La batalla de la música

PANAMÁ. Todo inició hace cinco años. El hotel Dos Ríos, ubicado en la provincia de Chiriquí, se declaró en rebeldía. Ya estaba bien eso de pagar derechos de autor por poner música. No importaba que lo exigiera la Ley 15 del 8 de agosto de 1994. Rino Tamburelli, propietario del hotel, directamente se negó a seguir pagando. Corría el año 2004.

La SPAC, la sociedad que representa a los músicos y recauda la paga, utiliza una tarifa compleja para sacar las cuentas según cantidad de habitaciones combinado con la ocupación que tuvo el hotel según los registros del IPAT.

Los representantes de los músicos no sabían qué hacer. Mandaron cartas, llamaron y se encontraban siempre con una rotunda negativa. Entonces decidieron pasar a la acción. En 2007 presentaron una demanda. Jamás pensaron que eso podía traerles más problemas que soluciones.

Porque la empresa hotelera, en lugar de pagar, devolvió el golpe con otra demanda. Y lo que es peor, otros hoteles siguieron su ejemplo y descontinuaron su pago. La SPAC le apuntó a la Asociación de Hoteleros, APATEL.

“Nos dimos cuenta que de los 84 integrantes de esa organización había 66 que no pagaban”, aclara Christian García, presidente de la SPAC desde hace diez años.

Los músicos fueron a fondo. Querellaron ante la Fiscalía de Derecho de Autor a 66 miembros de la APATEL.

Rino Tamburelli, figura cercana al nuevo presidente Ricardo Martinelli, habla poco del caso, y ahorra palabras cuando se le pregunta de la suma que dicen los músicos que les deben.

Tamburelli achaca el problema a la falta de comunicación entre la SPAC y su negocio. Reprocha que los compositores se lanzaran a la demanda sin antes sentarse a negociar. “Me demandaron y se fueron a las 66 querellas.. y encima mal hechas”, dice en tono decidido.

Aquel torrencial de recursos legales desató una lucha entre máscaras y cabelleras.

García afirma que se cansaron de intentar acercamientos con los dueños de los hoteles. Pero las respuestas nunca llegaron. La pelea fue tomando fuerza con el abono del tiempo.

La decisión de ampliar el campo de batalla para atacar a todos los hoteleros a la vez terminó debilitando la posición de la SPAC. “Los abogados recomendaron interponer demandas en contra de los hoteleros. Esta medida en vez de ayudar declaró una lucha de poder que nos llevó a invertir un dinero que no es recuperable, más de 45 mil balboas”, lamenta García. Sin contar lo que dejaron de percibir, alrededor de 30 mil dólares por año. Todo, para tener que finalmente sentarse a negociar con los hoteleros que aparecen ahora con fuerzas renovadas.

Mientras la SPAC estaba empantanada en el combate judicial, los hoteleros lograron persuadir al diputado Rogelio Paredes para que pasara el anteproyecto de ley 396, que buscaba modificar la ley de Derecho de Autor. Fue presentado en el 2008 y se encuentra en segundo debate. El anteproyecto fue calificado por el gremio de músicos como una amenaza para los autores. Incluso señalan que viola acuerdos internacionales también vigentes en Panamá.

El diputado reelecto Rogelio Paredes, aclaró que su propuesta “no viola ninguna ley ni tampoco favorece a los hoteleros”. Paredes argumentó, sin embargo, que su intención era cambiar la forma, según él unilateral, en el cobro de las regalías.

Las palabras del diputado chocan con las del director de Derecho de Autor del Ministerio de Educación, (Meduca) Marcos Polanco, quien afirma que el anteproyecto sí tenía un artículo que buscaba la exoneración del pago para los hoteleros. El 14 de abril de este año, el proyecto no pasó a tercer debate y se encuentra engavetado. Recién entonces, los hoteleros se mostraron dispuestos a negociar.

El tiempo pasó y los compositores optaron por salir de la encerrona, superados en la batalla legal por el poder de fuego del enemigo.

Buscaron una tregua. García de la SPAC y Jorge Loaiza, presidente de APATEL, asistieron a una serie de reuniones, la última, la semana antepasada. Hasta hubo mediadores del Meduca que rige la activad: Marcos Polanco, director de Derechos de Autor y José Pío Castillero, viceministro administrativo. El resultado del acuerdo fue desactivar todas las demandas y querellas que se cruzaron en los últimos años. Mientras tanto, negociar una nueva manera de establecer la tarifa. A los hoteleros les molesta la palabra “habitaciones”. Argumentan que la ley cobra por áreas públicas y los cuartos de hoteles son recintos privados.

Las palabras finales de Loaiza son tibias. “Es posible que podamos llegar a un arreglo, pero de suceder, esto se decidirá después del 2 de junio, en reunión de junta directiva”.

Lo cierto es que en este baile los protagonistas no llevan el mismo paso. En esta danza parece ser que mientras los miembros de la SPAC sufren un merengue suelto, los empresarios hoteleros de APATEL optan mejor por el ahorro de la energía: la balada.