Las promesas electorales ante las urnas

En una democracia el cumplimiento de los programas electorales es fundamental.

No olvido que el presidente Clinton en sus discursos reeleccionistas se dedicó a resaltar lo que hizo como gobernante, mientras que su opositor se limitaba a exponer el consabido rosario de promesas.

Entre lo que se hizo y lo que se haría transcurrió el debate presidencial. Lo esencial es que Clinton vinculaba su hacer con lo prometido como candidato. El pueblo lo premió con la reelección.

En la España actual, ya prácticamente imbuida en el debate electoral que culminará en las urnas en marzo próximo, el candidato a la reelección, el presidente Rodríguez Zapatero, con frecuencia habla del porcentaje de cumplimiento de sus promesas electorales. Desde luego, la oposición tendría en el incumplimiento el mejor filón para obtener beneficios políticos.

Los entendidos en estos ajetreos o sea los teóricos de la política, han dicho que en democracia los gobiernos se deslegitiman cuando no cumplen sus promesas de campaña o cuando en el ejercicio del mando incluyen acciones no prometidas y que por su naturaleza deben responder a un previo consenso nacional. Existen temas vinculados a un sentimiento generalizado, llamado sensitivos, y abordarlos por sorpresa desde el poder podrían abrir viejas heridas o provocar una división nacional.

Si durante la campaña en los programas de gobierno, por ejemplo, no se sometió a debate el cambio de la forma de gobierno o el cambio del sistema ideológico prevaleciente, toda acción gubernamental dirigida a alguno de esos cambios podría generar graves convulsiones internas. O podría producir un descontento nacional cuyo alcance se mediría al final en las urnas. Este descontento no lo previó el presidente Chávez, de allí su descalabro, su desequilibrado disgusto y sorpresa con el resultado del plebiscito reformatorio de la constitución. El presidente Chávez no planteó en sus discursos electorales que al llegar al poder instalaría en Venezuela el sistema socialista. Si lo hubiera hecho su elección original, con 7 millones de votos, tendría claros sus objetivos a la hora de las realizaciones. El presidente Chávez se apartó de las promesas fundamentales que lo hicieron presidente e incorporó un nuevo objetivo ni previsto ni querido por sus electores.

El fracaso del plebiscito y la aplastante abstención popular tienen su origen en el gran viraje que significó el proyecto de reformas con relación a los programas originales de carácter electoral de su primera elección.

Instalar el sistema socialista no es tarea fácil si previamente no ha existido una larga y profunda docencia teórica en el debate ideológico de los partidos o de la comunidad. Sobre todo si se desea instalar el nuevo sistema utilizando los instrumentos democráticos. En alguna parte he leído que cambiar un sistema de gobierno en paz es más traumático que pretender trasladar un cementerio de un sitio a otro. Y máxime, desde luego, si ese traslado responde a políticas ocultas, no conocidas en los programas electorales.

En nuestro medio viene ocurriendo algo parecido con relación a la remilitarización de la Fuerza Pública. La lucha del pueblo panameño para acabar con el militarismo ha sido histórica y sacrificada. El gobierno de Endara estableció una Fuerza Pública divorciada de toda tendencia militarista; abolió el ejercito y se creó la Policía Nacional civil bajo el mando de un civil. El presidente Endara cumplió con sus promesas electorales de sepultar el militarismo cuyos abusos tantos daños causaron a la República. En las últimas campañas electorales ni Pérez Balladares ni Mireya Moscoso ni Martín Torrijos abogaron por una Policía Nacional militarizada.

El actual presidente, reitero, en ninguna de sus promesas electorales habló de la remilitarización. Respetó el sentimiento y las convicciones civilistas de una inmensa mayoría nacional. Sin embargo, lentamente ha venido propiciando políticas que van al encuentro de la vieja fórmula militarista que tuvo un alto en diciembre de 1989. Es la percepción que se tiene ante las reformas sistemáticas que se vienen realizando en el campo de la Fuerza Pública. Ya se trata de un comentario generalizado que se suscita incluso observando los uniformes estrafalarios o marcianos que visten los miembros de la Policía Nacional. El gobierno debe saber que no es más audaz en sus propósitos nostálgicos que la malicia del pueblo y a ojos vista ya se observa el resplandor de las nuevas espadas. Sin reparo alguno el presidente ha colocado en posiciones estratégicas a viejas figuras de las Fuerzas de Defensa y ahora acaba de desmembrar a la Policía Técnica Judicial para darle a la Policía Nacional un poder judicial o de instrucción que resulta inconstitucional. Solo falta que remueva al director de la Policía y ponga al frente de la misma a un militar.

Todo se hace a ciencia y paciencia de una oposición apática y descomunalmente fría.

Esa remilitarización abre viejas heridas, no responde a programas electorales, es causa de deslegitimación y solo en las urnas, como le ocurrió a Chávez, encontrará su sanción tan perniciosa política. Tal es mi augurio y mi esperanza.

Publicado originalmente el 12 de diciembre de 2007.