Se suspende audiencia preliminar de Cobranzas

La audiencia preliminar programada para este lunes por el caso contra Cobranzas del Istmo S A., por las irregularidades en la recaudación de impuestos morosos, fue suspendida por la imposibilidad de uno de los imputados -Luis Enrique Cucalón- de acudir al tribunal. Así lo confirmó el Ministerio Público, a través de su Departamento de Relaciones Públicas.

Minutos antes de iniciarse la audiencia, el juez de la causa, Rolando Quezada Vallespi, recibió una nota de la directora del Centro de Rehabilitación El Renacer, Erika Angulo, en la que señala que el exdirector de Ingresos se encuentra hospitalizado desde el 7 de septiembre de 2015 y no acudiría a la cita..

Cucalón se encuentra recluido en el Hospital Punta Pacífica, donde se atiende por distintos padecimientos, según contó él mismo a La Estrella de Panamá. ‘Hay un reporte de medicina penitenciaria que dice que ellos no tienen la capacidad de atenderme en caso de urgencias', explicó Cucalón, recientemente a este medio de comunicación.

‘Yo debo tener a mano oxígeno, mascarilla nebulizadora, hacer dieta por problemas con el intestino grueso, y debo recibir terapia por una operación', manifestó el exfuncionario sobre el tiempo por el cual se le ha mantenido recluido en el hospital de atención privada.

A la audiencia asistieron el resto de los imputados: Cristóbal Salerno y Magaly Ramos, propietario y gerente de Cobranzas del Istmo, S.A., respectivamente.

También estuvo presente María Alessandra Salerno, hija del propietario y apoderada de Cobranzas del Istmo, S.A. cuando se firmó el contrato para cobrar impuestos morosos.

La fiscalía ha solicitado sobreseimiento provisional para María Alessandra Salaerno. Según la fiscal, las investigaciones no lograron evidenciar la participación de María Alessandra Salerno en los hechos que motivaron la investigación.

La Contraloría General de la República realizó una auditoría que corrobora las irregularidades en el funcionamiento de la empresa, publicadas en los medios de comunicación.

Un informe elaborado por la institución determinó que hubo irregularidades en la adjudicación del contrato y en los polémicos pagos de comisiones a la recaudadora de impuestos.

El documento señaló que hubo incumplimiento en el proceso de contratación directa de la empresa para la recuperación de la cartera morosa y no pagada.

La auditoría, que comprende el periodo entre 1 de enero de 2010 al 31 de marzo de 2015, establece que la actual afectación económica al Estado panameño es de $8.8 millones, luego de que Cristóbal Humberto Salerno, propietario de CISA, realizara una transferencia voluntaria a la cuenta única del Tesoro Nacional por $20.6 millones, por cobro injustificado.

El contrato 100 del 25 de agosto de 2010 estipuló el cobro de comisiones de acuerdo con el tiempo transcurrido tras el vencimiento —morosidad— de las cuentas pendientes.

A Cucalón se le identifica, asimismo, como el responsable de autorizar el uso del Fondo de Devolución de Impuestos para pagar dichas comisiones.

Actualmente, Cucalón cumple una medida de prisión preventiva por la investigación y es el único detenido. Los otros dos enfrentan una medida cautelar de país por cárcel.

La fecha de la próxima audiencia se desconocía hasta la tarde de ayer. El Juzgado Primero del Circuito Penal deberá reprogramarla.