Tocumen: mucha transparencia, pero poca independencia

La gestión de Tocumen, S.A. parece ser buena, al compararse dentro del grupo de estudio elegido por el Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá (IGCP), para evaluar las buenas prácticas de cinco Empresas de Propiedad Estatal (EPE).

Tocumen se destaca, en relación con las otras (ENA, Etesa, Idaan y Metro), por la presentación de documentos ante la Bolsa de Valores de Panamá (BVP). Es la única EPE que divulga un informe de gobierno en forma de respuestas a un cuestionario de la BVP, siendo ese documento un requerimiento del regulador de valores.

Por acuerdo, Tocumen hizo cambios a los estados financieros de 2012 al 2013 producto del cambio de contabilidad que hizo el aeropuerto, explicó a este diario el director de Finanzas de Tocumen, S.A, Temístocles Rosas.

Anteriormente, mantenía un sistema de contabilidad de caja y se modificó a devengado para cumplir con la norma internacional financiera. ‘Tuvimos que cambiar nuestros estados financieros porque los anteriores no reflejaban lo devengado y los cambiamos', acotó Rosas.

JUNTA DIRECTIVA

Según el estudio y evaluación del IGCP, Tocumen, S.A. proporciona información' razonablemente completa' sobre los miembros de la junta, así como sobre la existencia de comités de la junta. ‘Tocumen divulga información sobre un comité de auditoría, sus miembros, y dos miembros independientes de la junta. La divulgación realizada por Tocumen, S.A. constituye una base sólida sobre la cual se puede estructurar y mejorar', dicen.

Según lo investigado por Richard Frederick, quien elaboró el Estudio de Gobierno Corporativo en Panamá, 'la evidencia anecdótica sugiere que la compañía rastrea los riesgos, al menos de modo informal'.

Uno de los desafíos futuros para Tocumen, añade, es que la empresa formalice sus procesos de evaluación y gestión de riesgos.

Su evaluación en el informe alcanzó un 32%, de cien. En la composición de parámetros evaluados, como se hizo en todas las EPE, Tocumen se destaca en la divulgación y el mercado. En cambio, en la junta directiva, tiene ‘tareas pendientes'.

Pareciera una constante en las empresas evaluadas la falta de transparencia, la influencia que sus miembros reciben del Estado, a través del Gobierno y las dudas que surgen sobre a quién responden sus miembros, si a los intereses que representan o al mejor funcionamiento de la EPE.

No hay indicios, describe el documento, de que la junta sea diversa, como se recomienda, o de que los miembros de la junta sean seleccionados con base en el mérito o de que se puedan expresar con objetividad, libres de influencia política.

La junta de Tocumen la dominan los designados gubernamentales (4) y de grupos de intereses (3). Este enfoque de los nombramientos hace que se encuentre obligada en modo directo con los poderes políticos y que sea vulnerable a los cambios en la administración gubernamental, resalta IGCP.

La vulnerabilidad la reconoce el director de Finanzas de Tocumen, S.A, Temístocles Rosas. Él sabe que su conformación es endeble.

‘La junta no tiene la incorporación de un director independiente y eso es una limitante en la práctica de gobierno corporativo que, por lo menos en la banca, exige dos directores independientes. Estos directivos, aunque en la práctica no lo hagan, representan a grupos de interés que en algún momento pudieran verse influidos por el interés del grupo que representan al momento de tomar decisiones y pudiera haber cuestionamientos de sus decisiones si es que no van al 100 % en la necesidad de la empresa y beneficien a sus propios grupos', reconoce Rosas.

TEMÍSTOCLES ROSAS

‘Puedo decir que 32% es bajo para el resto de la gente, pero para mí, al no tener un fiscalizador que me obliga a seguir el gobierno corporativo, es una cifra muy alentadora'.

Eso es una limitación, insiste, pero está dentro de la base legal. La solución, como en todas las EPE evaluadas, consiste en modificar la ley.

No obstante, Rosas atribuye las mejoras económicas de la empresa estatal al desempeño de sus miembros. Lo menciona al indicar que en 2013 reflejaron una utilidad de $14.9 millones. En cambio, este año superaron los $93 millones, lo que indica, según Rosas, ‘que ha habido una transformación en la operación'.

El funcionario afirma que gracias al desempeño de la junta directiva se logró incrementar los ingresos y reducir los gastos.

‘Esto demuestra que la junta directiva, que tiene autoridad y competencia para aprobar cualquier gasto superior a $300 mil y fiscalizar los gastos en la administración, nos está dando parámetros y guías muy precisas para hacer de esta empresa una muy rentable', apuntó.

No obstante, el estudio no se adentra en el desempeño de los miembros de la junta según los resultados económicos de la empresa, sino en la independencia que sus miembros puedan tener a la hora de tomar decisiones y que tanta influencia reciban de su entorno directo.

A pesar del hecho de que Tocumen describe los intereses de los miembros de la junta en sus informes, no divulga suficiente información en su sitio web como para evaluar el potencial de conflicto de interés que pueda afectarles. No hay divulgación respecto al requerimiento de que los miembros de la junta revelen al público o a la junta conflictos potenciales.

Rosas se declaró ‘complacido' con, el 32% obtenido en el modelo de evaluación de IGCP, a pesar de que sabe que hay mucho trabajo por hacer. ‘Mejorar en las buenas prácticas es una garantía a nuestros emisores de que estamos mejorando en transparencia' , indicó.

‘Puedo decir que es bajo para el resto de la gente, pero yo, al no tener un fiscalizador que me obliga a seguir el gobierno corporativo, creo que es una cifra alentadora', agregó el funcionario.

AUDITORÍA

Por otra parte, Tocumen tiene un comité de auditoría, pero existen interrogantes respecto al grado en que funciona y cumple con las expectativas de las mejores prácticas. Dispone de un auditor interno que reporta directamente a la junta, lo que sintoniza con las buenas prácticas. No existe divulgación que confirme que la junta directiva haga evaluaciones anuales de su propio gobierno.

NEGOCIO RESPONSABLE

Durante la investigación no se encontró información suficiente para evaluar el grado en que las funciones reguladoras y de supervisión de las EPE están separadas.

Tocumen debe cumplir con reglas de contratación pública, competitiva y transparente. No obstante, señala el estudio, en los medios se han expresado preocupaciones sobre las prácticas de contrataciones públicas y del modo que se otorgan las concesiones.

GOBIERNO CORPORATIVO

El Idaan no contestó preguntas sobre el informe del ICGP

De las cinco empresas estatales consultadas en el estudio que realizó el Instituto de Gobierno Corporativo (IGCP), el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) fue la única que no respondió a la solicitud de esta diario para conocer su opinión sobre el informe.

Se consultó a la Dirección y al Departamento de Relaciones Públicas para conocer la forma en que se había recibido el estudio, pero no hubo respuesta.

Según el estudio en mención, el gobierno corporativo del Idaan, como entidad estatal autónoma, se distingue de una sociedad anónima.

En el Idaan, en comparación con el resto de las empresas evaluadas, la información pública disponible es insuficiente.

La composición de la junta directiva difiere de las otras EPE. Un miembro es del Ministro de Salud mediante designación expresa. Otro es nombrado por el Ejecutivo. Los demás son representantes de la sociedad civil. Estos últimos están sujetos a ratificación por la Asamblea y todos deben ser nombrados por el Ejecutivo. Este proceso hace que la junta esté obligada con los poderes políticos y que sea vulnerable a los cambios en la administración.

El Idaan no publica informes. La falta de informes anuales conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera, lo que tiene como consecuencia que cualquier información sobre el gobierno del Idaan sea escasa. Las sociedades anónimas suelen operar bajo normas más cercas a las mejores prácticas.

El Idaan es consciente de que algunas prácticas en su gobierno corporativo le limitan en su capacidad de cumplir con sus compromisos y prestar los servicios al público contemplados en su misión y está en el proceso de evaluar sus prácticas de gobierno corporativo con el fin de desarrollar un plan de mejora para mejorar su cumplimiento, reza el documento de IGCP presentado en septiembre. Y aunque dispone de controles internos de protección contra la corrupción, existe información limitada sobre estos y no hay indicios de que la junta directiva supervise su implementación o asuma responsabilidad por su debido funcionamiento, concluye el estudio.

CONCLUSIONES GENERALES