Oxígeno para las negociaciones

PANAMÁ. Cuatro días de oxígeno para las negociaciones entre la Autoridad del Canal de Panamá y Grupo Unidos por el Canal. El límite para llegar a un acuerdo cada día se aplaza más, vencía hoy pero los protagonistas decidieron seguir las conversaciones y poner otra camisa de fuerza para el 4 de febrero.

Por ahora, tal vez el único punto de acuerdo entre las partes es un pacto de confidencialidad sobre lo que se habla en las reuniones. No decir a los medios el contenido ayudará, según ellos, a agilizar la información y evitar interpretaciones no deseadas.

De lo que no hay duda es del vencimiento de una de las garantías que la ACP tiene derecho a cobrar. Venció ayer y es por casi $248 millones, y Scotiabank Panamá deberá devolver a la ACP la plata que tenía como garantía para pagar a GUPC, que ahora solicita en concepto de devolución en caso de que los trabajos no se hayan efectuado. A finales de marzo vencerán dos anticipos en concepto de instalaciones que totalizan $350 millones; uno con HSBC Bank Panamá ($200 millones) y otro con Scotiabank ($150 millones).

Tampoco hay duda de que el tiempo que se retrasa la obra y la expiración de los anticipos provocan una mayor asfixia financiera a GUPC.

Algunos exmiembros de la junta directiva canalera recuerdan lo que hoy parece un presagio; que todos los consorcios precalificados en la licitación presentarían, con razón o sin ella, reclamos en concepto de sobrecostos.

Esta no fue la excepción. El reclamo, por tanto, no alarma al administrador de la ACP, Jorge Luis Quijano, quien busca una alternativa al conflicto sin salirse de los parámetros firmados por ambas partes.

Mucho se ha especulado acerca de la capacidad financiera de las empresas que integran GUPC, entre ellas la más mentada, Sacyr Vallehermoso. No obstante, para algunas fuentes ligadas a la negociación, los reclamos obedecen a la rentabilidad del proyecto para el consorcio; no se les hace rentable a menos que cobren los dineros que reclaman como sobrecosto de $1,600 millones que ante los ojos de la ACP se trata de una cifra exorbitante.

He ahí lo que aparenta un círculo vicioso en el que nadie parece estar satisfecho: GUPC busca la rentabilidad del proyecto y solicita una cantidad extra de dinero que le es difícil de sustentar a través de los reclamos formales; es decir, del contrato. Y en la otra esquina, la directiva de la ACP, conservadora, estricta observadora del contrato firmado por ambos porque conoce las consecuencias de salirse de la raya.

POSIBLES ESCENARIOS

El teatro ideal, el de aclamación unánime, es que se logre culminar la obra con GUPC con alguna fórmula salomónica que no dilate más allá del 2015 la entrega de la vía ampliada.

Pero ¿qué sucedería si es al contrario? Gabriel Diez, exdirector de la Cámara Panameña de la Construcción, no lo ve tan grave. Es más, considera que ni siquiera hará falta una empresa grande para culminar el 30% de la construcción restante. Podría ser a través de un contratista de poca envergadura o varias empresas panameñas capaces de completar el trabajo.

Quijano aceptó ayer que ha conversado con representantes de varias empresas, sin especificar cuántas, acerca de las dificultades que atraviesa la ampliación. En el peor de los escenarios, como en su momento lo dijo Quijano, sería activar un ‘plan B’.

¿ESTRATEGIA DE PRESIÓN?

Quijano había anunciado a la prensa, el día jueves, que ayer no podría asistir a las conversaciones con GUPC debido a ‘compromisos previos’.

Por la mañana del viernes se supo que la cita que anunciaba entre dientes era con Jonathan Farrar, embajador de Estados Unidos en Panamá. Y que, según Quijano, habría solicitado una visita al tramo de ampliación ‘hace tiempo’, que se programó para el viernes por la mañana con la idea de que las reuniones con GUPC habrían culminado. Hace unos meses, en noviembre, durante una visita de Estado realizada por el vicepresidente de EEUU Joe Biden al istmo, Farrar aprovechó para conocer el tramo.

La diferencia con aquella ocasión es que el interés de Farrar le cae como anillo al dedo a Quijano; envía un mensaje subliminal a GUPC sobre quién podría culminar su trabajo en caso de no llegar a un acuerdo o, tal vez, en quién se centraría el ‘plan B’, Bechtel, empresa norteamericana que licitó la obra por $1,000 millones más. Un monto menor al que ahora reclama GUPC en sobrecostos.