Salario, gasto de representación y una propuesta inconstitucional

El gobierno ha pedido prestados aproximadamente $5,000 millones y la idea de una reducción del sueldo por seis meses, me parece que raya en lo cínico. Recuerdo que hace poco un presidente que hizo toda su campaña diciendo que estaba “loco” prometió que no cobraría ni un centavo de su salario, sin embargo, duplicó la deuda pública en los cinco años de su “indigestión presidencial”, y los coletazos de las implicaciones corruptas nos siguen azotando hasta estos días. Que el presidente actual prometa algo similar no es garantía de un uso eficiente de los recursos del Estado; pueden perfectamente reducirse el sueldo y ganarlo a través de contrataciones directas o indirectas poniendo testaferros o subalternos que carguen con el peso de todos los chanchullos. Si de verdad quisieran acabar con esta crisis socioeconómica, psicológica y humana, en vez de una reducción de sus salarios tendrían que intentar recaudar impuestos a los ingresos más altos, pues somos uno de los países de América Latina con más baja recaudación de impuestos.

Pudiéramos pagarles un millón de dólares por mes y seguro alguna empresa o banco los convence para hacer algún buen negocio a costilla de canonjías o monopolios avalados por el Estado. En clases siempre discutía con los alumnos sobre porqué alguien que trabaja para el Estado debe ganar tanto, y la primera respuesta que daban los alumnos era que gracias a estos salarios altos era más difícil sobornarlos o corromperlos. Todos los presidentes que hemos elegido desde “la vuelta a la democracia” han estado involucrados en malas gestiones del dinero público. La historia nos demuestra que un buen salario no garantiza un manejo gubernamental sin cometer actos de nepotismo o corrupción. Una de las propuestas recurrentes desde los movimientos sociales ha sido plantear que el salario máximo de todas las autoridades sea el equivalente a cinco salarios mínimos.

Lo que la gente no sabe u olvida, es que cuando revisamos la página web de la Contraloría General aparece que el salario de los diputados es de $1,800, ¿por qué ocurre esto? Lo hacen para pagar menos seguro social, décimo tercer mes y el impuesto sobre la renta. Luego aparecen sus gastos de representación por $3,200, luego otros $2,000 que se les otorgan en conceptos de viáticos y $1,000 en combustible. Esto, si eres presidente o miembro de la directiva de alguna de las comisiones, ronda los $10,000, sin olvidar que se les otorgan unos $4,000 para contrataciones en planilla. Hablamos de casi $14,000 para un grupo de “trabajadores” que tienen, además, pasaporte diplomático cuando viajan, exoneración de impuestos en la importación de un automóvil cada dos años, celular pagado por el Estado y estafeta postal gratuita, aunque ya nadie envíe cartas. Esta disparidad, por no decir despilfarro, es un ejemplo de la desigualdad que se genera desde el mismo Estado entre diferentes funcionarios. Quizás el verdadero problema ha sido tolerar que este tipo de prebendas existan y se mantengan desde antes de la pandemia de covid-19.

Si el Estado fuera bien gestionado por los “representantes elegidos democráticamente”, muchos de los gastos (no solo los de representación) que se planifican desde el presupuesto del Estado podrían omitirse o simplemente derivar a necesidades más urgentes. Este despilfarro es el síntoma de una clase politiquera que lo único que busca es su beneficio personal y que ni siquiera esta situación de urgencia que estamos viviendo, los hace reflexionar sobre lo superfluo y lo necesario. Mi recomendación sería eliminarlos, como el Despacho de la Primera Dama, los escoltas, los autos 4x4 con chofer, tantos comisionados de la Policía, el subsidio electoral,... y podríamos seguir.

Desde hace varios periodos presidenciales se habla de la carrera administrativa, pero todos los gobiernos, indistintamente de su bandera política, solo recuerdan esta cuando pierden las elecciones y se apresuran a darle “estabilidad” a todos los militantes de su partido, nombrados en las diferentes instituciones y ministerios del Estado. No he visto a ningún presidente que, luego de tomar posesión, hubiera promulgado una ley de carrera administrativa robusta, con concurso de puestos, para generar estabilidad laboral y seguridad a los trabajadores e independizando la gestión del Estado del vaivén electoral y la enfermedad de los puestos políticos. Parece ser que siempre es más importante poner en los ministerios o en los organigramas del gobierno a quien busca los votos, el primo, el compadre, el compañerito de la escuela, o simplemente a quien les pagó la campaña, en vez de a las personas con años de experiencia dentro de las instituciones, que conocen las leyes, los procedimientos, y no se dejan influenciar o mangonear por el títere de turno del partido.

Creo que más bien se trata de una propuesta, ya que no hay una contundencia constitucional para aplicarla, porque lesiona el derecho adquirido de los funcionarios con mando y jurisdicción establecido en el artículo 171 de la Constitución. Los diputados no pueden aprobar una ley en ese sentido, en virtud de lo que establece el artículo 163 de la Constitución, en su numeral 1, que dicta que no pueden avalar ninguna ley que viole el texto constitucional. Creo que la reducción debe ser voluntaria, es decir, que ellos se desprendan voluntariamente de los gastos de representación. Pasar una ley es quedar bien con la sociedad.

En el gobierno de Guillermo Endara, el salario del presidente era de $10,000, pero el entonces mandatario se lo redujo porque pensaba que era muy alto; hay un desbalance y el Presidente de la República gana menos que un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Mi pensamiento es que el presidente sí debe ganar más que los ministros de Estado, pero aquí no hay una ley general de salario y a eso se debe la desproporción; incluso, sucede que un jefe de un estamento de seguridad pública gana más que el ministro de Seguridad por aquello de los escalafones, los aplausos y saludos que los miembros del poder Ejecutivo quieren darles a los integrantes de la fuerza pública. Eso se resuelve con una ley general de salario, en la que el presidente tenga un tope, igual que los magistrados de la Corte. Para mí, los ministros de Estado deben ganar menos y el presidente es quien debe ganar más en el país.

Todo se concentra en la falta de una ley general de salario que establezca cuánto debe ganar cada persona, y no puede ser que gente que no representa ninguno de los tres órganos del Estado gane más, como son los comisionados de la Policía, el Senafront y el Senan, eso es inadmisible. Creo que una ley general de salario puede limitar ese tipo de dispensa; incluso, en una ley general de salario se debe incluir el fenómeno de la indexación, es decir, que cuando aumenta el costo de la vida automáticamente se incrementa el salario. La disparidad no está solo en los diputados, sino en los comisionados, que tienen leyes especiales, y hay que revisar esas leyes especiales que les permiten jubilarse con el último salario, pero al resto de la población no, entonces debe haber un solo país y una sola bandera en materia salarial.

La definición jurídica se debe dar en la ley del presupuesto de la nación, que es la que establece los gastos de representación. Es escalofriante que algunos gastos de representación, por asunto tributario, se los aumentan, y establecen poco en salario, aunque es un mismo emolumento para una sola persona. En un momento existió la normativa de que se pagaba menos en gastos de representación y más en salario, por un tema del descuento de la cuota obrero patronal de la Caja de Seguro Social. Pienso que en la ley del presupuesto deben establecerse los ajustes correspondientes. Hay que analizarlo desde el punto de vista impositivo. También hay que hacer un análisis financiero, en el sentido de que en los gastos de representación se paga menos impuestos; luego de hacer ese análisis, si la repuesta a por qué se paga más en gastos de representación y menos en salario es para evadir impuestos como la cuota a la Caja de Seguro Social, hay que eliminarlo. Una cosa es gasto de representación y otra es movilización.

Evidentemente una ley general de salario acaba con esta discrecionalidad. Una ley que establezca el sueldo de cada uno de los funcionarios y que defina cuánto paga en impuesto sobre la renta y en la cuota obrero patronal. En cuanto a la movilización, solo se paga si el Estado no le pone auto y combustible. Si la institución pone a disposición de los funcionarios, autos, conductores y combustible, nadie tiene porqué tener gasto de movilización.