Fiscalía vs. Martinelli, las pruebas de cada parte

El fiscal Harry Díaz y el acusador autónomo Rosendo Rivera tendrán que probar, el próximo martes 11 de diciembre, fecha tentativa para el inicio del juicio oral, que el expresidente Ricardo Martinelli fue el autor intelectual de cuatro delitos —dos contra la administración pública (peculado) y dos por interceptaciones telefónicas a más de una centena de personas.

La fiscalía solicitó una pena de 21 años de cárcel para el exgobernante.

Las cartas están sobre la mesa. Las pruebas que utilizarán los querellantes adheridos a la acusación de la fiscalía, además del acusador autónomo, y las evidencias con que cuenta la defensa han sido determinadas en la audiencia intermedia que culminó este lunes.

Los primeros cuentan con 105 evidencias que emplearán para probar su teoría del caso. Esta se resume, según la acusación, en que el expresidente Martinelli utilizó el aparato de poder, entre enero de 2012 y julio de 2014, para impartir instrucciones a funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional y que estos realizaran interceptaciones, intervenciones, obtención ilícita, vigilancia y seguimiento a distintas personas. Los objetivos, según los acusadores, pertenecían a diversos grupos políticos, económicos, cívicos y gremiales, que fueron espiados con equipo de alta tecnología adquirido con fondos estatales por un monto aproximado de $21 millones.

Según la fiscalía, posterior al mandato de Martinelli, uno de los equipos, el Pegasus —cuyo costo superó los $13 millones—, fue empleado en el edificio Oceanía en mayo de 2014, posterior a las elecciones generales. Para la fiscalía, este hecho confirma que Martinelli se apropió de los aparatos de escuchas que se sustrajeron del Consejo de Seguridad.

Por su parte, la defensa de Martinelli y el propio expresidente han reiterado que este es un juicio político en su contra, por las amargas relaciones que dejó la alianza gubernamental con los panameñistas que se mantuvo del 2009 al 2012.

La defensa ha cuestionado las pocas armas a su favor que fueron admitidas por el juez de garantías, Jerónimo Mejía.

A la defensa, el juez le admitió 33 de las 54 pruebas documentales presentadas, mientras que a la fiscalía le consideró la totalidad de ellas.

Con respecto a las pruebas testimoniales, el juez dio el visto bueno a 14 testimonios comunes a todas las partes; a 56 testimonios comunes entre la fiscalía y el acusador autónomo, y a la defensa, 28 testigos.