Periodismo de América Latina, asediado por narcoestructuras

En 2023, en América Latina se cometieron un promedio de 10 violaciones diarias contra la libertad de prensa, aproximadamente una agresión cada dos horas. Cada 21 días hubo un periodista asesinado en siete diferentes países de la región. Los más letales son México, Honduras y Ecuador, pero el año pasado Ecuador marcó un drástico aumento en las alertas vinculadas al crimen organizado. Como se recordará en ese país fue asesinado el periodista y candidato presidencial Fernando Villavicencio, quien investigó varios casos de corrupción relacionados con el expresidente Rafael Correa.

Los datos son extraídos del informe ‘Sombra’ sobre libertad de prensa en América Latina 2023 elaborado por la red Voces del Sur, integrada por 17 organizaciones independientes de la sociedad civil. El texto atribuye esta situación principalmente a la consolidación de regímenes antidemocráticos y a la proliferación del crimen organizado, una combinación peligrosa para el ejercicio periodístico y la libertad de prensa.

La información recabada da cuenta de un agravamiento de la violencia contra la prensa, en medio de un clima de impunidad promovido por la inacción y en ocasiones complicidad de las autoridades estatales.

Como resultado de lo anterior, describen que en 2023 la represión ocasionó la muerte de 17 periodistas y fueron encarceladas decenas de comunicadores. Aunado a esto, la autocensura se ha vuelto una práctica más frecuente para los periodistas, así como el exilio forzado en distintos países, lo que ocasiona vacíos de información o zonas de silencio.

Este tipo de amenazas, señala el informe, impacta de igual forma a la sociedad en su conjunto al socavar los cimientos de la democracia y privar de información veraz a la ciudadanía, huérfana de un sistema de rendición de cuentas de los poderes, perpetuando la impunidad y consolidando el poder de regímenes autoritarios.

Una de las más letales amenazas proviene de la narcocriminalidad, que ejerce una poderosa atmósfera de miedo y coerción, que intimida y en ocasiones detiene la capacidad de los periodistas para investigar. Este tipo de amenazas son las que provocan que periodistas y medios acudan a la autocensura.

De acuerdo con Voces del Sur, la expansión y consolidación de estructuras narcocriminales han convertido a América Latina en un epicentro del crimen a nivel global, y como consecuencia hay un agravamiento de la violencia contra la prensa. Las intimidaciones se traducen en asesinatos, torturas, secuestros, desapariciones forzadas, amenazas de muerte, agresiones físicas o verbales en las que suelen participar agentes (para)estatales o grupos criminales organizados, muchas veces con la complicidad del gobierno de turno. Todo para silenciarlos.

El informe anual plasma una serie de indicadores calificados como ‘alertas’ por país, siendo México el puntero con 561, seguido de Colombia con 484; Cuba con 496; Venezuela donde se contaron 413; Brasil registró 370, mientras que en El Salvador, bajo el gobierno de Nayib Bukele se destacaron 290, más del doble que Nicaragua dominada por el régimen Ortega-Murillo donde hubo 86 amenazas. Panamá no aparece en el monitoreo del informe (ver imagen).

Las alertas contra periodistas incluyen 13 secuestros, una desaparición forzada, 220 detenciones arbitrarias, 4 torturas, 1.680 agresiones y ataques. La mayoría de estas se dan en forma física y verbal, destrucción de equipos e intimidaciones. El texto destaca que hubo 684 discursos estigmatizantes, 9 violencias sexuales, 200 procesos civiles y penales, 384 restricciones en el acceso a la información, 124 abusos del poder estatal, 471 restricciones en internet y 20 marcos jurídicos contrarios a los estándares internacionales.

El informe ‘Sombra’ detalla que el 53,2% de los agresores pertenece al aparato estatal, mientras que el 18,8% no es estatal. Un 3,9% de los victimarios es grupos al margen de la ley, y no se pudo identificar a casi un 18% de los agresores, mientras que un 6,2% proviene de grupos paraestatales. En cuanto a las víctimas, en total son 1.809.

En 2023 se registraron 124 casos de abuso del poder estatal. La lista la lidera Nicaragua (26), Cuba (25) y Ecuador (19).

Otro de los instrumentos que emplean los gobiernos para silenciar a los periodistas es la asfixia económica, el bloqueo de pautas publicitarias o la persecución fiscal. Además, la persecución judicial se ha vuelto una práctica recurrente de los gobiernos y las clases políticas dominantes que manipulan a las instituciones de justicia de manera discrecional en contra de sus adversarios, en este caso la prensa independiente.