Solís defiende cambios a ley de la Contraloría; la Corte aún no se pronuncia

El contralor general de la República, Gerando Solís salió nuevamente en defensa de la Ley 351 que modificó la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (CGR) y que en parte ha sido cuestionada por diversos sectores de la sociedad civil.

La defensa a esta norma se dio en su informe de gestión emitido recientremente ante el pleno de la Asamblea Nacional, en la que Solís afirmó que la norma robustece el control previo y posterior, mediante el fortalecimiento e independencia de los auditores internos de la entidad fiscalizadora, de manera que no puedan ser destituidos sin el refrendo por parte de la CGR.

”Los fiscalizadores y funcionarios de la Contraloría se convierten en embajadores de la independencia obligándose a actuar con más transparencia, probidad y rendición de cuentas a la vez que se robustece la participación ciudadana, de acuerdo con las normativas internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores”, indicó.

De igual manera, señaló que esta ley también otorga estabilidad laboral por mérito a los funcionarios de la entidad fiscalizadora, luego de haber cumplido satisfactoriamente su labor y todos los requisitos necesarios para lograr este beneficio.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió en mayo de 2023 una demanda de inconstitucionalidad contra ocho artículos de la Ley 351 de 2022, que fue interpuesta por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana Capítulo Panameño de Transparencia Internacional (FDLC-TI Panamá).

No obstante, transcurrido todo este tiempo la CSJ aún no se ha pronunciado sobre el fondo de esta demanda. La norma atacada, según los demandantes, le atribuye al contralor la facultad de cerrar y archivar auditorías o investigaciones “según su criterio”.

El expediente fue repartido el 17 de abril de 2023, y fue asignado al despacho del Magistrado ponente Olmedo Arrocha. No obstante, a la fecha de hoy, el expediente se encuentra desde agosto de 2023 en el despacho del magistrado Arrocha.

El 12 de mayo de 2023, se ordenó la notificación del Procurador de la Administración para la providencia de alegatos, quien días después, en su emisión de conceptos, consideró que son inconstitucionales al menos siete artículos de esta ley.

Según la FDLC-TI Panamá, la demanda presentada es una acción ciudadana contra el debilitamiento institucional y la capacidad de lucha contra la corrupción que los artículos demandados de la Ley 351 de 2022 implican, por ser contrarios al diseño constitucional para el control y rendición de cuentas de los fondos públicos.

Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la FDLC, insistió en que la Ley 351 le dan unas facultades al contralor que no están en la Constitución y también pone a la Contraloría por encima de todas las entidades de la administración de justicia, incluyendo al Tribunal de Cuentas.

En la demanda se plantean como retrocesos, el hecho de que los artículos demandados pueden impedir que tanto la Jurisdicción de Cuentas, como el Ministerio Público soliciten a la Contraloría las investigaciones correspondientes, según establecen los artículos 281 y 220 de la Constitución Política, obstaculizando los procesos de investigación de malversación de fondos y otorgando facultades plenipotenciarias a la Contraloría y de discrecionalidad arbitraria al Contralor, además de librar selectivamente de toda responsabilidad a los auditores de la Controlaría cuando realizan sus funciones de control, debilitando gravemente nuestro Estado de Derecho.

En tal sentido, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana hizo un llamado a la CSJ a ponderar y decidir esta demanda dentro de los tiempos más pertinentes y cortos que permita el proceso judicial de inconstitucionalidad, ante los múltiples casos que han sido denunciados en medios de comunicación de manejo discrecional de fondos públicos por funcionarios nombrados y de elección.