Menores sicarios a rendir cuentas

PANAMÁ. Dos adolescentes de 16 y 17, acusados de haber atentado contra la vida de Héctor Avila, irán a juicio el 9 de octubre. Así falló la Juez Primera de lo Penal de Adolescentes Katia Ponce en una audiencia preliminar celebrada ayer 18 de septiembre, después de encontrar mérito en las pruebas recopiladas por la Fiscalía Segunda de Adolescentes. La más contundente de ellas es que un arma de fuego encontrada cuando la policía detuvo al presunto tirador, concuerda con los casquillos de bala hallados en la escena del crimen.

El atentado ocurrió en la noche del 23 de mayo pasado. Los atacantes emboscaron al dirigente de El Chorrillo en la entrada del multifamiliar donde vive. Uno le disparó cuatro veces a quemarropa, hiriéndole en la boca, la cabeza, el hombro y el muslo. Le tuvieron que operar para reconstruirle la mandíbula y luego para separar la lengua porque le quedó cicatrizada al fondo de su boca. Tendrá que ser operado una vez más para extraerle la bala e instalarle una prótesis en la cavidad bucal.

Mireya Quirós, asistente de la fiscal Gloria Bello, presentó las pruebas contra los presuntos atacantes, cuyos nombres no fueron dados por ser ellos menores de edad. Igualmente, no les permitieron a periodistas entrar en la audiencia. Ávila sí asistió, aunque no fue notificado de la audiencia y se enteró por medio de La Estrella.

Al esperar en la antesala, Ávila se encontró con la madre del tirador, una señora trigueña, de estatura baja y pelo negro largo que se llama Lidia Duarte de Mendoza.

“¿Usted es Héctor?” le dijo temerosamente. “No lo conocía. Mi hijo me dijo que eso no era para usted”.

Ávila se paró: “¿Porqué me esperaba? ¿Porqué me hizo esto?” Le mostró dónde la bala le había llevado los dientes inferiores y entonces se sentó, encogió los hombros y dio una sonrisa amarga. “Yo también tenía un hijo pandillero”.

Los acusados, representados por los abogados David Franchi y Oliver Santos, han guardado silencio sobre el motivo del ataque, pero Ávila lo vincula con el reclamo que ha hecho para que se cumpla el testamento de Wilson Lucom. El inversionista destinó sus millones a una fundación para alimentar niños pobres en Panamá y una familia trata de tumbar el testamento. Poco antes del ataque, Ávila lideró una marcha con niños hacía la Corte Suprema donde el caso ha sido estancado casi dos años.