Tribunal admite pruebas del MP en caso 'pinchazos'

El Tribunal de Juicio Oral admitió tres pruebas documentales y una testimonial presentadas por el Ministerio Público. La primera se refiere al interrogatorio del exdirector del Consejo de Seguridad Julio Moltó, quien hizo una descripción del funcionamiento de la entidad, mientras que las documentales consisten en un contrato de internet de banda ancha y un acta de inspección de la Autoridad del Canal de Panamá en la que se hace constar el permiso para la colocación de una antena.

Por otro lado, el tribunal negó este jueves a la defensa del expresidente Ricardo Martinelli la solicitud de suspender por diez días el juicio del caso “pinchazos”, con el propósito de verificar las pruebas documentales, digitales y testimoniales que presentará el Ministerio público (MP).

La decisión se dio durante el segundo día del juicio que se le sigue al expresidente, que a eso de las 8:53 de la mañana llegó a la sede del Sistema Penal Acusatorio (SPA) en plaza Ágora, e insistió que el caso responde a una “cuestión política”.

Martinelli dijo “no conocer” nada del Consejo de Seguridad y que en su mandato (2009-2014) visitó el lugar “una vez”. Con la apertura de la audiencia, a las 9:25 a.m., la defensa inició su comparecencia haciendo dos solicitudes.

La primera relacionada con el acceso a las evidencias que presentó el MP, tanto contenido digital y documental, y pidió un lapso de diez días para analizar el contenido que alegaba desconocer. Los abogados volvieron a cuestionar la validez del proceso, esta situación “viola varias normas” del principio del debido proceso, dijeron.

Según ellos, estaban iniciando “a ciegas” porque no sabían el contenido de las pruebas que iban a contradecir. “Nosotros tenemos derecho a nuestra propia verificación”, aseguraron. La fiscalía y la parte querellante les recordaron que la defensa tuvo acceso a esas pruebas durante toda la fase intermedia de investigación.

“El MP planteó todos los procesos que han hecho de presentación de pruebas a la defensa de Ricardo Martinelli, es decir, tanto la evidencia impresa y digital la tienen, por eso es incorrecto solicitar una suspensión. Aquí solo se busca la mínima excusa para atrasar o dilatar el proceso. Sin embargo, nosotros no nos oponemos en habilitar las evidencias siempre y cuando se mantenga la confidencialidad”, sostuvo Carlos Herrera Delgado, abogado de las víctimas Balbina Herrera y Mitchell Doens.

La segunda solicitud de la defensa de Martinelli pretendía que se le concediera una entrevista con el perito del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), Luis Rivera Calle, quien estuvo a cargo de realizar las verificaciones de las pruebas digitales y documentales.

El equipo explicó que realizaron el petitorio correspondiente, pero el director del Imelcf, José Vicente Pachar, había negado inicialmente la posibilidad de reunirse con el perito, pero después de ejecutar varias quejas, lo cambió y condicionó a una autoridad competente. Por lo que pidieron al tribunal una orden de aprobación para realizar el acercamiento.

Dados los argumentos, el Tribunal de Juicio Oral concedió un receso abierto, a las 10:05 a.m. para que la defensa tuviera acceso a los documentos. Este espacio llevó a que Martinelli, a las 10:23 a.m., se retirará del SPA e informó a los medios que se acogía a la autorización de la jueza de participar vía telemática.

A eso de las 11:39 a.m. se retomó el juicio y el tribunal dispuso al MP entregar todas las pruebas que en la eventualidad pueda dar a la defensa del expresidente, de las cuales no haya tenido conocimiento. Así mismo negó la solicitud de la defensa del expresidente sobre los 10 días pedidos.

En cuanto a la entrevista con el perito del Imelc, el tribunal manifestó que se trata de una decisión voluntaria del perito, si se reúne o no con la defensa. Pero que emitirá una nota para dejar constancia de que la defensa tiene derecho de acceder a sus testigos.

A su salida, Luis Eduardo Camacho hijo, miembro del equipo legal de Martinelli, comentó que el MP presentó dos computadoras, tres memorias internas y más de 25 discos compactos, cuando ellos solo conocían de siete cuadernillos y cinco discos compactos.

El fiscal Ricaurte González recordó que en el juicio pasado se dio incluso una suspensión para que la defensa tuviera acceso a los cuadernillos. “Ya estamos en la fase de juicio oral para la ejecución de todos los elementos de convicción que fueron recabados en fase de investigación”, dijo.

“La defensa del expresidente oportunamente tuvo acceso a todos los elementos de prueba, porque recordemos que ya hubo un auto de reapertura del juicio dictado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que determinó que toda la investigación estaba debidamente legitimada y por esa razón todos esos elementos de prueba están confinados en el auto de apertura”, añadió el fiscal. Camacho, por su parte, defendió que en el juicio pasado no solicitaron el acceso a las pruebas porque el MP no las presentó.

Además, comunicó que el impedimento que han tenido para acceder a las evidencias se debe a una decisión adoptada por los exmagistrados de la CSJ, que según este son “enemigos públicos” de su cliente. La audiencia terminó con el desahogo probatorio y la práctica de pruebas, el contradictorio sometido tanto a la defensa, a la querella y el Ministerio Público.