Nuevo Colón, la historia de una estafa al BHN y de un reclamo de cinco décadas

La historia de las 810 familias que adquirieron una casa con préstamo del Banco Hipotecario Nacional (BHN) en la década de 1970, en Sabanitas de Colón, y que no han podido obtener el título de propiedad toma un nuevo giro que favorece a los residentes.

La polémica por el traslape de la finca que compró el entonces gobierno militar para construir las barriadas Nuevo Colón I y Nuevo Colón II llegó a su fin y el BHN presentó una querella penal contra la empresa Constructora del Progreso S.A.

La trama de remonta a 1974, cuando el gobierno compró la finca 6702 a la sociedad Constructora Progreso para construir las barriadas y el banco estatal financió las casas que fueron adquiridas, en su mayoría, por personas que vivían en inmuebles condenados en el casco antiguo de Colón. Sin embargo, la sociedad Berasvas, S.A. cuyo representante es Roberto Berástegui, presentó varios reclamos porque la finca 6702 traslapaba su finca 3833, pero fueron desestimados por las autoridades de la época.

Con el restablecimiento de la democracia en el país, Berástegui reanudó los procesos para que las autoridades reconocieran el traslape de los planos y se le indemnizara, en vista de que la mayor parte de las barriadas Nuevo Colón I y II se habían construido sobre la finca de 3833, es decir la de Berasvas S.A.

Durante estos 35 años de postinvasión se dieron varios intentos de acuerdos entre Berástegui y los gobiernos, pero el caso siempre terminaba en la Corte Suprema de Justicia, incluyendo un proceso civil para determinar los límites de ambas fincas.

Los representantes de la empresa Constructora Progreso alegaban que la finca 6702 vendida al BNH era de 48 hectáreas, mientras que Berástegui argumentaba que la superficie real era de un poco mas de una hectárea.

El Juzgado Segundo Civil de Colón le dio la razón a Berástegui. Mediante una sentencia, del 31 de mayo de 2012, el Juzgado determinó en un proceso ordinario de deslinde y amojonamiento que la “superficie real de la finca 6702 (...) es de una hectárea mas 3790 metros cuadrados”.

La sentencia del Juzgado Civil de Colón fue un proceso de casación ante la Sala Primera Civil de la Corte Suprema de Justicia presentado por el BHN y el Ministerio Público. El 4 de abril de 2019, en un fallo unánime bajo la ponencia del magistrado Hernán De León, confirmó la sentencia y de paso daba por terminado cinco décadas de reclamos de Berástegui para que el banco estatal lo indemnice por el uso de su finca para la construcción de las barriadas.

El 17 de marzo del año pasado, la Procuraduría General de la Nación emitió su concepto favorable para el acuerdo de transacción judicial entre la sociedad Barasvas y el Banco Hipotecario para su aprobación en el Consejo de Gabinete.

Ante esta realidad, el 28 de junio pasado, el último día hábil de la pasada administración gubernamental, el Banco Hipotecario presentó ante el Ministerio Público una querella contra la empresa Constructora Progreso por el delito contra el patrimonio económico, en la modalidad de estafa y otros fraudes.

La querella se sustenta, entre otros aspectos, que la empresa “omitió información relevante con respecto a la cabida superficiaria de la finca 6702...”. El Banco Hipotecario pagó $597,684.61 por la finca que fue vendida con una superficie de 46 hectáreas mas 6,233 metros cuadrados, pero que se determinó que sólo tiene un poco más de una hectárea.

“Producto de la omisión cometida por Constructora Progreso el Banco Hipotecario ha sido afectado, ocasionado un perjuicio patrimonial al Estado, toda vez que la sociedad Berasvas interpone sendas demandas contra el banco pues dicha sociedad es propietaria de la finca 3833”, señala la entidad bancaria en la querella penal.

Añade que el BHN desconocía que la finca 6207, que compró a Constructora Progreso, traslapaba la propiedad de Berasvas.

Berástegui, ahora, espera que el gobierno concluya las negociaciones que se han venido dando en los distintos gobiernos en la era democrática y que se otorguen los títulos de propiedad a las familias. En compaña política, el ahora presidente de la República, José Raúl Mulino, prometió a los residentes que solucionaría el problema.