Jon Subinas: ‘Las reformas a la CSS son la gran prueba del algodón de Mulino’

Las dos pruebas de fuego del gobierno de José Raúl Mulino se centran en el debate de la Caja de Seguro Social (CSS) y el futuro de la minería en Panamá. En caso de que la primera fracase, de acuerdo con la opinión de nuestro entrevistado, Jon Subinas, el Ejecutivo quedará muy deteriorado para continuar con los siguientes debates. Podría arrastrar el futuro del gobierno. La clave, explica el investigador del Centro Internacional de Estudios y Políticas Sociales (Cieps) está en incluir a los ‘diferentes’, a los que no están tan próximos al gobierno. La discusión de temas fundamentales se realiza en un ambiente de poca valorización de los panameños hacia las instituciones públicas. El más reciente estudio de Cieps revela que los panameños confían más en los medios de comunicación y en la Policía, con 55 % y 53 %, respectivamente. Mientras que valoraron a la Presidencia con un 24 %, la Asamblea Nacional con un 19 % y a los partidos políticos, el más bajo, con 14 %.

Hay luces y sombras. En las luces, el país denota un alto nivel de sentido democrático. Tiene un tejido democrático. En este sentido, podemos observar que un 62 % apoya la democracia como sistema político. Un dato alto en relación al resto de los países. Esta noticia nos sitúa en un país que tiene una base democrática con la cual se puede trabajar. Pero, este dato contrasta con el nivel de satisfacción y confianza de sus instituciones democráticas. Es decir, si seis de cada diez apoya la democracia, a la hora de medir la satisfacción con este sistema de gobernanza, sólo un 26 % se considera satisfecho. Estamos hablando de una distancia enorme, que en relación con el resto de los países es el segundo que más brecha presenta entre apoyar la democracia y estar satisfecho con ella. No les resuelve. Ocupa el segundo lugar, después de Haití.

Cabe señalar que entre los diferentes actores que hemos encuestado a la población, hay dos que tienen un mayor del 50 % de confianza, que son la Policía y los medios de comunicación. El resto de las instituciones, especialmente las de gobernanza, el cuerpo Legislativo y el Judicial como el Ejecutivo, gozan de un muy bajo nivel de confianza. Empezamos con las Cortes con un 26 % y de ahí bajan. Le siguen las municipalidades, la Asamblea y el último lugar lo ocupan los partidos políticos con el nivel más bajo (14 %).

Estos debates son cruciales. En este momento el principal problema financiero del país es que existen dos sistemas de pensiones y uno se ha quedado sin cotizantes y está generando deudas. ¿Cómo solucionar eso? Es verdad que se llega a este momento con una desconfianza institucional, con un histórico reciente de protestas de la mina, o la de julio 2022. Esto no se puede esperar, hay que anotar algún tipo de decisión en el tema de la CSS. Es difícil identificar cuál será la decisión, pero si este tipo de problemáticas se cierra en falso, va a ser peor.

Sí. Esta es la gran prueba del algodón. Yo diría que esta y la mina son las dos grandes pruebas del Ejecutivo. Pero la CSS es algo que no puede esperar.

Si las cosas no salen bien puede estallar un mayor nivel de conflictividad. Eso no sería lo deseable para nadie. Pero, si sale bien, hay que tener en cuenta que la solución no será inmediata. Hay que sentar las bases de la solución.

En nuestras encuestas, elaboradas en junio pasado, vemos un fuerte consenso en cerrar la mina. Son dos papas calientes, la CSS y la minería. Pero en la segunda, la mayoritaria, la respuesta de cierre absoluto. Sin vuelta atrás y que se cumpla con lo dictado por la Corte Suprema de Justicia.

Es una buena pregunta. No sabemos lo que va a suceder. Pero podemos ver en los estudios un reto que arrastra muchas dificultades. Esta erosión que existe en la confianza y legitimidad de las instituciones, por lo cual, este tipo de decisiones deben ser lo más colegiadas posibles. No pueden ser sólo los políticos quienes las adopten. Tiene que haber otras instituciones, organizaciones de trabajadores, empresariales, y con un nivel de representatividad. En ocasiones el problema del tejido social asociativo panameño es que está muy atomizado y a veces hay dudas de hasta qué punto los sindicatos representan a todos los trabajadores.

Si es verdad que en el histórico de las encuestas nos encontramos en la última medición, que por primera vez supera el promedio regional, el 60% de las personas dicen que ven un futuro peor del que tuvieron sus padres. Históricamente, la población piensa que el futuro tiende a mejorar, pero esta percepción tiende a cambiar por el tremendo impacto que tuvo la pandemia. En Panamá está en más del 50%. Hay un mayor pesimismo y una población que ya no ve el futuro con optimismo.

Yo diría que este gobierno tiene que enfrentar básicamente dos cuestiones: la CSS y la mina de Donoso. Las reformas se pueden hacer. Pueden hacer cambios y legislar, no todo se va a agotar. Pero donde el Ejecutivo mide su legitimidad frente a la ciudadanía son las dos cuestiones.

Esto es un arbitraje internacional de mucha complejidad en el que entran actores muy poderosos de muchos millones de dólares de por medio. Entonces, el presidente no tiene tanto margen de negociar con la ciudadanía. En nuestros cuestionarios planteábamos la posibilidad de abrir la mina para pagar los costos que genere cerrarla, incluso en términos de arbitraje, y las personas se negaban a esa posibilidad.

Esas preguntas son más de conocimiento que no hemos realizado, en el sentido de qué tanto entiende la gente de los arbitrajes internacionales, el costo y el tamaño que tenía la mina en términos internacionales. Ese tipo de dimensiones no son cercanas al ciudadano de a pie, que siente que hay una línea roja que no se puede cruzar. Eso es el cierre de la mina.

Tenemos que saber el impacto de este tipo de migración. Ha sido tremenda a partir del 2022, pero en 2023 pasó medio millón de personas por el Darién, el 12.5 % de la población del país, unas dimensiones desproporcionadas. Es verdad que este impacto es muy fuerte para el gobierno en términos económicos, pero la ciudadanía no ve ni siquiera pasar esos buses. La población migrante muy poco es repatriada y la gran mayoría es llevada a la frontera con Costa Rica. La percepción del panameño es que no es uno de los grandes problemas. De hecho, menos del 1 % entiende la migración como un problema y un 61% considera que tanto Panamá como la comunidad internacional deben ayudar a los migrantes. Los jóvenes están más a favor que se les ayude, con un 71 %.

La administración fue muy negativa. En términos de confianza y apoyo, la presidencia solo logró conciliar un 24 % de apoyo, incluso arrastró en alguna medida a las Cortes, una institución que se salvaba un poco de las críticas negativas con un 26 %. La Asamblea fue el dato más bajo de toda la historia de un historial que ha sido bajo siempre. Y los partidos políticos, parece que no puede haber nada peor, pero sí, ahí están los partidos políticos con un 14 %. Esto demuestra una alta desconfianza en las instituciones de la democracia.

Me dejó la sensación de que nos tenemos que poner en marcha. Hay elementos positivos, por una parte un apoyo a la democracia, pero también una idea de acogida y conciliación con el 75 % de los panameños que no tendrían problemas en tener un vecino extranjeros. Incluso, a pesar de las dificultades, debemos situar a Panamá entre los países que menos tiene intenciones de migrar. Eso quiere decir que los otros están peor.