Violencia y desigualdad de género: el largo camino hacia la equidad en Panamá

Hasta octubre de este año, 13,225 denuncias de violencia doméstica, 2278 denuncias por violación y 40 denuncias de acoso sexual han sido registradas según las estadísticas del Ministerio Público. Además de esto, en el país han dado al menos 17 casos de feminicidios.

Las estadísticas no mienten: la violencia hacia la mujer sigue en aumento. La trabajadora social y activista feminista, Yuri Pittí, señaló a La Estrella de Panamá, que esto se debe a que la agresión que se inflige a las mujeres no solo se refiere a la violencia cruzada entre parejas, sino a aquellos comportamientos que están afectando a las niñas y adolescentes.

“Se necesitan políticas integrales que deberían apostar para atender esta problemática en todas las edades. También hay que tener políticas de orientación, que permita buscar ayuda temprana”, expresó la experta.

Por otro lado, Nadia Franco, criminóloga y experta en derecho penal, destaca que el abuso a las mujeres siempre ha existido, sin embargo, factores como el empoderamiento femenino han servido como punto de partida para que más mujeres se atrevan a denunciar el maltrato que viven y por consiguiente las estadísticas reflejen números más acercados a la cantidad de víctimas reales en el país.

Este cambio de mentalidad ya no favorece al silencio que usualmente suelen guardar las mujeres agredidas y en cambio ha permitido que muchas cuenten su situación para salir de entornos abusivos. Otros factores, como la pandemia también han influido en los números en aumento de violencia contra las mujeres de acuerdo a esta experta.

“El encierro afectó a muchas personas de diferentes maneras y los resultados de lo que sucedió en pandemia no se verán hasta sino después de cinco años, así que debemos estar pendiente de lo que sucederá en los siguientes años ya que habrá una serie de fenómenos psicológicos [que deberemos atender]”, explicó Franco a este medio.

Entidades gubernamentales, como el Ministerio de la Mujer, juegan un papel fundamental en el proceso de erradicación de la violencia a la mujer en el país, al ser el ente rector de políticas públicas enfocadas en la igualdad de oportunidades y los derechos de las mujeres.

Este ministerio responde a la necesidad de combatir desigualdades persistentes y cumplir con compromisos internacionales. Además, aborda temas diversos desde la salud reproductiva hasta violencia de género.

Actualmente, algunas de las acciones que ha tomado el Ministerio de la Mujer para combatir las agresiones hacia la mujer en todas sus formas incluyen impulsar el cumplimiento de la Ley 82 de 2013 que tipifica el feminicidio y establece responsabilidades institucionales y presidir el Comité Nacional contra la Violencia en la Mujer (Comvimo), integrado por 14 instituciones gubernamentales y 5 organizaciones civiles.

Actualmente el ministerio se encuentra elaborando un Plan Nacional de Prevención y Atención de la Violencia. Sin embargo, para Pittí, todavía queda mucho trecho por recorrer en materia de mecanismos que no solo protejan a las mujeres del abuso, sino que lo prevengan.

De acuerdo a la trabajadora social, existen fallas de índole administrativo y de cómo se administran los recursos del Estado, el cual reconoce no es un problema particular, sino de institucionalidad general. Esto no permite la creación de políticas públicas o el impulso de leyes importantes, en el cual este ministerio debería tener un papel crucial.

“El Ministerio de la Mujer debería estar trabajando directamente con el Ministerio de Educación y con las universidades del país de manera masiva, su presencia en esos procesos educativos es importante. También hace falta impulsar el cambio de las leyes, como lo hemos visto con la Ley de Ciberdelitos, impulsada prácticamente por el legislativo y organizaciones de mujeres, pero no se dio un rol activo del Ministerio de la Mujer”, comentó Pittí, indicando que hasta este momento tampoco existe un posicionamiento del ministerio ante dicha ley.

A su vez mencionó que actualmente en la Asamblea Nacional se encuentra un proyecto de ley sobre la regulación de la violencia vicaria. Este tipo de violencia de género, dirigido contra las mujeres, se caracteriza porque el agresor emplea a terceros, como los hijos o los padres de la víctima, para causarle daño.

Sin embargo, el ministerio no ha participado en la elaboración de este proyecto cuando esta entidad “debería tener un rol más activo en el proceso de cambiar las limitaciones para alcanzar mayor justicia para las mujeres”, dejó claro Pittí.

En Panamá, la violencia a las mujeres va más allá de las agresiones físicas. En el país persisten desigualdades en ámbitos políticos, económicos y domésticos, como la carga desproporcionada de las tareas domésticas así como las barreras culturales y estructurales que limitan el acceso de las mujeres a puestos de poder.

Por otro lado, el Plan Nacional por la Igualdad Salarial 2022-2025, del Ministerio de Trabajo (Mitradel), especifica que en Panamá, la brecha salarial entre hombres y mujeres se estima en un 11,5%.

Cuando ‘La Decana’ cuestionó a Marquelda Coronado de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de la Mujer sobre en dónde se encuentran los retos actuales para las mujeres panameñas en la actualidad, señaló que “En todos los espacios. Desde los espacios políticos y económicos, hasta en lo doméstico. Las mujeres dedicamos mucho más tiempo a las tareas domésticas en comparación con los hombres, aunque todavía estudiemos, trabajemos, en casa nos esperan todos esos oficios y tareas domésticas”.

Coronado también señaló que este tipo de problemas es visible más allá de las cifras. En los espacios públicos aún existen estas desigualdades, a pesar de las diferentes normativas nacionales que existen para combatirlas.

“[En el ámbito penal] se sabe que muchas mujeres mueren aunque tengan boletas de alejamiento. Lo que necesitamos es un sistema que pueda darles ayuda en cualquier momento del día y seguir apoyando a las distintas ONGs que las apoyan, porque en muchas ocasiones las mujeres tienen que salir de la estructura familiar, o no pueden seguir viviendo en el mismo barrio. Esa persona necesita independizarse de su maltratador y no lo hacen, a veces terminan regresando con él”, determinó Franco.

Esta experta también apuntó a la creación de alianzas intersectoriales que permitan empoderar a las mujeres para que puedan seguir adelante y no volver a caer en las redes de la persona que la maltrataba anteriormente.

Mientras que Pittí señaló que además de esto, es necesario desnormalizar comportamientos del día a día, como el control económico o el control simbólico que tienen las parejas sobre las mujeres.

“Me toca trabajar mucho con jóvenes y las nuevas generaciones están enfrentándose todavía a los mismos desafíos que no queremos que se sigan dando entre parejas. Hace falta en Panamá replantearnos cómo vamos a dar ese salto hacia una sociedad que trate mejor a la mujer, la niña y la adolescente”, concluyó.