Planificación urbana y descentralización: una relación simbiótica

Las imágenes generadas por los satélites que orbitan la Tierra desde la década de 1970 han permitido la observación continua de los cambios en la superficie de la Tierra. Este ejercicio de observación continua ha facilitado la creación de modelos que permiten prever el resultado de ciertos patrones de ocupación del territorio por los seres humanos.

A partir de 1990, la NASA ha publicado imágenes de la Tierra de noche. Estas imágenes permiten observar el brillo de las luces de las ciudades, incendios forestales, iluminación de flotas de barcos pesqueros o de plataformas petrolíferas. Estas imágenes de las luces nocturnas, y sus variaciones temporales, sirven como indicador para medir el cambio en la evolución de las ciudades, durante los procesos de urbanización.

Al observar las imágenes de noche en la República de Panamá entre 1990 y 2016, es posible reconocer con relativa facilidad las principales áreas urbanas del país y el alargamiento que las mismas han ido sufriendo a través del tiempo. Así, es posible observar la expansión urbana del área metropolitana, tanto hacia el norte, hacia Colón, hacia el este, hasta Pacora y hacia el oeste, con dirección a Capira. Similar fenómeno se observa en ciudades como David y Santiago, en el interior del país, las cuales han sufrido un alargamiento producto del desarrollo urbano descontrolado.

Como hemos indicado con anterioridad, en este mismo espacio, el problema de este crecimiento expansivo y desperdigado de las áreas urbanas en la República de Panamá se encuentra en la ausencia de planes de ordenamiento. A esto hay que añadirle el estímulo que representa la política de subsidios de vivienda, como el Fondo de Bono Solidario y la Ley de Intereses Preferenciales para la construcción de urbanizaciones en áreas periféricas.

La oportunidad para cambiar este modelo se halla en el proceso de descentralización de la administración pública, en el cual se encuentra inmerso el Estado panameño, que incorpora, como uno de sus ejes principales, el traspaso de las competencias en el manejo del territorio al municipio. Estos municipios deben estar obligados a desarrollar las capacidades que le permita la administración del territorio a partir de los instrumentos que la Ley 6 de 2006 les faculta, que son los planes de ordenamiento locales y parciales.

Una encuesta realizada por la Secretaría de Asuntos Municipales de la Procuraduría de la Administración en 2016 a los municipios del país indicaba que, entre algunas de las debilidades encontradas en estos, estaban la falta de un plan local de desarrollo y la falta de personal capacitado en los municipios y juntas comunales, para poder gestionar adecuadamente las competencias señaladas por la ley de descentralización.

Otras dificultades a las que se enfrentan los municipios incluyen la debilidad en la formulación de planes estratégicos, necesarios para sustentar los planes de inversiones; la falta de estrategias de participación ciudadana, que permitan una adecuada identificación de las necesidades y de los proyectos que serán incluidos dentro del plan estratégico; el desconocimiento de los procesos de ordenamiento territorial indicados en la Ley 6 de 2006 y de la forma en que se debe articular este proceso con los planes estratégicos mandados por la ley de descentralización y otros planes sectoriales, como el ambiental, de movilidad y de manejo integral de desechos, que deben ser elaborados y gestionados por la estructura municipal.

El proceso de descentralización, de planificación y ordenamiento del territorio son procesos que apenas comienzan y que el Gobierno Central seguirá impulsando como parte de la modernización del Estado, de las demandas de la sociedad civil y de la construcción de las estructuras sociales e institucionales necesarias para lograr un alto grado de competitividad en el marco de la globalización. Los municipios necesitan optimizar su funcionamiento con el fin de poder participar en la competencia entre regiones por atraer inversión y una mejor distribución de la riqueza, mayor equidad y un desarrollo sostenible del territorio.

Para el logro de esta aspiración se requiere la incorporación de las tecnologías de información geográfica, como plataforma para el análisis, visualización y construcción de consensos. Estas herramientas deben integrar la información de todos aquellos sistemas que el Gobierno Central traspasará a los municipios, como son los sistemas de agua y alcantarillado, recolección de basura, transporte, medio ambiente, gestión de riesgo de desastre, zonificación y control al desarrollo.

Uno de los pilares para la generación de estas capacidades es la formación y capacitación del personal que labora en los municipios, juntas comunales e instituciones públicas en los aspectos jurídicos, administrativos y técnicos que deben ser incorporados en la formulación de los instrumentos de gestión que mandan las leyes panameñas.

La incorporación de estas tecnologías de la información geográfica como plataforma de gestión del territorio por parte del municipio requiere que los mismos cuenten con una estructura institucional, de personal y recursos. En este sentido, se hace obligatoria la creación de la Dirección de Planificación Urbana en aquellos municipios que estén clasificados como urbanos. Dentro de esta Dirección de Planificación Urbana, las tecnologías de información geográfica deben servir de marco científico-tecnológico para el análisis, la gestión y la toma de decisiones dentro de los municipios.

La ausencia de herramientas como estas conlleva que, en momentos de crisis, como los que hemos atravesado recientemente, con la pandemia del nuevo coronavirus, y las inundaciones en las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro, se dificulte la coordinación de una respuesta coherente con las necesidades de la población. Gestionar sin información significa navegar sin entender hacia dónde se va.

Las tecnologías de información geográfica son herramientas que restan discrecionalidad en la toma de decisiones. La modernización de la gestión pública requiere que los funcionarios en las instituciones comprendan la importancia de las herramientas tecnológicas y el acceso a la información como bases para la gestión del territorio. En lo que respecta a la ciudadanía, se requiere que esta sea más activa y beligerante en demandar este derecho a la información, como uno de los pilares sobre los cuales descansa el derecho a la ciudad.