Reformas constitucionales y Estado laico

Las propuestas que ya se han hecho, en respuesta a la exigencia de toda la ciudadanía de reformar nuestra Constitución Política, se nos presentan como una oportunidad de oro para actualizarla y ponerla a tono con la época actual, caracterizada por el respeto a las últimas generaciones de derechos humanos, que representan un paso hacia delante de la humanidad. No obstante, a pesar de que las modificaciones propuestas contemplan aspectos básicos inmutables, muchos de ellos necesarios, no se han tomado en cuenta las demandas de la mitad de la población y las madres de la otra mitad: Las mujeres.

Hasta ahora, nuestras constituciones no se han redactado con una perspectiva de género, ya que han sido redactadas por hombres y por ello con un concepto androcentrista. La verdadera actualización de nuestra Constitución y su redacción debe estar en armonía con las declaraciones y convenios internacionales y regionales de derechos humanos existentes, en lo que se refiere a la mujer panameña. Es hora ya de que los redactores de la nueva Constitución escuchen la voz de las mujeres. Hasta ahora, eso no ha pasado.

Con el debate sobre la implementación de la educación integral en sexualidad en las escuelas públicas del país, se hizo evidente tanto la injerencia de las iglesias conservadoras en las decisiones políticas, como la existencia de una antipatía histórica por las mujeres en las enseñanzas, la teología y las actitudes de la mayoría de las religiones del mundo, que se alejan de la evolución mundial. A pesar de que existe una pluralidad de leyes vigentes que obligan al Ministerio de Educación a impartir educación integral en sexualidad, la presión de grupos religiosos lo ha impedido, y se han organizado marchas que promueven la apología del delito, se ha divulgado información pseudo-científica y se ha calumniado a organismos internacionales. Todos conocemos los lamentables resultados de esto.

La laicidad del Estado panameño no está claramente expresada en la Constitución, pues su desarrollo en el texto legislativo es contradictorio, ambiguo y con falencias de carácter técnico-legislativo. Esto afecta la vida de las mujeres, niñas y adolescentes panameñas y hace necesario un marco constitucional que siente las bases de un Estado laico y no se preste a interpretaciones dogmáticas. Esta falta de claridad sobre la laicidad del Estado panameño permite la injerencia de las iglesias en detrimento de las políticas públicas del país, y somete los derechos humanos de las niñas y de las mujeres panameñas a la opinión personal religiosa de funcionarios y miembros de la Asamblea Nacional, en detrimento de los datos científicos nacionales que pudieran ilustrar la toma de decisiones informadas para políticas públicas.

El Estado laico es imprescindible para la defensa de los derechos humanos. La laicidad es una situación en donde las religiones no influyen en las decisiones políticas y hay una separación total entre la iglesia y el Estado. Se basa en cuatro pilares, a saber: la separación de las esferas pública y religiosa; la no discriminación; el no privilegio de ninguna religión; y finalmente, la libertad de creer o no creer. La laicidad no está contra lo religioso, que no tiene porqué desaparecer, porque la creencia religiosa de las personas merece todo nuestro respeto; pero el Estado debe garantizar que se cumplan las leyes vigentes y que no se confunda el delito con lo que cada religión considera pecado.

Nuestra Constitución desde su mismo inicio invoca la protección de Dios en su preámbulo y la libertad de culto está condicionada a que se respete “la moral cristiana”, mostrando una preferencia por una religión en particular. Obliga a enseñar la religión católica en las escuelas públicas. Aunque establece que los servidores públicos no podrán ser discriminados en virtud de su religión, tanto los gobernantes como los candidatos a puestos de elección no pierden oportunidad de presentarse a todos los actos, procesiones y festividades religiosas de diferentes denominaciones, para hacer alarde de su “piedad”.

Es importante establecer el marco referencial conceptual de valores y principios sobre la familia y no excluir a ningún ser humano y no limitarse a la concepción tradicional de familia nuclear. Con la paridad política se profundiza y perfecciona la representación democrática en nuestro país, ya que el grado de participación de las mujeres determina el grado de desarrollo y democracia de un país.

Los derechos fundamentales han ido evolucionando conjuntamente con el ser humano y así mismo las leyes deben modificarse y ajustarse a las realidades de la sociedad, en adaptación a las necesidades jurídicas, sociales, políticas, tecnológicas y científicas de nuestros días.

La autora es abogada, escritora y feminista