Los niños y niñas sin nombre en la selva más peligrosa del mundo

Cuando Thiago nació Gianleidy, su mamá, lo apretó contra ella. Lo revisó completito. Manos, pies, todo estaba ahí. Salió del centro de salud con todas sus pertenencias y con su bebé en brazos. Recibió un documento que certificaba que su hijo había nacido vivo. Esa misma semana recorrió en bus y a pie varios kilómetros para poder obtener el documento de identidad de su hijo, pero ella solo contaba con copia de su cédula y acceder a este documento en su nativa Venezuela es ahora una labor titánica. Sin su documento de identidad, Gianleidy no pudo registrar a su hijo. Pese a varios intentos, finalmente Thiago como otros miles de niños y niñas en el mundo ahora crece sin un nombre ni una nacionalidad, él se volvió invisible.

Pero para Gianleidy, madre migrante que se dirige a Norteamérica junto a su familia su hijo es real. Tiene un nombre; existe. Lo besa, lo abraza, se enferma, ríen y celebran sus cumpleaños.

Es por su hijo que decidió cruzar la temida selva del Darién, con todo el miedo, pero con toda la esperanza también de buscar una mejor vida. Una vida donde su niño pueda ir a la escuela, acceder a salud de calidad y cumplir sus sueños.

Sobrevivir la selva es un paso más en su trasegar que inició años atrás cuando dejaron su Venezuela natal para recorrer Suramérica. Al llegar a una de las Estaciones de Recepción Migratoria en la Provincia de Darién (por donde han transitado según el Servicio Nacional de Migración más de 227,000 personas incluidos más de 36,000 niños, niñas y adolescentes durante el año 2022), cada persona es verificada individualmente por el Servicio Nacional de Migración y Servicio Nacional de Fronteras, mediante la solicitud de su documento de identidad.

No contaba con la identificación de su hijo, por lo cual se activó el protocolo de protección infantil que busca prevenir la trata y tráfico de personas. Fueron remitidos a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF), autoridad encargada de la protección y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Panamá.

Funcionarios de la institución realizaron entrevistas, revisaron su situación y finalmente determinaron comprobar el vínculo de parentesco entre madre e hijo través de pruebas de ADN. El trámite fue complejo pues Darién es una zona remota que tiene limitantes para garantizar este tipo de procedimientos. Algunas de las familias esperaron casi cuatro meses por los resultados, con la esperanza de que esa confirmación les sirviera para conseguir las identificaciones de sus hijos, pero a pesar de corroborar la filiación, los demás esfuerzos fueron en vano. SENNIAF contactó los países de nacimiento de los niños para solicitar el reconocimiento de la nacionalidad, sin embargo, las barreras legislativas se mantuvieron como impedimento para permitir que los niños y niñas fueran registrados en sus consulados.

Margarita Sánchez, Oficial de Protección Infantil en Emergencias de UNICEF en Panamá, quien desde 2019 ha sido la encargada de apoyar a las familias migrantes con niños una vez salen de la selva después de 10 penosos días de jornada, explicó que este año es la primera vez que se identifican casos de niños en riesgo de apatridia.

La apatridia es la condición en la cual una persona no ha sido reconocida legalmente por algún Estado, por lo que no cuenta con documentos que certifiquen su identidad, nombre, ni nacionalidad, que son derechos amparados por la Convención sobre los Derechos del Niño. Sin identidad, los niños y niñas tampoco tienen acceso a derechos como salud, educación y protección social, entre otros.

“Los padres migrantes son originarios de Venezuela que, inicialmente, emigraron a diferentes países de Sudamérica donde tuvieron a sus bebés. Pero diversos motivos, incluyendo su situación migratoria irregular, la falta de recursos, de asesoramiento legal, y de apoyo por parte de las autoridades, les complicó la posibilidad de inscribir a los niños en las registradurías de sus países de nacimiento”.

El mayor obstáculo para realizar el registro ha sido administrativo, añadió la oficial de UNICEF. “En todos los casos las autoridades les exigían a los progenitores sus documentos de identidad originales para registrar a sus hijos, pero ninguna de las madres tenía su cédula ni pasaporte original”.

Las madres sólo cuentan con un Certificado de Nacido Vivo (CNV), pero este documento no evidencia de manera certera el vínculo familiar, porque no lleva el nombre del niño y solo sirve para inscribir al bebé en las oficinas de registro civil en el país de nacimiento. En Panamá, para certificar el vínculo y desestimar que fuera un caso de tráfico de niños, la SENNIAF ordenó realizar una prueba de ADN.

Desde que se identificaron estos casos, UNICEF ha acompañado al Estado y a las familias, abogando para que los niños y niñas tuvieran acceso a sus derechos, y brindó acompañamiento en el día a día mientras se definía su situación. El proceso para gestionar casos tan excepcionales requirió del aprendizaje del Estado de Panamá, de las delegaciones diplomáticas de los países de origen de los niños y niñas, y de los especialistas de protección infantil de la organización internacional en la región. Hubo momentos de esperanza en los que parecía que los niños obtendrían sus documentos, pero tras cuatro meses de ir y venir, continuaron su ruta en riesgo de apatridia.

A Gianleidy y a su marido los dejaron en la calle con lo que traían puesto en un acto xenofóbico. Además, los vecinos les destruyeron sus documentos de identidad. Por eso, cuando Thiago nació no lo pudieron inscribir en el Registro Civil de Ecuador. Y lo intentaron varias veces, en distintas oficinas, de distintas ciudades. Cada vez, en cada uno de sus intentos, les exigían una cédula o pasaporte original.

Gianleidy, que no tenía un consulado venezolano cerca para conseguir una Constancia de Identidad ni los medios para viajar a otra ciudad con consulado, le explicó a los funcionarios lo complicado y costoso que era conseguir el documento, “pero no me dieron opciones y sencillamente me dijeron que no podían registrar al niño. Y así fue que Thiago quedó sin papeles”. Distintas organizaciones le ofrecieron ayuda con el trámite “pero yo sabía que no me iban a poder ayudar. Y yo ya venía en camino (hacia el norte)”.

Asegura que nunca tuvo problemas migratorios por la identidad de Thiago: “sólo decía el nombre del niño y mostraba su CNV, pero sí ha tenido limitaciones para vacunarlo después del nacimiento. Ahora para inmunizarlo “los doctores me piden su certificado de nacimiento y mi cédula, y no los tengo”, cuenta preocupada.

“La apatridia conlleva una serie de violaciones a los derechos humanos”', advirtió Margarita Sanchez. “Particularmente en contextos de movilidad, como es el caso de los niños y niñas que pasan por San Vicente, no contar con ciudadanía los expone a explotación, trata y tráfico infantil, entre otros riesgos”.

La encargada de Protección Infantil en emergencias de UNICEF alerta que, si no se le da el derecho a la identidad, se les vulneran muchos otros derechos. “La identidad es la llave para todos lo demás”, afirma. “También supone limitantes a la participación social, a la inclusión y a ciertos procesos legales, lo que condena a los niños y niñas en riesgo de apatridia a la discriminación. Es muy grave que, por una cuestión administrativa, se vulnere un derecho tan importante”.

Al nacer, los niños y niñas tienen derecho a ser inscritos en un registro, a recibir un nombre, identidad y una nacionalidad (Artículos 7 y 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño), no obstante, en algunos países se mantienen barreras que impiden que algunos niños sean reconocidos como ciudadanos de algún Estado del mundo. Una vida sin identidad legal afecta cada uno de los aspectos vitales de su infancia.

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en 2020 se estimó la existencia de 2 millones de personas apátridas en todo el mundo. Varios artículos de la Convención sobre el Estatuto de Personas Apátridas de 1954 y la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados —de las que los países en cuestión son parte— disponen claramente que “facilitarán en todo lo posible la asimilación y la naturalización de los apátridas. Se esforzarán, en especial, por acelerar los trámites de naturalización y por reducir en todo lo posible los derechos y gastos de los trámites”.

Panamá, cuenta con buenas prácticas administrativas para el registro expedito y sin impedimentos de toda persona nacida en su territorio, sin importar la condición migratoria o la existencia de documentos originales de sus progenitores. En el marco de la operación flujo controlado de migrantes, ha naturalizado a más de 100 niños que han nacido en su territorio (incluyendo a más de 10 que han nacido en la selva de Darién) desde el año 2019 y cuyos padres se encontraban en tránsito hacia Norteamérica.

Según el Servicio Nacional de Migración de Panamá, el número de niños que ingresan a Panamá a través del Tapón del Darién ha superado los 36,000 en lo que va de 2022, sobrepasando los más de 29,000 del año anterior, lo que representa un máximo histórico desde que se llevan estas estadísticas. Más de 900 de ellos llegan a Panamá sin sus familias porque se han separado en la selva o son adolescentes que viajan solos.