Jorge Rivera Staff: ‘Resultado de análisis definirá de quién es el concentrado de cobre’

Las obligaciones legales que recibirá la próxima administración gubernamental a consecuencia del cierre de la mina podrían acarrear demandas multimillonarias por parte de Minera Panamá. La empresa interpuso una intención que hasta ahora, como mínimo, acumula los $20 mil millones, cifra que representa el reclamo comercial, sin embargo, hay otras cuatro intenciones de demanda por inversión de otras empresas relacionadas a First Quantum, es decir, inversionistas y accionistas que se sienten perjudicados por el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Sin duda, como nos comenta el ministro de Comercio e Industrias (Mici) Jorge Rivera Staff, el próximo gobierno enfrentará una ardua tarea para defender al país ante los tribunales internacionales. Este es el panorama.

¿En qué estado se encuentran en este momento las demandas que interpuso First Quantum y otras compañías que se dedicaban a la actividad minera en Panamá?

Es importante hablar del planteamiento del plan de acción presentado por el gobierno en diciembre pasado, que tiene una serie de acciones, una de las cuales es defender los intereses del país frente a las reclamaciones internacionales. Hemos tenido cuatro intenciones de arbitraje por inversión relacionadas con este caso de la mina de cobre de Donoso, y un arbitraje comercial. Dentro de los arbitrajes de inversión hemos recibido intenciones de arbitraje que son parte de los procesos que se llevan adelante. También hemos tenido reuniones de acercamiento para conocer la posición de ellos, pero hasta ahí. Esto en inglés se llama coollin’ off’ Es una oportunidad que hay antes de presentar una reclamación formal.

¿Ante qué instancia se presentaron esos reclamos?

Están basados en los Tratados de Libre Comercio (TLC) que tiene Panamá. Tenemos dos presentados en función del TLC con Canadá y uno presentado utilizando como base el TLC firmado entre Centroamérica y Corea que es de una empresa de inversionistas, y hay uno cuarto que nos han notificado la intención con el TLC y los acuerdos con Francia.

¿Quienes son las empresas demandantes?

Son empresas que tienen capital accionario dentro de Minera Panamá a través de First Quantum y otras estructuras accionarias. Se han recibido esas intenciones y hasta ahí han llegado. En este momento estamos en ese proceso y atendiendo la demanda formal de un arbitraje comercial que presenta Minera Panamá, es decir la empresa que tenía la concesión en nuestro país, que argumenta una cláusula del contrato declarado inconstitucional.

¿Qué cláusula?

La cláusula de arbitrajes que contenía el contrato 406 declarado inconstitucional.

¿Hay otras demandas de empresas que tenían licencias o concesiones para la actividad minera y que se vieron afectadas por la ley de moratoria?

Sí, tenemos en ese caso notificaciones de intención de arbitraje de una empresa que se vio afectada en el área de los Santos por la aplicación de la ley de moratoria y hemos entendido que otras empresas están preparando sus intenciones. Se trata de tres o cuatro más, pero no las han formalizado aún.

Hasta el momento, ¿cuántas intenciones de demanda por inversión tiene el Estado?

Por ahora son siete. Hay una que sí está avanzando el proceso que se formalizó que se refiere al arbitraje comercial que invoca la cláusula del contrato, y el resto son todas notificaciones de intención de arbitraje.

¿La demanda comercial por qué monto es?

El estimado que hay hasta el momento que ha notificado la empresa First Quantum es de $20 mil millones, más lucro cesante.

¿Cómo invocan el arbitraje?

A través del artículo de la cláusula del contrato. Las reclamaciones son producto de la decisión de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato en noviembre de 2023.

¿Ese monto puede cambiar?

Sí, en función de las reglas del arbitraje internacional siempre hay oportunidad de que si las partes presentan argumentos adicionales puede variar el monto. Creo que es muy temprano en el proceso aún. Para dar un ejemplo, acuerdos de este tipo, en lo que se presenta el reclamo hasta llegar a la audiencia pasan mínimo dos años. Estaríamos hablando de una audiencia para el segundo semestre del 2025.

¿Las demandas de intención en inversión también son monetarias?

Sin duda.

¿Cómo se calculan los montos?

Sin duda alguna involucran montos importantes, son miles de millones de dólares. Hay vinculación entre la demanda comercial, puede duplicar el mismo tipo de reclamo. Pero recordemos que el arbitraje comercial lo interpuso Minera Panamá, mientras que los de inversión los interpuso First Quantum y los inversionistas de esta empresa.

¿Qué van a hacer con el concentrado de cobre que hay en la mina en este momento?

La semana pasada se dio el ingreso de un equipo de fiscalización institucional. Estuvo personal del Ministerio de Comercio, del Ministerio de Ambiente, de Salud y de varias instituciones validando muchos de los elementos del plan de gestión seguro. Uno de los elementos que se estuvo evaluando fue el concentrado de cobre. Ahí hay que hacer un señalamiento: con respecto al concentrado de cobre elevamos una consulta en diciembre al procurador de la Administración para que nos diera una orientación en relación a esto. Lo que nos dijo fue que se pueda determinar fehacientemente, con análisis y pericias de laboratorio que ese concentrado fue extraído antes de la declaratoria de inconstitucionalidad o después del contrato 406. Una vez que se determine esto, se puede saber si el concentrado es de la empresa o es del Estado.

¿Si se extrajo antes de la declaratoria de inconstitucionalidad lo puede exportar la empresa?

Efectivamente y deben pagar regalías al Estado en función de la vigencia del contrato. Eso es parte de las guías que estamos siguiendo sobre la respuesta de la Procuraduría de la Administración. Se están haciendo los análisis en este momento, no solo para la calidad, sino también para la cantidad del material acumulado para hacer la exportación y los recursos se puedan usar para el cuido y mantenimiento que necesitamos en este momento.

¿De cuánto estamos hablando?

Alrededor de 130 mil toneladas almacenadas en Puerto Rincón. A los precios actuales podríamos estar hablando de más de $200 millones al valor del mercado.

Si se determina que ese material es posterior al fallo de inconstitucionalidad, ¿quiere decir que la empresa violó el contrato?

Así es. Además la consecuencia es que ese material es del Estado panameño. Sería una violación por extraer material y hacer actividades mineras sin un contrato de concesión. Es la discusión que se va a tener en los arbitrajes internacionales.

¿Cuándo van a definir eso los laboratorios?

Esperamos que en mayo tengamos la definición para poder resolver el tema.

¿Cómo se está defendiendo el Estado de estas demandas?

El Estado está trabajando en una defensa en este proceso. Se está contratando una firma de abogados internacional especializada en este tipo de temas. Igualmente, como la demanda es contra el Estado, la Procuraduría General de la Nación forma parte del proceso para defender los intereses de la nación.

¿Ya decidieron que firma es?

Si, primero hicimos un sondeo internacional y luego se fue haciendo una lista corta y ya tenemos la firma.

¿Cuál es?

Por este momento no quisiera compartir el nombre, pero cuando pueda hacer pública la información lo haremos con el nivel de transparencia. Por los tiempos teníamos que hacer una contratación directa.

¿Qué valoraron en la decisión?

Experiencia a nivel global, en arbitrajes de inversión, comerciales, también en temas de arbitraje mineros.

¿Cuánto nos van a cobrar?

Todavía estamos esperando la respuesta para evaluar. Pero estas firmas cobran millones de dólares por estos casos que duran de cinco a siete años. No puedo darte una cifra ahora mismo, hay que esperar las cotizaciones, pero a este nivel de especialización los costos son altos.

¿Qué pasó con los abogados locales que estaban involucrados en el proceso?

Aquí es importante aclarar que hubo unas firmas de abogados que se contrataron pero que formaron parte de la contratación que se dio de abogados internacionales, el gobierno panameño no los contrató directamente. Esos contratos finalizaron. Normalmente la contratación se hace a firmas internacionales que tienen la experiencia y a su vez, estas firmas contratan a otros abogados locales. Como parte de la propuesta que hemos llevado adelante en el plan de acción, en el eje de la defensa del Estado, además de la contratación de las firmas internacionales estamos planteando la creación de un consejo consultivo con abogados locales que tengan la especialidad y acompañen al Estado como una caja de resonancia con una visión integral y que apoyen al gobierno de turno para la defensa de los intereses.

¿Cuál ha sido el resultado de las conversaciones que han tenido? Hemos escuchado comentarios del director ejecutivo de First Quantum esperando el cambio de gobierno con la intención de reactivar la empresa...

En estos casos el entendimiento es que hay una presión importantísima en esa empresa de parte de los inversionistas y tenedores de acciones. Ese tipo de manifestaciones son parte del proceso de comunicación que tienen una incidencia financiera. Sin embargo, el gobierno de Panamá está comprometido a cumplir el fallo de la Corte mientras estemos en el gobierno hasta el 30 de junio.

Es un hecho de que algunos candidatos no están opuestos a la minería, ¿qué pasará después de las elecciones si gana un candidato opuesto a la actividad?

En ese caso tendrán que seguir adelante con sus procesos de atención de sus reclamos. El plan de acción que hemos diseñado traerá un plan de cierre ordenado.

¿Cuánto costaría a Panamá el cierre de la mina?

El trabajo de cierre hay que desglosarlo en dos grandes ámbitos. Primero, la elaboración de un plan de cierre para una mina para estas características puede tomar unos seis meses. Es el promedio. Pero ejecutar el plan de cierre, que es la segunda fase, puede tardar alrededor de ocho años. Podría estar costando en total alrededor de $800 millones. Para tener la evidencia y data en función de eso, hemos planteado como uno de los ejes la elaboración de una auditoría integral de procesos mineros y una auditoría ambiental. En ambos se trabaja en este momento. Con esa información podemos hablar de elaborar de una forma ordenada un plan de cierre con números que nos permita complementar el trabajo del otro eje, que es el panel de expertos con la participación de la ciudadanía y con espacios de veeduría ciudadana que pueda tener rendición de cuentas y transparencia en el proceso.

¿Hasta ahora qué acciones ha efectuado el Mici con los empleos que se perdieron de los proveedores?

Hay dos factores, la terminación de la actividad minera desde el 5 de diciembre que se notificó a la empresa el fallo de la Corte por parte del Mici, detuvieron las actividades mineras y se dio un proceso de terminación de las relaciones laborales de alrededor de siete mil empleos que fueron cancelados. Lo otro es que estamos monitoreando a las empresas que son proveedores de la empresa minera. No es lo mismo pequeñas o medianas empresas que se constituyeron para ser proveedores de la mina, que aquellas empresas que tienen varios clientes, de los cuales uno de ellos era la mina. El abordaje es distinto. Por eso el tercer eje del plan de acción es cómo repensamos nuestro Producto Interno Bruto ante el impacto económico del cierre de la actividad. Esta semana tenemos una reunión importante con un grupo interinstitucional que hemos elaborado, pero ya no para cuido y mantenimiento, sino para identificar qué actividades puede brindar el Estado para compensar este impacto. Estamos enfocándonos en lo que hoy en día está disponible para estas actividades y en sentar las bases de este proceso que va a trascender a tres gobiernos.

¿Cómo va a dejar el despacho al siguiente gobierno?

Estamos dejando un despacho en orden. El Mici ha hecho un gran trabajo. En atracción de inversión hemos visto los anuncios de nuevas empresas del esquema multinacional y el trabajo del apoyo a los exportadores. El año pasado tuvimos un récord de más de $1,200 millones de exportaciones de bienes, excluyendo el cobre, lo que representa un aumento de 13% en comparación al año anterior. Estas exportaciones son a Estados Unidos, Países Bajos, Estados Unidos, México, Costa Rica para diversificar la cartera de exportaciones. La mitad está vinculada a la industria o a la agroindustria. Un 30% de las exportaciones son de industria, lo que significa que estamos agregando valor a los bienes primarios.

¿Qué opinión tiene de la propuesta de los paneles solares del candidato Ricardo Lombana?

Es apurada e improvisada.

¿En qué sentido?

La idea es buena. De hecho este gobierno ya está haciendo un piloto sobre eso. Pero eso no se puede plantear así. Hay demasiados elementos técnicos: 100 mil paneles solares en 100 mil viviendas no es viable. Es irreal.

Pagar $5 de factura, ¿es real?

Sí, si se hace bien, sí es posible. Si se diseña bien el panel solar dentro del consumo de la casa o el local comercial, quedas pagando eso o menos. Pero, ¿quién financia el costo del panel solar? Te cuesta $4 mil el promedio de los paneles que necesitas. Por eso es que cuando se diseña por consumo sale ese monto. El 95% de la población no tiene en este momento ese dinero para pagar un panel solar y ahorrarse este dinero en los próximos cinco años, ese es el punto. Es un proceso de democratización de la energía, lo hemos impulsado en este gobierno. La proyección que hay en el país es que de aquí al 2030 debemos estar duplicando el consumo eléctrico. Así que la instalación de los paneles solares no alteraría el parque energético. El asunto es qué pasa con la persona que sale del subsidio. Si la persona sale del subsidio la empresa no se lo tiene que reconocer y ese monto no lo tendría que pagar el Estado. El punto es que se propone pagar el subsidio con los paneles solares. La idea debe ser redireccionar el subsidio a una inversión, pero eso hay que hacerlo poco a poco porque si agarras ese monto, significa que dejas sin subsidio a 700 mil viviendas en el país; mientras instalas el panel solar le vas a quitar el subsidio a la gente. Entonces quienes consumen hasta 300 MW, van a pagar 30% más mientras que instalan sus paneles solares. Se debe hacer ordenadamente, no como se propuso.

¿El monto de los paneles solares necesarios es equivalente a $150 millones?

No, pueden costar más. Hay oportunidad de mejorar el precio si se compra de gobierno a gobierno. Pero lo ideal es hacer una licitación abierta, de forma gradual. En la política pública panameña no hay un principio de gradualidad, eso es lo que queremos arrancar con el proyecto piloto. Primero iniciamos con el estudio, que nos apoyó el Banco Interamericano de Desarrollo, solo números en papel. Ahora se está haciendo un proyecto piloto con 700 familias alrededor del país para validar eso en el campo. Cuando te salgan los datos de ese proyecto piloto puedes ampliarlo y masificarlo. Pero a quienes viven en un departamento no aplica directamente. Parte de la estrategia que planteamos fue ese caso. La posibilidad de tener plantas solares virtuales que requieren cambios en la regulación. Que un edificio pueda negociar poner un panel solar en el techo de una galera en otro lugar. Para la clase media podría capitalizar a las empresas que instalan paneles solares en el país sin que tengas que pagar la inversión, y que te cobren del ahorro. Pero las casas que consumen menos hasta 300 MW requieren más de un panel solar. No es un modelo para todos. Es una buena idea, pero la forma en que la presentaron fue desesperada.