SIP pide al gobierno el retiro del proyecto que modifica la Ley de Transparencia

Justo el día que la comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional reinició el debate del proyecto 1031 que modifica la Ley de Transparencia, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) instó al Gobierno de Panamá a que retire de discusión esta iniciativa impulsada por el Órgano Ejecutivo.

El organismo internacional considera que el proyecto “obstaculizará que periodistas y ciudadanos accedan a información pública, y porque blindará casos de corrupción en la administración pública”.

El presidente de la SIP, Michael Greenspon, expresó que es un “absurdo sustituir una ley de transparencia que ha funcionado en el país y que permitió luchar contra la corrupción de una forma ejemplar en toda la región”.

Greenspon, director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times, agregó que la SIP se suma al reclamo de varias organizaciones civiles y periodísticas que criticaron que “no existió un proceso de consulta” para discutir una iniciativa que elimina los atributos que tiene la anterior.

En tanto, el procurador de la Administración, Rigoberto González, durante la sesión de la comisión de Gobierno que continuó las consultas del proyecto pidió a esta instancia legislativa retirar el proyecto de discusión para que el mismo sea abordado en el próximo gobierno, con mayor amplitud.

González, quien dijo respetar la legitimidad democrática que tiene la Asamblea para discutir diversas iniciativas, consideró que el debate con respecto a esta propuesta legislativa debiera quedar para el próximo periodo constitucional.

Sostuvo que es probable que alguno de los aspirantes a ocupar un cargo en la próxima Asamblea tenga una posición con respecto a este tema, y es probable que alguno de los candidatos o candidatas durante la campaña política haga referencia a este tema.

“El riesgo que nos estamos corriendo en un tema tan importante es que, de aprobarse, quede inmerso en el debate político y la próxima Asamblea dentro de sus primeras funciones lo derogue”, indicó.

Consideró que actualmente el país tiene una ley de transparencia y no es que necesita una ley para reconocer algo que no tenemos. “Si ya la tenemos, entonces debemos ser un poco cautos, actuar con mucha prudencia. Nuestra actual ley es una extraordinaria ley, no es una ley perfecta, si es que hace falta modificarla, debe darse en una amplia discusión, cuál es el apuro”, exclamó.

Destacó que tal como está la ley actual, no existe ninguna situación que amerite que la misma deba ser modificada, ya que no existe controversia alguna entre los derechos fundamentales y la protección de datos personales.

Mientras que Yelenis Ortiz, directora de protección de datos de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), manifestó que “no existe ninguna confrontación entre las dos normas, ya que nos encontramos entre dos derechos fundamentales que son los consagrados a la persona, los cuales ya están regulados en nuestra Constitución Política”.

Agregó que ya existe, por ley, un listado de las informaciones que las instituciones deben brindar al público, excepto aquellas que requieren de un tratamiento especial.

A pesar del pedido de la SIP, del procurador González y de diversos grupos de la sociedad civil para que el proyecto sea retirado de la discusión, el presidente de la comisión de Gobierno, el diputado Leandro Ávila, dijo que el próximo miércoles continuarán las consultas del proyecto. La comisión se mantiene en sesión permanente hasta agotar este punto del orden del día

Explicó que el próximo miércoles 20 de septiembre se instalará una mesa técnica y continuarán las consultas al proyecto de ley.