Una sentencia en EE.UU. y los reclamos a la justicia en Panamá

La fiscalía de Estados Unidos reunió elementos suficientes para llevar a los hermanos Martinelli Linares a declararse culpables de utilizar el sistema financiero estadounidense para blanquear los sobornos que pagó la empresa brasileña Odebrecht. Este es el hecho objetivo. La condena, según se ha explicado por entendidos y conocedores de precedentes de casos similares en aquella jurisdicción, se ajusta a dichos antecedentes. Nada sorpresivo más que las expectativas subjetivas que puedan haber animado a partes encontradas. Interpretar a distancia toda la investigación realizada es irresponsable; lo que conviene, por prudencia profesional, es considerar el hecho objetivo.

La justicia en Panamá exhibe mora histórica respecto a casos de renombre llamados, con alguna espectacularidad, de alto perfil. Una de nuestras falencias como sociedad es que olvidamos demasiado rápido hechos que, por años, vienen impidiendo el desarrollo y bienestar ciudadano por causa de la corrupción. Podemos recordar casos como el desfalco a la Caja de Seguro Social en la década de 1980, puente Van Dan, Cemis, y otros, que exhiben el arrastre de una marcada deficiencia en la administración de justicia en deuda de respuestas adecuadas y satisfactorias a conflictos surgidos en el ejercicio de cargos públicos de alto nivel que han lacerado el erario público y enriquecido, hasta por millones, a quienes ocupan cargos públicos de medio y primer nivel. En el caso particular Odebrecht, las investigaciones nacieron tardíamente; la procuradora de entonces retardó asistencias internacionales, en consecuencia, las pesquisas, y las manipuló en beneficio de terceros involucrados. Esto también es un hecho objetivo.

No quiero ser pesimista, pero puedo asegurar que en los próximos cinco años o más, no habrá sentencia definitiva y ejecutoriada, cuidado nunca. Nos hemos acostumbrado a aceptar estos espectáculos que animan expectativas a la justificada sed de justicia de los ciudadanos. Por años, se gastan recursos del Estado por millones, aunado al desgaste de recurso humano del Ministerio Público y del Órgano Judicial asignado a estas tareas. Que no se interprete que abogo por la ausencia de investigaciones de hechos delictivos de cualquier estadio o a favor de la impunidad. La crítica y realismo desgarrador se dirige a procurar decantar lo que hemos aceptado como normal, vivir lo emotivo de estas interminables causas preñadas de procesos carentes de objetividad e independencia, ausentes de certeza de castigo.

Insisto, la justicia en Panamá está en mora histórica respecto a casos de renombre, llamados espectacularmente de alto perfil. Además de la manipulación y sesgo que hubo en las investigaciones que provocaron significativo retraso, concurren otros factores propios de nuestra sociedad. Somos un país pequeño en el que, comúnmente, los funcionarios de hoy de alto nivel tienen vínculos familiares o amicales cercanos con los exfuncionarios investigados, y así, sucesivamente. Además, insisto en que hubo una ausencia de gerencia operativa desde el inicio que permitiera perfilar qué casos y personas resultaban más significativos y probatoriamente acreditables, para los descartes posibles que permitieran juzgamientos dentro de un tiempo razonable.

El proceso penal debe alimentarse de las pruebas lícitamente obtenidas dentro de las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, sus auxiliares y las aportadas por las partes; esto conforme a reglas y procedimientos que le revistan de legalidad. Ahora, la información de la aceptación de culpabilidad en Estados Unidos, desde mi criterio, no surte efecto probatorio por sí sola en el proceso panameño, menos aún las afirmaciones y contenido del alegato del abogado defensor, situación distinta a lo que ocurre con una confesión que cumpla con los rigores de la ley. Dicho esto, difiero del criterio de algunos colegas que en medios de comunicación sugieren que aquellas piezas deben ser incorporadas como elementos probatorios en Panamá. Eso no se ajusta al procedimiento legal de obtención de pruebas listadas por el Código de Procedimiento Penal. Si bien las asistencias internacionales y exigencias convencionales definen los procedimientos para obtener información, en Panamá esa investigación ya terminó y se está en la vista fiscal.

Es una condena que confirma la realidad que tanto el expresidente Ricardo Martinelli como sus seguidores han tratado de contener. Queda en evidencia el esquema de corrupción que funcionó durante ese gobierno, las cifras de dinero que estaban obteniendo de manera delictiva y la participación de los señalados en el caso. Hasta podríamos decir que el esquema tenía características de un negocio familiar, donde los hijos y el padre colaboraban para robarles a los panameños a través de proyectos de infraestructura. Estas deberían ser razones suficientes para nunca volver a confiar las riendas del país a una persona tan inescrupulosa como es Ricardo Martinelli, quien además posiblemente ha recurrido a nefastas estrategias para dilatar o evadir los procesos judiciales, y no rendir cuentas al país. Sin embargo, hoy vemos cómo un sector de la población lo respalda, muchos bajo la ignorancia, otros con claras intenciones de beneficiarse de forma personal, en un escenario en el que Martinelli vuelva a ser presidente.

La justicia es un pilar fundamental de la democracia y debe ejecutarse en todo momento con diligencia, efectividad, profesionalismo y de forma oportuna. Características que garantizan su fortalecimiento y correcta aplicación. Pero esa no es la realidad en Panamá. Desde hace muchos años, diversos sectores de la sociedad panameña hemos señalado las falencias de nuestro sistema de justicia y posibles soluciones. Mientras sigamos ignorando este pilar de la democracia y su importancia para el avance como sociedad, seguiremos sufriendo las nefastas consecuencias de una administración de justicia selectiva, interesada, desigual y opaca.

Tomando en cuenta la grave realidad de la justicia en Panamá y el patrón de comportamiento en los casos de alto perfil, lo más probable es que el resultado no sea favorable para los panameños, recordando que somos la parte afectada en esta trama de corrupción. La única manera en la que veo a la justicia haciendo su trabajo, es bajo una amplia presión ciudadana en las calles.

Se debe precisamente a las deplorables condiciones de nuestro sistema de justicia, y en gran medida al recurso humano que abusa y se aprovecha de este desgastado sistema. Por otro lado, el matiz que aportan los casos de alto perfil, en los que hay mucho dinero e intereses de por medio.

Los hermanos Martinelli confesaron su participación en este esquema delictivo, además de mencionar que actuaron bajo órdenes de su padre, el expresidente Ricardo Martinelli. Ante estos hechos, las autoridades panameñas ya deberían estar trabajando en establecer una colaboración con el Gobierno de Estados Unidos, y así obtener la información necesaria para hacer realidad las condenas necesarias en Panamá. Lo peor que podría pasar es que nada suceda en Panamá. Esto a pesar de las condenas en el extranjero alrededor de este caso, que contribuiría al declive de un sistema que desde hace mucho tiempo dejó de funcionar y de defender los mejores intereses de la nación.