El peligro, cada vez más cerca

Cada día miles y miles de conductores pasan por la vía Centenario, atravesando el puente del mismo nombre. Muy pocos se imaginan que más allá de los hombros de las carretera, ahí donde termina el asfalto y el cerco verde de los árboles comienza, se encuentran parte de las 105 mil municiones enterradas y sin detonar, ‘que van desde bombas de 500 libras a granadas extremadamente sensibles de 40 milímetros', como detalló el investigador norteamericano John Lindsay Polland en una entrevista concedida al diario El País el 4 de octubre del 2013.

Parte de ese arsenal, producto de más de 90 años de ocupación militar estadounidense, quedó sepultado, luego de la construcción de obras como el Puente Centenario (y la posterior carretera que conectó la ciudad de Panamá con su extrarradio) y los trabajos de ampliación del Canal de Panamá. Según una publicación del periodista Aristides Cajar Páez en el diario La Prensa , que data del 23 de septiembre del 2012, la empresa encargada de la construcción de los accesos vehiculares ‘debió asumir el trabajo y el costo del saneamiento de los trayectos que pasaban por zonas con posibles desechos militares'.

Pero aún así la amenaza no desapareció del todo. A pesar de los trabajos realizados por la compañía Isthmian Explosive Disposal, Daniel Delgado Diamante, exministro de Gobierno y Justicia, asegura que debajo de la tierra que se extrajo para hacer el trazado de la carretera ‘quedaron sin explotar' todo tipo de municiones. ‘Cuando hicieron la carretera se llevó a cabo un proceso de saneamiento. La empresa encargada tuvo que verificar que no iba a haber problemas', comenta.

En la zona se encontraron ‘morteros y restos que por seguridad fueron removidos y colocados en un sitio que luego fue rellenado con material...', detalla un informe el periodista Wilfredo Jordán Serrano, publicada en La Prensa .

¿CASO CERRADO?

Fue el encuentro con una munición sin detonar lo que le costó la vida a Sabino Rivera, quien el 29 de junio del 2005 se adentró en el polígono de tiro de Piña, en la provincia de Colón, buscando unos guineos para comer.

El hambre lo hizo ignorar los avisos de peligro que los estadounidenses dejaron tras su retirada el 31 de diciembre de 1999. La explosión lo sorprendió en la espesura, convirtiéndolo en una de las 21 víctimas de las municiones sin detonar dejadas por las fuerzas norteamericanas en suelo panameño. Y la última que se ha notificado desde entonces.

Era un peligro del que estaba al tanto el gobierno panameño. En 1997, dos años antes de la reversión de los territorios ocupados, las autoridades locales recibieron el primer informe acerca de ‘las condiciones ambientales de las zonas en cuestión y las recomendaciones para su saneamiento'.

Washington también estaba consternado, como lo reveló una carta enviada por la Cámara de Representantes al Secretario de Defensa, con fecha del 12 de marzo de 1991. ‘Estamos preocupados con aspectos de la retirada de los Estados Unidos de las bases militar y los polígonos de tiro en Panamá... tenemos entendido que los planes de limpieza del Departamento de Defensa dejarán más de 8 mil acres en el área canalera como inmaculada, área de sacrificio a pesar de la proximidad de más de 60 mil personas que viven en comunidades adyacentes...'.

En el 2006 el embajador de Estados Unidos en Panamá William Eaton descartó las aprehensiones iniciales de su gobierno y declaró que el asunto de la limpieza de las 15 mil hectáreas de terrenos adyacentes al Canal de Panamá ‘estaba cerrado'.

‘Esto no significa que no se pueda reabrir. En la práctica depende mucho de la buena voluntad del gobierno de Estados Unidos de cumplir con esa responsabilidad', advierte Jorge Eduardo Ritter, negociador de los Tratados Torrijos Carter y canciller durante la administración de Ernesto Pérez Balladares.

RESPONSABILIDAD ELUDIDA

Según el tratado firmado en 1977, Estados Unidos se comprometía a remover ‘cualquier amenaza a la vida, salud y seguridad humanas' presente ‘en cualquier sitio de defensa, área de coordinación militar o porción del mismo'.

Pero, como apunta Ritter, existía un escollo. ‘El lenguaje del tratado Torrijos-Carter contenía una expresión ‘hasta donde sea viable,' en la cual se refugió Estados Unidos cuando ponía en duda la ‘viabilidad' de la limpieza, ya fuera por razones económicas o por imposibilidad técnica de hacerlo'.

Amparados en este subterfugio, luego de la reversión del Canal y de las zonas que estaban bajo su jurisdicción, los estadounidenses dejaron ‘3 mil 175 hectáreas con explosivos y municiones no detonadas y contaminación de origen militar', tal como establece el documento ‘El proceso de saneamiento de las bases militares y otras áreas utilizadas por los Estados Unidos en la República de Panamá', publicado en 1999 por un Grupo de Trabajo Interinstitucional', integrado por el canciller Jorge Eduardo Ritter, Daniel Delgado Diamante (entonces secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores), entre otros funcionarios.

La contaminación incluía la presencia de artillerías, morteros, bombas y granadas, distribuidas de la siguiente manera: 728 hectáreas en el polígono de Emperador, mil 29 hectáreas en el polígono de Piña y mil 418 hectáreas en el de Balboa Oeste.

Otros sitios de contaminación son el sector de Chivo Chivo, donde estaba ubicado el Centro de Pruebas Tropicales. Asimismo, las islas de San José e Iguana fueron escenarios de pruebas con armas químicas.

‘En lo de las bombas nunca tuvimos control. Ellos lo hacían porque les daba la gana', plantea Rubén Darío Paredes, general retirado de las Fuerzas de Defensa de Panamá. Asegura que el gobierno istmeño se equivocó al dejar que pesaran más los intereses económicos —en otros países, el costo de limpiezas de este tipo ha sido enorme— que la aspiración a recibir estos territorios como fueron cedidos: libres de amenazas para la vida de los ciudadanos.

‘Hay que realizar estudios para garantizar que no hay obstáculos para los desarrollos de los proyectos a futuro', expresó Delgado Diamante.

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MUNICIONES SIN DETONAR

Una amenaza que crece cada año

De acuerdo con proyecciones de la Contraloría General de la República, realizadas en 1998, para el año 2015 79 mil 772 habitantes de la provincias de Panamá y Colón se encontrarían en ‘riesgo potencial por las actividades militares realizadas en los polígonos de tiro'.

Aunque la Contraloría nunca ha acometido una actualización de estos datos, Daniel Delgado Diamante, exteniente coronel de las Fuerzas de Defensa y exsecretario general de la Cancillería, no descarta que la población que actualmente se encuentre en riesgo por la proximidad de municiones sin detonar sea mayor, producto de la explosión demográfica registrada al oeste de la ciudad de Panamá, en lo que hoy se conoce como la Provincia de Panamá Oeste.

En esta zona funcionaron, durante la ocupación estadounidense los polígonos de tiro de Balboa Oeste y Emperador, en los que se probaron bombas, granadas y municiones de artillería. Se especula que también fueron sitios de pruebas de armas químicas.

Si bien no se han registrado más muertes desde el 2005, Delgado Diamante señala que ‘esto no justifica una inacción frente al tema, que se encuentra entre los pendientes entre Panamá y los Estados Unidos'.

La limpieza de las municiones sin detonar se complica, no solo por el elevado costo de la misma, sino por la inexistencia de un inventario preciso de las mismas.

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ÁREAS QUE FALTAN POR LIMPIAR

Calculadas en más de tres mil hectáreas.

EMPERADOR

Todavía quedan 728 hectáreas contaminadas con municiones de artillería, morteros y granadas.

Se calcula que mil 029 hectáreas contienen municiones de morteros y granadas.

BALBOA OESTE

En mil 418 hectáreas todavía se pueden encontrar bombas y granadas.

ISLA SAN JOSÉ

Se estima que de las 31 mil bombas químicas lanzadas, el 10% no ha detonado.

CHIVO CHIVO

Este lugar albergó el Centro de Pruebas Tropicales, sitio de prueba y desecho para municiones químicas.