Presidenta de la Corte objeta artículos de ley de extinción de dominio

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), María Eugenia López, expresó su oposición a algunos artículos del proyecto de ley 625, que adopta la legislación de extinción de dominio de bienes ilícitos en Panamá, y que se mantiene estancado en una subcomisión de la comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional.

En una nota remitida en su momento por la magistrada López, a la primera subcomisión que se creó para abordar este proyecto, la magistrada presidenta de la Corte dejó constancia de que sus comentarios no reflejan necesariamente el criterio de las instancias jurisdiccionales que integran el Órgano Judicial, pues ellas se expresan mediante las decisiones que emiten para resolver controversias concretas sometidas a su enjuiciamiento, con fundamentos fácticos y normativos específicos.

En tal sentido, destacó que en términos generales está de acuerdo con la implementación de la referida legislación, puesto que se hace necesario dotar al país de herramientas suficientes para enfrentar de forma eficiente a las organizaciones criminales y privarlas de las estructuras materiales de las que se valen, no solo en cuanto a los medios o mecanismos utilizados por estas organizaciones para sus actividades delictivas, sino también en lo tocante a las ganancias, el producto y el provecho de esas actividades.

Destacó que considera oportuno indicar que entre los compromisos que Panamá adquirió en la VIII Cumbre de las Américas (Lima 2018), se encuentran “Los mandatos anticorrupción de la Cumbre de Lima”, de los cuales me permito destacar el compromiso 37 y 41 que establecen lo siguiente: Promover la más amplia cooperación entre las autoridades judiciales, policías, fiscalías, unidades de inteligencia financiera y autoridades administrativas, en las investigaciones y procedimientos relacionados con los delitos de corrupción, lavado de activos, cohecho y soborno transnacional”.

De igual manera, dijo, “está impulsar la adopción o fortalecimiento de medidas a través de las instituciones competentes, para permitir el embargo preventivo, la extinción de dominio y la confiscación de activos producto de la corrupción”.

“De lo anterior se desprende que el proyecto de ley 625 también es un medio para cumplir los compromisos internacionales adquiridos por nuestro país en la VIII Cumbre de las Américas, mediante la creación de un nuevo instrumento jurídico para combatir el crimen organizado y sus finanzas, a la vez que se envía un claro mensaje a la ciudadanía en el sentido de que el delito no tiene incentivo económico”.

No obstante, según la magistrada López, hay aspectos en este proyecto que a su parecer deben analizarse a mayor profundidad.

Uno de esos aspectos, señaló, es el artículo 4, numeral 1, que define actividad ilícita como “toda actividad tipificada como delictiva, a criterio del juez de extinción de dominio, aun cuando no se haya dictado sentencia condenatoria en firme en la jurisdicción penal”.

En este sentido, consideró que no debe permitirse que únicamente el criterio del juez sea el que determine la existencia de una actividad como “ilícita”, porque ello atentaría contra el principio de legalidad y se podrían afectar derechos fundamentales.

Agregó que otros aspectos que deben tomarse en consideración para un mayor análisis son la retroactividad de la ley (artículo 8) y la imprescriptibilidad de la acción (artículo 119), para asegurarse de que estos no violen normas y garantías de la Constitución Política de la República de Panamá.

Gustavo Aparicio

gustavo.aparicio@laestrella.com.pa

Sobre el proyecto de ley 625, que fue presentado al pleno de la Asamblea Nacional en abril de 2021 por el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, los jefes de las diversas bancadas sostuvieron ayer una reunión informativa sobre el tema con el presidente de la comisión de Gobierno, el diputado Leandro Ávila.

En tal sentido, el diputado Ávila manifestó que han recibido algunas observaciones por parte del Ministerio de Seguridad, de organizaciones de abogados, así como de sectores empresariales.

“Era importante documentar a los jefes de bancada para que transmitan esa información al resto de los diputados”, aseguró Ávila.

En tanto, el diputado Juan Diego Vásquez, de la bancada independiente, manifestó que en la reunión se llegó a la conclusión de que van a avanzar con la discusión del proyecto. “Que la comisión de Gobierno hará su trabajo y analizará qué debemos modificar”, dijo.

En tal sentido, añadió que el siguiente paso sería que la subcomisión presente un informe a la comisión de Gobierno para iniciar la discusión del proyecto en primer debate.

“Desde la bancada esperamos que sea lo antes posible. El debate debe darse sin duda. Sin pausa, pero sin apuro. Hay que escuchar a quienes lo adversan y a quienes lo defienden”, precisó.