Sin manual ni aprobado de Contraloría, irregularidad en compra de máquinas para abrir pozos

El Ministerio de Salud (Minsa), respaldado por el estado de emergencia decretado en mayo de 2023, emprendió en septiembre del mismo año la adquisición de equipos destinados a abastecer a la población con agua potable, ante la prolongada sequía provocada por el fenómeno de El Niño. Este proceso debía completarse en diciembre de 2023, cuando finalizaba dicho estado de emergencia.

Bajo la dirección del entonces ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, el Minsa inició la compra de perforadoras y bombas, sumando ambas licitaciones más de $3.7 millones, según documentos públicos disponibles en PanamáCompra, el portal de adquisiciones del Estado panameño. No obstante, los aparentes males manejos en estos procesos han generado fuertes cuestionamientos.

La resolución del estado de emergencia otorgaba al Minsa un presupuesto de $10 millones para la compra de equipos necesarios para enfrentar la crisis hídrica. Sin embargo, en una reciente rueda de prensa, el presidente de la República, José Raúl Mulino, denunció posibles irregularidades relacionadas con la compra de perforadoras de pozos y camiones excavadores.

El mandatario detalló: “En el tema del agua, ¿recuerdan los camiones excavadores que mencioné aquí? Bueno, señores, otro plomo. Paso a leer lo que me informó el Ministerio de Salud”.

Según las declaraciones del presidente, todas las actas de aceptación de los equipos fueron emitidas entre el 5 y el 17 de diciembre de 2023, indicando que las perforadoras fueron recibidas “satisfactoriamente”. Sin embargo, Mulino añadió que dichas perforadoras fueron pagadas por adelantado en mayo de 2024, a pesar de que aún no habían llegado a Panamá. La entrega real de los equipos se produjo, de acuerdo con el presidente, el 30 de junio de 2024, seis meses después de la supuesta recepción formal y luego de que ya se hubiera realizado el pago completo.

Además, el mandatario destacó que los manuales de las perforadoras estaban en chino, lo que imposibilitaba su correcta operación por parte del personal del Minsa. “Ningún funcionario puede entender cómo operarlas, y no se ha capacitado al personal para ello”, afirmó Mulino. Esto resulta preocupante, dado que el plan inicial contemplaba el uso inmediato de las perforadoras en las regiones más afectadas por la sequía.

Mulino también anunció que se ha llevado a cabo una auditoría exhaustiva para determinar los responsables de estas presuntas irregularidades. “Estamos comprometidos a realizar una investigación robusta y eficaz que permita identificar a los culpables y tomar las acciones correspondientes”, señaló.

Por otra parte, indicó que el gobierno planea seleccionar nuevas empresas idóneas para llevar a cabo las perforaciones de pozos en todo el país, con el objetivo de paliar la crisis del agua que afecta a muchas comunidades rurales.

De acuerdo con los documentos de PanamáCompra, el Minsa recibió en octubre de 2023 dos cotizaciones para la adquisición de perforadoras. La primera fue presentada por Glory Universal Panamá, con una oferta de $2.247.000,00. La segunda cotización, que finalmente ganó la licitación, fue realizada por Construcciones y Remodelaciones Euro, con un monto de $1.716.905,95.

La oferta ganadora especificaba que el equipo de perforación de pozos con oruga, que incluía un compresor de aire y una bomba de lodo, costaba $190.585 y provenía de China. Además, dos plataformas de perforación de pozos montadas sobre camiones, con compresores de aire y bombas, tenían un costo de $1.4 millones y también eran de origen chino.

En cuanto a la compra de bombas sumergibles, necesarias para el funcionamiento de los pozos, Mulino explicó que la administración anterior aceptó cambios en las especificaciones del contrato sin la debida autorización de la Contraloría General de la República, lo que viola la Ley de Contrataciones Públicas. El proveedor inicialmente adjudicado, informó de manera unilateral que no disponía de las bombas especificadas y las reemplazó por otras sin documentación que respaldara su procedencia.

Se intentó contactar al exministro Sucre para obtener su versión, pero no respondió a las llamadas ni a los mensajes dejados en su WhatsApp.

El gobierno anterior, liderado por Laurentino Cortizo, decretó el estado de emergencia ambiental en mayo de 2023, en respuesta a la severa sequía provocada por el fenómeno de El Niño, que afectó gravemente a las comunidades rurales e indígenas de Panamá. Esta situación crítica justificó la decisión de declarar el estado de emergencia, permitiendo al gobierno actuar de forma más expedita para mitigar los efectos del cambio climático.

Seis instituciones fueron incluidas en este marco de emergencia, y entre ellas se distribuyeron $35 millones en total. Los ministerios de Desarrollo Agropecuario, Salud y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) recibieron $10 millones cada uno. El Ministerio de Ambiente obtuvo $3 millones, mientras que la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos y el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá recibieron $1 millón cada uno.

Uno de los problemas más graves derivados de la sequía fue la falta de acceso al agua potable en las regiones más vulnerables, lo que impactó directamente la salud, la nutrición y el bienestar de sus habitantes. Como parte de las medidas implementadas bajo el estado de emergencia, el gobierno priorizó la perforación de pozos y la rehabilitación de acueductos rurales para asegurar que estas comunidades pudieran acceder a agua potable de manera continua.

El estado de emergencia también permitió la movilización de recursos de manera inmediata, evitando los procesos burocráticos habituales que habrían retrasado las acciones necesarias. El gobierno justificó esta política asegurando que buscaba cumplir de manera eficiente los objetivos trazados para garantizar el acceso al agua en las áreas más afectadas por la sequía.