‘Resolver conflictos es parte esencial para la contratación pública’: magistrado Mariscal

El trabajo del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas se ha mantenido dentro de los parámetros establecidos en la Ley 22 del 27 de junio de 2006, siendo una garantía para la resolución oportuna de las controversias sometidas a su jurisdicción.

El magistrado vicepresidente del Tribunal Administrativo, Luis Mariscal, explicó que existe una diferencia con el Tribunal de Cuentas, cuya creación fue establecida en el rango constitucional, y además tiene una responsabilidad muy distinta a la del Tribunal de Contrataciones Públicas.

“Tal diferencia estriba en que en la jurisdicción de cuentas se califica la responsabilidad de los funcionarios cuando administran dinero; si lo administran mal, los define como responsables, sancionándolos con la devolución de los fondos mal habidos. No es un tribunal penal, es decir, que no puede sancionar con cárcel a los infractores”, explicó el magistrado.

Por su parte, en el caso del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, se observa la responsabilidad del funcionario cuando está ejecutando el presupuesto, específicamente cuando está comprando, ya sea obras, bienes o servicios.

“A nosotros nos corresponde ver que el funcionario no se aleje del lenguaje de la ley; que cumpla con la máxima en el deber del servidor público, en que el interés general prime sobre el interés particular, y que lo que haya adquirido con fondos públicos tenga un beneficio para la colectividad”, precisó el magistrado Mariscal.

Sobre el trabajo realizado en el primer trimestre del presente año, el Tribunal Administrativo ha trabajado en 46 recursos de impugnación, por un monto de $85.771.581,36 millones, y en 7 recursos de apelación por un monto de $5.654.308,03 millones.

Estos resultados, destacó el funcionario, muestran la efectiva resolución de los conflictos que surgen dentro del proceso de contratación pública, con la transparencia y efectividad requeridas, cumpliendo cabalmente con el debido proceso, la Constitución y la ley.

Mariscal enfatizó, además, que en más de 3.000 procesos tramitados desde la creación del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, un 97% de las decisiones emitidas han sido aceptado por las partes.

Para que este trabajo logre tal dinamización, explicó el magistrado, se ha llevado al plano tecnológico toda la labor que en él se realiza, digitalizando todos los trámites y convirtiéndolo en un referente nacional e internacional en el manejo de estos procesos de forma digital.

Sin embargo, precisó que se requiere de la incorporación de personal técnico especializado para hacer mucho más exactos los procesos que se dirimen, principalmente al darle tratamiento a las apelaciones.

“Tenemos que pedir colaboraciones a otras instituciones que cuentan con ese personal especializado. Necesitamos contar con nuestro propio personal técnico y de peritos para no agotar al de las instituciones que nos lo facilitan. Es una de las aspiraciones hacia futuro para el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas”, aseguró el magistrado.