Borge enfrenta la justicia de Quintana Roo

A las 10 de la mañana de hoy, la Policía Federal de México trasladará desde el hangar del Servicio Nacional Aeronaval al exgobernador Roberto Borge, que tomará un avión con destino a Quintana Roo, México, país donde será procesado y enjuiciado por los delitos de peculado, aprovechamiento ilícito del poder y desempeño irregular de la función pública.

Culmina así, un periodo de 6 meses de extradición del exgobernador de Quintana Roo, México, aprehendido el 4 de junio en el aeropuerto internacional de Tocumen cuando estaba a punto de despegar el avión que lo llevaría a la ciudad de París, Francia. Entonces, agentes de la Policía Internacional (Interpol) ingresaron a la nave y lo detuvieron para cumplir con una orden emitida en México que lo requiere por 4 procesos en su contra.

En su país, pudieran ampliar los posibles delitos a imputar al exgobernador, tal como lo prevé el Tratado de Extradición Vigente entre México y Panamá firmado en noviembre de 2004.

Por más recursos que interpuso su equipo de abogados, no logró detener lo que para Borge resultaba un infortunio, enfrentar la justicia del Estado mexicano que gobernó entre 2011-2016.

En las primeras audiencias realizadas en la ciudad de Panamá, acompañaban a Borge familiares y amigos. En la última, celebrada en octubre pasado, solo estuvo presente su equipo de abogados, personal de la embajada de México, dos periodistas y el equipo del Ministerio Público.

Al principio, el exgobernador interpuso varios recursos con el propósito de desmantelar las órdenes de detención en su contra. Su defensa alegó que habían defectos de forma en los documentos presentados por el gobierno mexicano; la improcedencia de la solicitud de extradición por no estar debidamente fundada en el derecho del Estado requirente; y que la solicitud era contraria a las disposiciones de la ley o de algún tratado que fuera parte Panamá.

Sus abogados impugnaron las 4 órdenes de aprehensión contra su cliente mediante amparos presentados ante las autoridades mexicanas, siendo concedidas por el juzgado quinto con residencia en Cancún, que decidió el incidente de Suspensión.

Los jueces mexicanos decretaron la suspensión definitiva de los actos que reclamaban a Borge, para el efecto de que el solicitante de amparo no sea aprehendido o privado de su libertad personal. No obstante, las autoridades mexicanas interpusieron un nuevo recurso que aún no ha sido resuelto. Razón por la que Borge deberá ser puesto a disposición de los Jueces del Estado de Quintana Roo, tan pronto arribe a dicho suelo.

La suspensión del juzgado mexicano, no obstante, no sirvió de nada a Borge en Panamá. quien pretendía disuadir a los jueces para detener el proceso de extradición. En diciembre pasado, sus abogados anunciaban la decisión del exfuncionario estatal de retornar a su país.

Borge tenía más de tres meses de haber ingresado al istmo antes cuando fue aprehendido. Vivía en una habitación del hotel Trump, y frecuentaba a ‘amigos' que había conocido en Panamá durante su estancia con quienes departía juegos de cartas, tardes de asado y tragos.

Luego, algunos de ellos le reclamarían por incluido sus nombres -sin consentimiento según informó uno de ellos a este diario- ‘en una lista de ‘amigos' que tenían el visto bueno del exgobernador en caso de que quisieran hacerle una visita en el centro Penitenciario El Renacer' donde permaneció 113 días desde principios de junio.

No muchos de sus nuevos amigos lo visitaron en la cárcel, fueron contados con las manos quienes le mostraron su aprecio en los peores momentos.

Aunque los tiempos más difíciles Borge los vivió en ‘La Chirola', una celda dentro de la Dirección de Investigación Judicial a órdenes de la Policía Nacional a la que fue trasladado el 21 de septiembre pasado luego de que las autoridades panameñas descubrieran un supuesto plan de fuga que tenía planeado con complicidad de unidades policiales del El Renacer.

Mientras estuvo privado de libertad en ‘La Chirola', su equipo de abogados solicitó una visita de la Defensoría del Pueblo que efectuó varias recomendaciones las autoridades.

Sus abogados denunciaron que Borge se encontraba en una jaula, una celda de 4 metros cuadrados en condiciones infrahumanas.

Entre los puntos que señalaban referían a la presencia de una cámara de seguridad que grababa sus conversaciones. Algunas quejas fueron negadas por el mayor Joel Pérez, jefe de la seguridad interna de la Dirección de Investigación Judicial, quien explicó que la cámara no recogía el audio de las entrevistas.

Acciones para impedir la extradición

Roberto Borge, exgobernador del Estado de Quintana Roo, México, contaba con un equipo de abogados bastante nutrido. Uno de los más importantes penalistas del país, Carlos Carrillo, que se hizo acompañar de Arturo González Baso, jurista de la misma rama, y casi al final del proceso se incorporó Sidney Sittón. Éste último, junto con Carrillo, también forman parte de la defensa del expresidente Ricardo Martinelli, detenido en la prisión Federal de Miami, Florida Estados Unidos, quien enfrenta otro proceso de extradición a Panamá.

Entre las estrategias que empleó la defensa del exgobernador, promovió en México juicios de garantías en contra de las ordenes de captura en su contra en los que se basó la Petición Formal de extradición internacional y las ampliaciones. Sin embargo, según la defensa, esta información no fue tomada en cuenta dentro de la resolución ministerial que en su momento impugnaron.

Carrillo también alegó que el caso era extemporáneo, ya que los hechos que se atribuyen a Borge se realizaron entre 2011 a 2016 cuando ejercía el cargo de gobernador de Quintana Roo, y que la legislación en que se basó para expedir la orden de extradición no es la vigente porque es posterior a los hechos que se le imputan.

La solicitud de extradición, de acuerdo a la defensa de Borge, se hizo basada en normas penales promulgadas después a los hechos, por lo que conforme a la Constitución mexicana y los tratados internacionales, los procesos en contra del exgobernador violan la garantía de aplicar la norma más favorable al reo y el principio de la irretroactividad de la ley penal, por tal razón, solicitó que se revoque la orden de extradición.

Por su parte, el fiscal Superior de Asuntos Internacionales del Ministerio Público de Panamá, José Candanedo, rebatió los argumentos de la defensa al exponer que la nota con fecha del 2 de agosto de la embajada de México en Panamá no extingue la orden de detención preventiva porque no solicitó la suspensión del proceso de extradición. Además, la suspensión a la que refiere Carrillo, que se emitió en México, no surten efecto en Panamá. Con respecto a la vigencia de las normas, el fiscal contravino el alegato de Carrillo y dijo que cumplen con las formalidades legales y que indica en cada una si fueron objeto de reforma.

Requerido por cuatro causas

El tribunal superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial de México ordenó la detención preventiva con fines de extradición el 6 de junio de 2017 y decretó plazo forma de 60 días para que el Estado requirente formalizara la orden.

El 24 de julio, México presentó solicitud formal en base a los hechos cometidos durante el tiempo que fungió como gobernador del Estado sureño. En este sentido, expresó que Borge participó en la enajenación periódica e irregular de 23 bienes de dominio privado de propiedad del Estado, generaron la venta de predios sin que las enajenaciones pasaran los filtros de la transparencia y las normas de la actividad valiéndose de los cargos que les fueron conferidos.

La evidencia que cuenta el gobierno mexicano de las ventas radica en los contratos que se suscribieron y que no reflejan la actividad ni capacidad económica de los adquirientes, ni la forma de pago del precio de estos, lo que se puede traducir en la falta de identificación de la procedencia de los recursos con los que se adquirieron los bienes.

La finalidad era que dichos bienes se ocultaran de su patrimonio particular y de la empresa Marítima de Quintana Roo y del Caribe (la naviera) de la cual supuestamente es dueño Borge. Se concluye que el exgobernador logró la adquisición de al menos uno de los inmuebles a sabiendas de que procedía de una actividad ilícita.

En la causa 151/2017, las autoridades mexicanas señalan que Borge en su carácter de presidente del consejo administrativo de la Para estatal VIP servicios Aéreos Ejecutivos, obligó a sus subordinados a celebrar 2 contratos para la prestación de servicios públicos de taxi aéreo con la empresa Aerotaxi Villa Rica, que fueron suscritos entre abril 2011 al primero de enero de 2014, sin que se hayan realizado dichos servicios, causando un detrimento patrimonial al erario estatal por más de %94 millones de pesos.

Otra causa indica que Borge expidió concesiones y permisos para prestar servicio público de transporte a favor de personas y empresas en forma indebida ya que dichas empresas no cumplieron con los requisitos establecidos y el pago.