Incertidumbre reina en el pueblo Naso

PANAMÁ. Crítica continúa la situación en las comunidades Naso de San San, San San Druy y San San Tigra, las cuales se encuentran sitiadas por efectivos de la Policía Nacional bajo el mando de la corregidora del Teribe, Aracelys Sánchez, así lo denunció ayer Susana Serracín, miembro de la Alianza para la Conservación y Desarrollo.

Serracín denunció el violento desalojo que se dio el lunes 30 de marzo en la comunidad de San San Druy, donde la Policía entró al área con la supuesta intención de realizar un desalojo a favor de la Empresa Ganadera Bocas, pero que aún continúan en el área intimidando a los residentes del sector. En el sitio han establecido retenes policiales en el paso peatonal que conduce a la comunidad para obstaculizar el libre tránsito de las personas.

Uno de los afectados y voceros de la comunidad Lucho Gamarra indica que “nos sentimos rehenes en nuestra propia tierra, castigados sin haber cometido un delito, sólo porque continuamos reclamando nuestras tierras y exigiendo la definición de una comarca para el pueblo Naso”.

La irregular presencia de las fuerzas del orden público ha mantenido aterrorizada a la población indígena que quedó totalmente a la intemperie, sin comida ni techo. Varios niños y niñas tuvieron que ser llevados a urgencias por intoxicación, producto de los gases lacrimógenos que la Policía Nacional lanzó recientemente a las viviendas tradicionales de familias Naso, que permanecían dentro, resistiendo el desalojo.

Según informes brindados vía celular por los moradores que se mantienen en el área, hasta el momento las maquinarias de la Empresa Ganadera Bocas han destruido varias viviendas, una abarrotería y una iglesia en la comunidad de San San Druy.

La única casa tradicional que se mantiene en pie es el Centro de la Cultura Naso, obra que estaba por inaugurarse el próximo 10 de mayo y que fue tomado por la Policía como refugio y garita de vigilancia.

Las personas de las comunidades se mantienen acampando en los terrenos donde estaban ubicadas sus casas, han hecho una olla común a orillas del río y están tratando de rescatar algunas pertenencias.

Eliseo Vargas, miembro de la Fundación Naso responsabiliza directamente “al gobierno panameño por los abusos, hostigamiento y violaciones a nuestros derechos en las comunidades de San San y San San Druy por parte de la Empresa Ganadera Bocas S. A., ya que si tuviéramos definidos los límites de nuestra propuesta de Ley Comarca Naso, no existiera hoy día esta problemática de tierra, límite y camino de acceso entre estas comunidades y la Empresa Ganadera Bocas S. A.”. Los últimos acontecimientos se suman a operaciones similares que se han realizado durante la administración de la gobernadora Esther Mena de Chiu.