Organizaciones ambientales demandan decreto que permite la apropiación de áreas protegidas

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) recibió este martes una demanda contencioso-administrativa de nulidad contra el Decreto Ejecutivo 141 de 2021, que crea los “Certificados de Acreditación de Uso de Suelo en Áreas Protegidas”.

El documento fue entregado por el Centro de Incidencia Ambiental de Panamá, la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON), la Fundación para la Protección del Mar (PROMAR), Fundación Panamá Sostenible (PASOS), Fundación para el Desarrollo Integral Comunitario y Conservación de los Ecosistemas de Panamá (FUNDICCEP), Proyecto Primates Panamá, asociación Adopta Bosque Panamá y el Colegio de Biólogos de Panamá.

Según las organizaciones, el Decreto Ejecuto 141, en suma, favorece la degradación de más de 100 áreas protegidas de Panamá: desde las playas de anidación de tortugas marina hasta los bosques hogares del jaguar. La norma, según ellos, también favorece el establecimiento de terratenientes y la especulación y acaparamientos de las tierras.

Joana Ábrego, gerente legal del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá, expresó que solicitan que la Corte declare nulo el Decreto Ejecutivo 141, ya que, tras un análisis jurídico bastante conservador, detectaron la violación de más de 35 disposiciones del marco normativo vigente.

“Estas disposiciones incluye aquellas disposiciones que le dan a la dirección de Área Protegidas y Biodiversidad del Ministerio de Ambiente (Miambiente) la competencia exclusiva sobre la administración de las áreas protegidas y la verificación del uso del suelo dentro de estas áreas. El Decreto Ejecutivo en violación le da competencia a la Autoridad Nacional de Tierras (Anati) y no al Miambiente”, comentó Ábrego.

Ricardo Wong de la Fundación para la Protección del Mar señaló que Anati ya dijo que los certificados se pueden transferir y generar. “Ninguna banca privada va a dar un préstamo, lo cual implica que el préstamo lo dará el Gobierno: Banco Nacional, Caja de Ahorros y Banco de Desarrollo Agropecuario”, criticó.

Wong indicó que las implicaciones legales que tiene el Decreto 141 son “peligrosas” tanto para las personas que quieran apropiarse del terreno de una manera ilegal y para los funcionarios que lo aprueban.

Además, mencionó que para la creación del Decreto 141 no fueron consultados. Les preocupa que se haya iniciado por las tierras de Donoso, en la provincia de Colón, ya que, según él, todo aparenta a que se hace para aprobarle uso de suelo a Cobre de Panamá.

“Lo que más preocupa es que las titulaciones han empezado por las zonas mineras, así que está casi claro que tienen nombre y apellido este tipo de certificaciones para justificar un negocio más allá de la vocación del uso de suelo de las áreas protegidas”, denunció Raisa Banfield de la Fundación Panamá Sostenible.

Banfield subrayó que el impacto ambiental que se daría con la otorgación de los certificados será “grave” porque se está hablando de áreas protegidas que ya están siendo amenazadas y que fungen como los reservorios de agua y biodiversidad, así como de todos los recursos que se necesitan.

“Hoy día sabemos que hay tala discriminada, contaminación de fuente hídricas y pérdida de biodiversidad, entonces, cuando se abre dentro de una inseguridad sobre el uso real que se le va a dar a estas áreas protegidas se incrementa la amenaza y donde Miambiente deja de asumir la responsabilidad de la custodia estas áreas”, puntualizó la representante de la Fundación Panamá Sostenible.