El "negocio" de las licencias marinas

Las auditorías efectuadas a la oficina regional de documentación de la Gente de Mar de Panamá, en Manila, Filipinas, y a la empresa Orion Maritime Training Center, Inc., sacaron a la luz irregularidades en el proceso de certificación y emisión de títulos a marinos y oficiales, con repercusión internacional.

Las conclusiones de los auditores confirman los malos manejos de la pasada administración marítima, a cargo de Roberto Linares, en la titulación de oficiales y marinería que se desempeña en las 8,436 embarcaciones con bandera panameña, que habían sido denunciadas por los gremios ligados a este sector.

Entre otras faltas, el documento al que ha tenido acceso La Estrella de Panamá registra manipulación de los sistemas para expedir licencias, ausencia de un ‘manual' escrito para certificar a los oficiales de marina, incumplimiento del sistema de calidad para emitir títulos, posible falsificación de documentos y evaluadores que no tenían forma de verificar la experiencia y competencia de los marinos certificados.

La empresa encargada por Panamá para evaluar y certificar la capacitación de los marinos mercantes y la oficialidad fue Orion Maritime Training Center, Inc., de manera exclusiva, entre 2010 y 2014.

La denuncia penal que interpuso la administración marítima panameña, a cargo de Jorge Barakat, establece que las evidencias halladas son ‘altamente peligrosas' ya que ‘confirman la existencia de actividades para obtener beneficios distintos al crecimiento y desarrollo de la marina mercante panameña', y que se hicieron ‘ en complicidad con funcionarios de la AMP'.

En la oficina regional de Manila se emite el 75% de la documentación de los marinos que trabajan bajo bandera panameña .

Por este caso están denunciadas nueve personas, cinco exfuncionarios de la AMP, entre ellos el exadministrador Roberto Linares; los exdirectores de Gente de Mar Roberto Vallarino Moreno y José Rogelio Hernández; la exsubdirectora de Finanzas Melsina Robles de Cozarrelli y el exjefe de la oficina regional de documentación en Manila, Jorge Antonio Torres.

ANOMALÍAS ENCONTRADAS

‘Resulta alarmante que las autoridades denunciadas no manejaran con certeza cuántas evaluaciones de competencia realizó Orion Maritime Training Center. Así mismo se desconoce si dichas evaluaciones cumplieron las prescripciones y obligaciones internacionales relativas a este tema', señala la querella penal que investiga la Fiscalía Primera Anticorrupción, cuya titular es Tania Sterling.

INSÓLITO

Entre las conclusiones de los auditores llama la atención que no existe evidencia de que Iván Karica, quien fungía como gerente de Orion, pasara prueba escrita o de ascenso para obtener los títulos de segundo oficial de cubierta, primer oficial de cubierta y capitán, en el mismo periodo de cuatro años que gestionó la empresa las certificaciones. Tampoco se encontraron pruebas de que tuviese experiencia en el mar, tal como lo requiere el Convenio de Formación 1978.

La investigación revela, por otra parte, que se borraron datos del programa (Solexai), donde se registran y almacenan categorías y evaluaciones de la marinería, como marino ordinario, camarero o cocinero, explicó José Luis Aizprúa, director de Gente de Mar de la AMP.

A través de correos electrónicos, la Asociación de Marinos Filipinos denunció que el exdirector de la oficina regional de Gente de Mar en Manila manipuló los registros para incluir en el servicio a infractores ya sancionados.

Bajo la argucia de alternar las letras del nombre, se introducían los datos de los infractores con nuevas certificaciones.

‘Se realizaron malas prácticas con el sistema. Estos programas pertenecen al Estado', por lo que su manipulación es un delito, aclaró el funcionario Aizprúa a este diario.

La auditoría advierte que no hay registro de que el ex director de Gente de Mar efectuara evaluaciones de capacitación antes de emitir las certificaciones de oficiales.

Entre otros ejemplo, se cita los certificados ‘falsos' emitidos a los marinos André José Sequeira y Jonhson Britto, en Manila y la ‘desaparición' de parte de la información emitida por el consulado de Mumbai, en India.

ANTECEDENTES

Ésta no sería la primera vez que el país se ve envuelto en un escándalo por fraude de licencias en esta materia.

Los primeros síntomas de corrupción se dieron a inicios del nuevo milenio, cuando la Federación de Trabajadores del Transporte (ITF, por su siglas en inglés) desenmascaró el tráfico de documentos al comprar una licencia para su secretario general David Cockroft, quien carecía de entrenamiento marítimo.

Cockroft pagó $4 mil por la licencia, según conoció este medio de fuentes ligadas al sector. Ese mismo escándalo se registró a principios de este siglo en el marco de serias denuncias sobre tráfico de licencias en las mismas oficinas consulares de Panamá en Filipinas.

El inspector de la ITF Luis Fruto aseguró que en el sector marítimo se mantiene la percepción de que ‘(Panamá) es un país corrupto' por la reincidencia en la venta de licencias a marinos.

‘Nos hemos encontrado con que a los marinos panameños no les aceptan las licencias porque los armadores (empresas extranjeras) argumentan que son compradas', detalló Fruto. Según el inspector, entre las formas para falsear documentos, se identificó la práctica de disponer de licencias en blanco ya firmadas por el cónsul, solo para colocar el nombre de la persona beneficiada ( ver facsímil ).

Este hecho reiterativo continúa impune.

Hasta el momento, el Ministerio Público no ha detenido o llamado a indagatoria a ninguno de los citados en esta querella, asegura el secretario de la ITF.

El caso Cockroft resultó ser la punta del iceberg. Casi quince años más tarde, tras otorgar a Orion Maritime Training Center la exclusividad para certificar a los marinos, se registraron nuevas anomalías.

La auditoría que se realizó a las oficinas del centro de formación en mención entre el 4 y 8 de agosto de 2014, reveló siete irregularidades en el proceso para expedir las certificaciones a los profesionales del mar.

Entre las anomalías identificadas, se detectó que no existía un listado completo de todas las evaluaciones o 'assessments' realizadas por la empresa. Y se evidenció que el principal mecanismo para certificar a los marinos era la revisión de documentos presentados por el aplicante. La metodología no incluía evaluaciones prácticas de conocimientos. La empresa, además, daba certificaciones de cursos específicos que la AMP no le había autorizado.

Los auditores concluyeron que el sistema de calidad aplicado por la empresa para certificar a los marinos no satisfacía las reglas correspondientes del Convenio sobre las Normas de Formación Titulación y Guardia de la Gente de Mar.

EL NUEVO MECANISMO

Actualmente, la AMP solo emite títulos a los profesionales panameños egresados de la Universidad Marítima de Panamá o de Columbus, y después de un año de embarque. A los extranjeros originarios de países que se encuentran en la lista blanca de la Organización Marítima Internacional se les reconoce el título, a través de un endoso, para que puedan trabajar en la flota mercante panameña, subrayó por la AMP José Luis Aizprúa. De los 550 marinos activos en la flota mercante panameña, no se conoce realmente quiénes cuentan con certificados idóneos. ‘Los desmanes de Orion los permitió el pasado Gobierno', declaró Aizprúa.

La Estrella de Panamá contacto a Jorge Ramírez, propietario de Orion, quien señaló a su abogada, Guillermina McDonald, como único interlocutor válido, sin que hasta el momento haya sido posible hablar con ella sobre el caso.

Tampoco Roberto Linares, exadministrador de la AMP, atendió la solicitud de información de este diario.