Reconducir negociaciones, solicitud a Gobierno y Minera

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), entidad representativa de importantes grupos del sector empresarial de Panamá, pidió al Gobierno y a la minera canadiense First Quantum Minerals (FQM) “reconducir” las negociaciones.

El gobierno panameño y la minera canadiense están en negociaciones para un nuevo contrato y continuar con la explotación de cobre en el proyecto Cobre Panamá, ubicado en el área de Donoso, Colón.

En la actualidad, el gobierno de Panamá y la empresa minera miden fuerzas. El pasado jueves, el Estado acusó a la minera de mantener “tácticas dilatorias” en el proceso de firma del nuevo contrato.

“Hacemos un llamado urgente a retomar la buena fe y reconducir las negociaciones y concluir estas de manera satisfactoria, teniendo presente que los mejores intereses del país deben estar por encima de todo”, señaló Marcela Galindo De Obarrio, presidente de la CCIAP.

Los empresarios insistieron en que las negociaciones, estancadas desde diciembre de 2022, se hagan “con madurez y buena fe para llegar a un acuerdo donde el Estado obtenga los ingresos que le corresponden por la explotación de su recurso mineral y la Empresa reciba los réditos consecuentes con los riesgos asumidos”.

Minera Panamá dijo que dejó de procesar cobre el jueves como “resultado de la negativa de la Autoridad Marítima de Panamá de permitir las operaciones de carga de concentrado de cobre en el puerto de la mina”.

Los empresarios apuntaron que “las negociaciones parecieran haber llegado a un alto, llevando a las partes a ejercer medidas de presión que trascienden de manera negativa en el proceso de negociación y las vidas de cientos de miles de panameños”.

La CCIAP instó a que ambas partes “deben empinarse y mirar el bien común, sabiendo que en toda negociación es preciso ceder de alguna u otra manera, en aras del entendimiento”.

Agregó que “las acciones hasta ahora demostradas parecieran alejar cualquier posibilidad de acuerdo, impactando con ello la visión de nación, recuperación económica y el desarrollo sostenible”, pues “afectará el empleo y aumentará la desconfianza de los inversionistas locales e internacionales”.

“En este contexto nadie gana, todos perdemos”, concluyó.

La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional en 2017 la ley de 1997 que avaló la concesión para la explotación de la mina Cobre Panamá.

Ambas partes comenzaron a negociar un nuevo contrato de concesión en septiembre de 2021 y en enero de 2022 anunciaron un acuerdo.

Sin embargo, los acuerdos no llegaron a concretarse y el contrato ley no fue enviado a la Asamblea Nacional.

En diciembre de 2022, el Gobierno de Panamá puso un ultimátum para llegar a un acuerdo, que no se logró y se ordenó el cierre de las operaciones, acción que ha sido objetada por la empresa ante las autoridades.

El acuerdo anunciado por el presidente Cortizo en cadena nacional, a inicios del 2022, incluía elevar de 2 % a entre 12 % y 16 % las regalías, garantizar un aporte anual mínimo al Estado de $375 millones, “10 veces más” de lo que ha aportado la empresa anteriormente, y el pago de impuestos hasta ahora exentos.