La SIP denuncia abusos contra medios y periodistas en Panamá

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció el continuo abuso de las demandas por difamación contra medios y periodistas panameños y el secuestro preventivo de sus bienes como mecanismos de intimidación y mordaza para frenar el periodismo crítico.

La SIP respaldó las recientes expresiones de su vicepresidencia regional en Panamá, el Consejo Nacional de Periodistas (CNP), el Fórum de Periodistas y la Asociación Panameña de la Radiodifusión, sobre el acoso legal en contra de un periodista y una analista.

El Índice Chapultepec de la SIP 2021-2022 —un barómetro anual que mide las acciones institucionales que afectan las libertades de prensa y de expresión en 22 países de las Américas— señala que las estadísticas del Ministerio Público de Panamá "revelan que existen 586 expedientes abiertos por delitos en contra del honor. De estos, 81 involucran a medios de comunicación social". En la jurisdicción civil, "se encuentran en proceso 40 trámites contra comunicadores y empresas de comunicación social, con demandas que superan la reclamación de 13 millones de dólares".

El presidente de la SIP, Michael Greenspon, reiteró que "el acoso judicial en Panamá continúa siendo la principal amenaza contra la libertad de prensa".

Greenspon, director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times, Estados Unidos, deploró "el abuso de las demandas como instrumento para amedrentar y desalentar a medios y periodistas críticos" y remarcó que "este es un recurso vastamente frecuente y en aumento en varios países de las Américas".

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, director periodístico de La Voz del Interior, de Argentina, agregó que "la intención de estas demandas con indemnizaciones millonarias es desalentar al periodismo para que siga investigando y descubriendo hechos de corrupción".

La SIP señaló este martes en su comunicado que ha tenido éxito en muchos países en promover por décadas la descriminalización de las demandas por difamación cuando se trata de funcionarios públicos y sobre temas de interés público. También impulsa que, en caso de juicios civiles, los jueces establezcan proporcionalidad en las indemnizaciones para que las pretensiones económicas desorbitadas no amordacen al periodismo y la libertad de prensa.