Reformas constitucionales: ¿un nuevo contrato social o un cambio lampedusiano?

Esta semana la Asamblea Nacional retiró sin mayor contratiempo el paquete de reformas que había aprobado previamente en los tres debates de la primera legislatura del primer periodo de sesiones ordinarias, a pesar del rechazo de ciertos sectores que llevaron su descontento a las calles.

Fondo y formas. El presidente Laurentino Cortizo prometió dotar al país de un nuevo orden constitucional en su plan de gobierno “Uniendo fuerzas”. Allí reconoce —o quien lo haya redactado— que “es necesaria una reforma del Estado, que implica la adecuación de las instituciones desgastadas e ineficientes a su misión de servicio público”.

Allí también delimita el fondo de esa reforma a los tres órganos del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, porque “no queremos que el país entre en un estado de incertidumbre y se afecte más nuestra economía”. Unos meses después, ya desde la silla presidencial evocaba la iniciativa de reformas que adoptara de la Concertación Nacional como un nuevo contrato social.

¿Darán las reformas un nuevo contrato social a los panameños? El término se deriva de la obra máxima del escritor y filósofo suizo Juan Jacobo Rousseau, El Contrato Social, que fue publicada en 1792 y cuyas teorías impregnaron la Revolución Francesa, la doctrina de los derechos humanos y que sentó las bases para muchas constituciones en Europa y el mundo.

Después de entender la naturaleza libre del hombre y su necesidad de vivir en sociedad, el contrato social se basa en la enajenación de esa libertad individual en pro de una voluntad general, que en teoría debe ser el bien común. Luego nace el Estado para que tutele, cuide y ejerza ese bien común. Y la Constitución es, en la práctica, el patrón de ese contrato social.

Sin embargo, hay quienes piensan que las reformas a la actual Constitución panameña de 1972 —esta sería la quinta vez que se reforma— no es suficiente para un nuevo contrato social. El profesor, investigador y filósofo Samuel Prado ve la necesidad de reformas más profundas y que vayan más allá de los tres órganos del Estado; que toquen la institucionalidad, cómo se nombran los funcionarios, sobre todo los de alta jerarquía; la corrupción, la transparencia, la rendición de cuentas, la participación del pueblo en la cosa pública, etc.

Y la génesis de la actual Carta Magna es de 1972, algo que Prado califica como la institucionalización de lo que algunos llaman “el proceso revolucionario” y que se instaló con el golpe de Estado de 1968. Aquella constitución, que al principio blindaba el liderazgo del general Omar Torrijos, era un reflejo de quienes estaban gobernando en ese momento. “No es el reflejo de la sociedad de hoy”, apunta el investigador.

El fondo: cambiar para que nada cambie —o gatopardismo— es como califica el abogado constitucionalista Miguel Antonio Bernal la propuesta de reformas impulsada por el Ejecutivo. El gatopardo es la novela del escritor italiano Giuseppe Tomasi di Lampedusa, donde escribió que “si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”.

Para Bernal, quien además lidera el movimiento Ciudadanos Unidos por una Constituyente Originaria (CUCO), unas reformas no pueden cambiar la esencia del documento, solo mejorarlo, dañarlo o deformarlo. Y se estaría —plantea— reformando por quinta vez una Constitución hija de los militares y cuyas reformas “principales” también se hicieron en tiempos de la dictadura, refiriéndose a las de 1978 y 1983.

Sobre las reformas que se hicieron posdictadura, la de 1994 y la de 2004, el jurista dice que se gestaron en oficinas refrigeradas de una firma de abogados, “a espaldas del pueblo”. Incluso criticó la selección de “notables” como una herencia del medioevo, apelando a que traiciona los preceptos más importantes del contrato social: que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y que el poder solo emana del pueblo.

La forma: reformar lo reformado y hacerlo de manera “estructuralista” —sacar algo de su contexto, modificarlo y volver a meterlo— no es científico en nuestros días, condena el catedrático constitucionalista, añadiendo que incluso es un método ya superado por las Ciencias Sociales.

Bruno Garisto, secretario ejecutivo de la Concertación Nacional —donde se fraguó la propuesta original de 40 artículos— piensa que sí es una base para un nuevo contrato social. Resalta que uno de los artículos redefine la relación de confianza entre gobernantes y gobernados al incluir espacios de diálogos participativos, lo que transiciona el modelo de democracia representativa a una participativa. Ve el dialogo —la forma que adoptó el Ejecutivo— como “positivo”. Incluso apostó a un nuevo plan de desarrollo para el país producto de lo que recoja el PNUD en las mesas de consulta, donde ya anunciaron una segmentación de las inquietudes ciudadanas entre reformas o políticas públicas.

El diagnóstico —subraya Garisto— es un problema en los sistemas de justicia, de investigación y juzgamiento que obedecen a un modelo anterior con dimensiones distintas, y que hoy por hoy, es fallido.

“Esa es la lección que nos dejó la década pasada. No estuvimos preparados para el crecimiento desbordante que nos vino y fallamos en muchas cosas. El diagnóstico está claro, se sabe que esa es la necesidad”, planteó el ejecutivo.

Es el mismo diagnóstico del plan de gobierno de Cortizo: “existe un consenso sobre la necesidad de un nuevo orden constitucional... pero no queremos que el país entre en un estado de incertidumbre y se afecte más nuestra economía”.

Para ello, el fondo de esos cambios prometidos por Cortizo antes de llegar al poder se circunscriben a los tres órganos: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y la forma adoptada inicialmente para impulsarlos fue mediante dos legislaturas y un referéndum, de acuerdo al artículo 313, numeral 2 de la Constitución Política.

Aunque algunos auguran que con la extensión del diálogo hasta el 2023, podría concretarse con la otra opción que es la aprobación de dos asambleas diferentes a través de un pacto político entre el gobierno saliente y el entrante, como ocurrió con las reformas de 2004, hijas del pacto MAMI (Martín-Mireya).

Otros vaticinan y apuestan a que las fuerzas vivas —jóvenes, estudiantes, profesionales, etc., que lograron que se retiraran artículos lesivos como los que abrían la llave del financiamiento público a universidades particulares mientras se le recortaba el presupuesto a las públicas, o los que le daban título constitucional a la Caja de Seguro Social y cuasi superpoderes a su junta directiva— se diluyan en las consultas.

Las relaciones entre el Ejecutivo y los poderes económicos, conseciones, tráfico de influencias, donaciones privadas a campañas, transparencia y un largo etcétera seguirán siendo tareas pendientes en el país. Justo la canalización de dinero privado a través de campañas políticas, bien para lavado o para garantizarse algún cariño del partido ganador, es el mayor caldo de cultivo para la corrupción en América Latina según el Índice de Percepción de la Corrupción publicafo esta semana.

El tiempo dirá si las reformas llegan a cumplir con las expectativas de la mayoría sobre un nuevo contrato social o si serán un mero cambio lampedusiano, que como bien describe el periodista español Enric Juliana en un artículo de La Vanguardia, es la astucia conservadora ante el cambio... un círculo que vuelve a colocar las cosas en su punto de partida.