Peticiones a Brasil complican defensa de la fiscalía en caso Odebrecht

La Fiscalía Especial Anticorrupción se verá cada vez más presionada en no depender de las pruebas obtenidas producto del acuerdo de colaboración suscrito con la empresa Odebrecht, con los ejecutivos de la constructora y de la información recabada de la caja 2, en la que se plasmaban las instrucciones sobre qué pagar, a quién, cuándo y cómo, además de los apodos que recibían las figuras políticas importantes donde la empresa desarrollaba megaobras.

La razón es que caerán en cascada las peticiones para que el Tribunal Supremo de Brasil declare inútiles los testimonios de los empresarios que planearon el esquema de coimas, así como la utilización de la información de los sistemas cifrados Drousys y MyWebDay tal cual lo hizo el 19 de diciembre, cuando vetó el uso de lo anterior durante el juicio de Odebrecht a petición de los abogados de empresarios, también imputados por blanqueo de capitales en el caso en mención.

El Tribunal Federal de Brasil recibió el 14 de marzo pasado la petición del expresidente Ricardo Martinelli, también imputado por el delito de blanqueo de capitales, quien pretende beneficiarse de la misma suerte que otros acusados. Busca que durante el juicio, la fiscalía no pueda recibir las declaraciones de personas capaces de descifrar el esquema de coimas. Estas son: André Rabello, representante de Odebrecht en Panamá, quien conoció los rostros y montos que recibieron los políticos a cambio de hacerse proyectos o agilizar el desarrollo de estos. Olivio Rodrigues, el hombre de los servicios externos de la empresa (2006-2016) que a través de las sociedades Constructora Internacional del Sur y Select Engineering, ejecutaba las órdenes del Departamento de Operaciones Estructuradas (DOE) para beneficiar con millones a funcionarios y políticos de Latinoamérica, incluido Panamá.

Según consta en la declaración de Rabello, fechada el 2 de agosto de 2017 ante el procurador de Sao Paulo al referirse a los servicios de ‘lobby’ que recibió la empresa en Latinoamérica, “señaló que en Panamá dicho servicio era suministrado por la familia Martinelli”, se lee en la petición efectuada a los magistrados brasileños.

Adicionalmente, Rabello “hizo referencia a una reunión con un candidato a la Presidencia de Panamá en las oficinas de sus supermercados, en la que él le indicó que los problemas que había tenido Odebrecht en Panamá giraban en torno al cumplimiento de los pagos y que mantenían una deuda de $50 millones, a lo que respondió que después de las elecciones se iba a pagar”. Por último, “admitió haber sido donante de la campaña presidencial de Martinelli”, se lee en el escrito.

Los abogados también solicitaron al Tribunal vetar las declaraciones de Luiz Antonio Mameri, líder empresarial para América Latina y Angola, vinculado a la autorización de pagos y sobornos a funcionarios a través del DOE.

Según consta en la declaración de Luiz Fernando Da Rocha, el sistema MyWebDay se usaba para mandar las solicitudes de pagos. En ellas se suministraba información básica, como el apodo del beneficiario, el monto a pagar, la fecha, el local o la cuenta corriente. Da Rocha dijo que el Drousys tenía los chats que intercambiaron los ejecutivos sin importar en qué país del mundo estuvieran, “cada usuario tenía la posibilidad de guardar sus archivos en un lugar seguro”, manifestó en su momento.

Además de los anteriores, los juristas de Martinelli mencionaron como parte de los testimonios a vetar, el de Marcos De Queiroz Grillo, Angela Palmeira Ferreira, Fernando Migliaccio y Hilberto Mascarenhas, este último encargado de los libros secretos de la constructora (2006-2015) como responsable DOE. Esta división hizo pagos paralelos a través de una red de sociedades anónimas que pretendían esconder el rastro del dinero. Por su parte, Migliaccio confesó a las autoridades brasileñas que el 100% de los pagos efectuados por el DEO fueron ilegales y reveló a las autoridades de Brasil que en seis años realizó transacciones por más de $3.500 millones, una parte eran coimas directas y otra fue a campañas políticas.

La imputación que hizo la fiscalía contra Martinelli recoge que el origen de los fondos recibidos emanaba de la caja 2 de la empresa, además se basa en las declaraciones dadas por los ejecutivos en el acuerdo de colaboración y en el análisis de los sistemas MyWebDay y Drousys.

La fiscalía panameña averiguó la trazabilidad de los fondos investigados de la participación de Martinelli, “la cual surge por haber recibido dinero en calidad de destinatario final de sociedades como Richeliu Investment Company Inc. Importadora Ricamar, así como a título personal, capital que se encontraba ligado a la caja 2 de Odebrecht utilizado por el DOE para pagos ilícitos no contabilizados, canalizados en cuentas en el extranjero, controladas por Constructora Internacional del Sur, Kleinfeld Services Ltd, Innovation Research Engenering, Intercorp Logistics Ltd, entre otras controladas por Olivio Rodrigues, las cuales realizaron transferencias de dinero a la empresa Caribbean Holding Services Ltd, quien posteriormente ejecutaba transacciones financieras y giraba cheques de gerencia que tenían como beneficiario a Martinelli”, se lee en la petición de los abogados del exmandatario. De igual forma resaltan los señalamientos del señor Aarón Mizrachi el día 2 de septiembre de 2020, quien en indagatoria dijo que Martinelli era su cuñado hace 17 años, por lo que había recibido dinero, por parte de la empresa Odebrecht y sus filiales.

Dado el fallo favorable a otros empresarios, es muy probable que el Tribunal Federal beneficie a Martinelli y a otros coacusados, como el expresidente Juan Carlos Varela si decide hacer lo mismo, lo que complicará la labor de la fiscalía, aunque previamente indicó a La Estrella de Panamá que pese a la decisión del juez, cuentan con otras pruebas producto de diligencias internacionales que robustecen el caso.

Recientemente, el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales en Panamá anunció que el juicio programado para julio se realizará en noviembre próximo. Según se desprende del escrito, el reajuste respondió a la “necesidad de hacer investigaciones en el extranjero, a fin de obtener pruebas documentales y testimoniales, además de notificar a los imputados con domicilio fuera de Panamá”.

Por lo que describe en la solicitud interpuesta por los abogados de Martinelli, el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales aún no ha sido notificado de la decisión del Supremo Federal de Brasil que favoreció a otros empresarios.

Los abogados de Martinelli plasmaron al Tribunal que se trata de un caso idéntico al de los prenombrados en cuanto al alcance de los efectos de la decisión del Tribunal Federal y en especial, la decisión de la tercera prórroga del Tribunal Federal al declarar la inutilidad de las evidencias que guarda la caja 2 de la constructora, así como la prohibición de actos de instrucción en territorio nacional derivados de las pruebas inútiles, es decir, los testimonios de los ejecutivos de la constructora que pretende emplear la fiscalía durante el juicio en contra de los imputados por el delito de blanqueo de capitales.

“En la referida decisión de la tercera prórroga que benefició a los coacusados, su excelencia identificó el riesgo de los actos sustentados en las pruebas ilegales, habiendo determinado expresamente que por tales razones no hay forma de concluir que los elementos de convicción derivados de los sistemas Drousys y My Web Day, utilizados en los acuerdos de colaboración firmados por Odebrecht que respaldan el caso presentado contra Panamá y del que deriva la solicitud para realizar un acto de cooperación internacional en Brasil, son nulas y sin valor, por lo que se prohíbe la práctica en territorio nacional de los actos de instrucción que de ellos se deriven”, se lee en la argumentación de los abogados de Martinelli en Brasil.

La Fiscalía contra la Delincuencia Organizada hizo un acuerdo de colaboración con varios ejecutivos de la empresa con el propósito de recabar información y pruebas en contra de los 36 imputados en el esquema de coimas. No obstante, los tribunales brasileños decidieron que las evidencias en el caso Lava Jato, de donde deriva la investigación de los sobornos, fueron manipuladas dentro del acuerdo de colaboración y condicionó su participación en los países interesados en compartir la información con las autoridades judiciales. Son pruebas que se pretenden emplear nuevamente en Panamá mediante el interrogatorio de testigos a través de la videoconferencia durante el juicio. De permitirlo, “equivaldría a cooperar con la continuidad de un proceso penal basado en pruebas ilícitas, porque sin duda es inadecuado, como ya lo reconoció el Tribunal Supremo Federal de Brasil”, se lee en la decisión del tribunal que vetó la utilización de estas pruebas en Panamá.