la crisis económica, pero nosotros representamos menos del 1 % del Presupuesto General del Estado”, dijo la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, a La Estrella de Panamá.

Hernández también agregó que hubiera sido mejor que los recortes se hubiesen hecho a instituciones gubernamentales y no a las autoridades locales, ya que este debe brindar soluciones en múltiples ámbitos a sus comunidades, a diferencia del Gobierno.

De esta manera, la alcaldesa cuestionó las actuales políticas de austeridad del presidente. “Nosotros somos multirrespuesta, hacemos absolutamente todo lo que hacen las demás instituciones, pero ahora nos van a dejar con las manos atadas”, dijo.

Un punto importante que resaltaron las autoridades que se presentaron ayer a la Asamblea Nacional es que actualmente más del 80 % de los alcaldes y representantes son personas sin alguna conexión con administraciones municipales pasadas.

Asimismo, pidieron al Gobierno pensar en las alcaldías y juntas comunales como “aliados”, en vez de considerarlas una carga más, pues son las autoridades que están cara a cara frente al pueblo la mayoría del tiempo.

Después de varios periodos de receso, el viceministro de Finanzas, Fausto Fernández De León, manifestó que la única manera de solucionar el problema planteado por los gobiernos municipales era contar con el compromiso del MEF de que se hará el pago de la suma restante a las juntas comunales en otro pago a principios del próximo año.

Sin embargo, la decisión no convenció a los representantes y alcaldes, quienes manifestaron que recurrirán hasta las últimas instancias, incluyendo el cierre de las juntas comunales o protestas en las calles, hasta que se no les brinde una respuesta concreta.

El viceministro, junto con expertos del MEF, analizarán cómo devolver el dinero que por ley pertenece a las juntas comunales y alcaldías antes del 31 de octubre, fecha en la que deberá ser aprobado el presupuesto por la Asamblea.

A esa misma hora, la ministra de Educación, Lucy Molinar, comparecía para sustentar el presupuesto de su cartera ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea.

En la vigencia fiscal de 2025 hubo cuestionamientos de los diputados por la exclusión de Panamá de la prueba PISA, así como por la compra de computadoras portátiles de forma directa por un monto de $258 millones, medidas que fueron cuestionadas por los diputados de la comisión.

Para 2025 el Ministerio de Educación (Meduca) tendrá un presupuesto total de gasto por 3.581.8 millones de dólares, de los cuales 2.726 millones serán para funcionamiento y $855.2 millones para inversiones.

Además del Meduca, instituciones como el Ifharu, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Pandeportes y el Ministerio de Comercio e Industrias debían sustentar su presupuesto ayer.