Una nueva Constitución para nueva forma de gobernar

Hace algunos meses el movimiento por la quinta papeleta pro constituyente, dentro del cual convergen ciudadanos panameños que coinciden en la importancia de hacer docencia y divulgación sobre las bondades de una nueva constitución que sirva de brújula hacia el desarrollo político y social que el país necesita, entregaron una carta al presidente del Tribunal Electoral, magistrado Alfredo Juncá, con la finalidad de solicitar se añada una quinta papeleta en las elecciones del 5 de mayo de 2024, en la que la ciudadanía panameña defina si queremos o no una nueva carta magna.

Temas como la discrecionalidad en el uso de recursos públicos, la democracia centrada únicamente en los partidos políticos, la ausencia de mecanismos de participación y fiscalización de la gestión pública, la falta de separación real de poderes, el sistema presidencialista sin restricciones o rendición de cuentas, deben ser discutidos en el nuevo milenio para establecer un nuevo pacto social que transforme las estructuras institucionales de la República y de nuestro fallido sistema democrático representativo.

Durante el nuevo milenio son muchos los países que han establecido nuevas cartas magnas o reformas constitucionales. En septiembre de 2008, los ciudadanos ecuatorianos aprobaron en referendo la reforma de su Constitución con un 80% de votos favorables. El 25 de enero de 2009, los bolivianos cambiaron su Constitución con un 60% de aprobación. Colombia lo hizo en 1991 y dieron una nueva orientación al Estado colombiano.

Como señala Roberto Gargarella, tales reformas “se dirigieron, al menos, a tres grandes objetivos tendientes a reparar tres grandes tipos de “faltas” históricas del constitucionalismo regional:

1) Su desatención a los derechos de “los postergados entre los postergados” (típicamente, comunidades indígenas);

2) Su persistente desdén frente a los derechos humanos; y

3) Su incapacidad para garantizar y hacer efectivos los derechos políticos de la mayoría de la participación, incentivando así una “ciudadanía activa”.

Es justo esta tercera reforma de participación y ciudadanía activa la que sirvió de base fundamental para las reformas de la Constitución colombiana de 1991 y es que el gran reto de la democracia moderna es la institucionalización de la participación por medio de la institucionalización de mecanismos constitucionales, así como la rendición de cuentas por parte de los gobernantes a los ciudadanos.

Esta deuda constitucional está pendiente en Panamá, que actualmente es uno de los países con menores índices de participación ciudadana de América Latina, pero esto no es producto del azar, es justo debido a la falta de modernización de nuestra carta magna para que se abra la posibilidad para un nuevo tipo de relación entre gobernantes y ciudadanos, donde estos últimos puedan ejercer un rol activo en la participación y en la fiscalización de la gestión pública.

Pero, como indica Rafael Rubio, “la participación es un derecho que depende de su desarrollo. En los 30 años transcurridos desde su aprobación (en Colombia), este concepto se ha ido consolidando a través de las leyes estatutarias de desarrollo y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Así se ha ido configurando un sistema participativo, complementario a la democracia representativa, donde el derecho de participación ocupa un papel fundamentalmente instrumental de refuerzo a la consecución de otros derechos fundamentales, de control y, en general, de fortalecimiento de la legitimidad de la democracia”.

Panamá debe dar al menos el paso inicial de reformar la constitución para construir un Estado participativo, con una democracia que genere confianza y nos ayude a lograr grandes consensos sociales y a evitar estallidos de violencia propios de la desesperación y la impotencia a falta de mecanismos que procuren que los ciudadanos se expresen y formen parte de la toma de decisiones.

Las reformas constitucionales de 1983 generaron un modelo de democracia donde los partidos políticos son los únicos conductos instrumentales de participación real, sin embargo, desde finales del siglo antepasado e inicios del siglo pasado, teóricos como Robert Michells afirmaban que las organizaciones de gran escala dan a sus funcionarios casi un monopolio del poder. Es decir, los partidos políticos estaban desde sus inicios destinados a convertirse en organizaciones de masa que aniquilan la democracia real. Como consecuencia, “el poder recae siempre en manos de una pequeña minoría fuertemente organizada e integrada exclusivamente por sujetos individuales o por pequeños grupos. En esto estriba precisamente la clave última de su superioridad, la razón de su éxito, el secreto que le permite habitualmente imponerse con asombrosa facilidad”, acota Guglielmo Ferrero.

El mal funcionamiento de la democracia basada en los partidos políticos se debe, como indica Antón Castromil, a “la concentración del poder en la cumbre y la pérdida de influencia de los militantes de la organización”.

Los ciudadanos panameños necesitamos mirar al futuro con esperanza, y coincidir en que somos capaces de levantar un nuevo pacto social donde los ciudadanos sean realmente el eje de la acción pública y no solo los partidos políticos. Mientras los partidos políticos constituyan el centro de la acción pública, los resultados serán los mismos, o aún peores.

Para lograrlo requerimos de una nueva constitución que institucionalice nuevos espacios de participación, fiscalización, y que los gobernantes realmente rindan cuentas de sus actos públicos, ya que afectan al conjunto de panameños.

Los partidos políticos no deben desaparecer, no es eso lo que planteamos, pero sí es necesario que compartan su protagonismo con otros actores políticos, mientras se sitúan “a la zaga de los nuevos movimientos sociales, cuyo uso de las nuevas tecnologías y redes sociales ha jugado un papel muy relevante en la dinamización de la acción colectiva” (R. Rubio).

La crisis de los partidos de masa es evidente, se han convertido en partidos escoba que barren hacia dentro, o partidos “atrapa todo” que crecen numéricamente con el fin de poder sostener los privilegios cuasi eternos de sus dirigentes también cuasi eternos. Necesitamos reformar el sistema de partidos, permitir la inscripción de partidos más pequeños, partidos regionales, municipales que sirvan de instrumento de participación para el ciudadano común. Los partidos de masa “atrapa todo” o catch all como sugiere el teórico alemán Otto Kirchheimer, deben ser reformados si queremos transformar el sistema democrático de Panamá.

Necesitamos volver a la formación política y a la salvaguarda de valores, y una nueva ética pública que privilegie el mérito, las ideas y la visión de futuro, sino nos convertiremos en presa del narcodinero y pronto perderemos la poca institucionalidad democrática que nos queda.