La investigación criminal podría pasar al control de la Policía

La popular serie de televisión estadounidense CSI, que recrea el trabajo de un equipo de detectives policiales que resuelven los casos criminales más complejos, podría ser el modelo que intenta implementar la Policía Nacional, que promueve la incorporación del Instituto de Medicina Legal (Imelcf) a sus filas de investigación. La propuesta tiene sus defensores y sus detractores.

Severino Mejía, exviceministro de Gobierno y Justicia, estima que la propuesta podría estar orientada a alcanzar la certeza del castigo mediante la investigación científica bajo la tutela de la Policía Nacional.

Mejía está convencido de que existe mucha impunidad como consecuencia de la escasez de recursos económicos para concretar las investigaciones científicas. ‘Hay que tener muy claro que la criminalística es fundamental para concluir los casos de delitos que se dan en el país', añadió.

La principal expectativa de la ciudadanía es que

‘se haga justicia cuando se comete un acto delictivo', señaló. Por tanto, recomendó dotar de los recursos necesarios para darle un ‘golpe de timón' a la criminalística, que establece el perfil de la persona que comete un delito. ‘Existe un problema grave de impunidad', dijo.

Mejía recordó que existen policías especialistas en criminalística que pueden ayudar a desarrollar investigaciones más profundas. Como ejemplo, pone el modelo chileno en el cual el ente de investigación criminal pertenece a la Policía de los Carabineros de Chile, es decir, que la propuesta ‘no es algo halado de los cabellos', comentó.

Lo importante, según Mejía, es que los resultados no sean contaminados por haber sido procesados por un subalterno de los altos mandos de la Policía Nacional. No obstante, recalcó que desconoce si legalmente este paso es correcto.

El abogado penalista y presidente electo del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Juan Carlos Araúz, rechaza la propuesta de la Policía Nacional. Por ello, advierte de que ‘lejos de lo que pretenda, la iniciativa entra en conflicto con la neutralidad de las investigaciones'.

El Imelcf es la institución que garantiza la separación entre el poder político y el actuar judicial. Y, debe estar alejada de cualquier poder político para obtener mayores resultados y menos cuestionamientos, expresó Araúz.

Concluye, además, que no se requiere que alguien motive e impulse las investigaciones, sino que el sistema opere igual para todos. La iniciativa es ‘un retroceso a la evolución del Estado de derecho porque son prácticas que datan de décadas anteriores', puntualizó.

En lo que sí coincide con Mejía es en la necesidad de fortalecer el recurso humano para la investigación científica.

Para Raúl Rodríguez, abogado y expresidente del Movimiento de Abogados Gremialistas, la idea de que las funciones del Imelcf estén adscritas a la Policía Nacional es ‘descabellada', considerando que es un ente de apoyo técnico y científico y, como tal, no puede estar en un cuerpo auxiliar de la administración de justicia. ‘Sería un error darle la facultad de dirigir un ente tan delicado, científico y determinante como el Imelcf'.

El exdirector del Imelcf y médico forense, Humberto Más, valora que hay que consensuar posturas para que el instituto pueda marchar a la perfección, porque el verdadero problema es la justicia. Y si está ‘resquebrajada hay que entrar a mejorarla, sobre todo, la investigación técnica y científica', enfatizó.

A consideración de Más, el instituto debe tener plena independencia porque actualmente eso es solo ‘un disimulo'.

Advierte de que el Ministerio Público debe salir de la junta directiva del instituto. El médico expresó que los fiscales tienen la mentalidad de que ‘pueden dominar las investigaciones que están instruyendo, ese chip no se le ha ido nunca', expuso.

El Imelcf solicitó $75 millones de presupuesto para la vigencia fiscal 2019. Pero el Ministerio de Economía y Finanzas recomendó $42.1 millones, una diferencia considerable que afecta el desenvolvimiento de la institución, columna vertebral de la investigación criminal.

Actualmente, el Imelcf es una institución autónoma. La Ley 50 de 2006 la reorganizó y la separó del Ministerio Público. Sin embargo, se encuentra bajo la administración de una junta directiva que preside el Procurador de la Nación. Está integrada por un miembro de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, uno del Colegio Médico, un representante de la Universidad de Panamá y uno del Colegio de Abogados, entre otros.