Mossack y Fonseca aseguran ser 'inocentes'

Los fundadores de la firma Mossack y Fonseca se declararon inocentes de los cargos de blanqueo de capitales de los que los acusó la fiscalía panameña en el inicio de la audiencia ordinaria del Lava Jato, que es seguida a 32 personas y que se extenderá por 12 días.

Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack están acusados de crear sociedades anónimas para ocultar dinero procedente de actividades ilícitas. Por estos cargos, la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada puede pedir una pena de entre 5 y 12 años de prisión, más agravantes.

Durante la jornada de ayer se procedió a la lectura del auto de llamamiento a juicio de los acusados y la evacuación de las pruebas testimoniales.

La investigación comenzó en 2016, consta de 299 tomos, en el marco de la operación Lava Jato, en Brasil.

Ese mismo año más de 11,5 millones de documentos de la firma de abogados, que fueron nombrados como “Panamá Papers”, revelaron que personalidades de todo el mundo contrataron los servicios del bufete para gestionar su patrimonio a través de sociedades “offshore o extraterritoriales para presuntamente evadir impuestos.

Dos años después de la divulgación de los documentos –en marzo de 2018– la firma de abogados anunció el cierre de operación y la liquidación de todos sus empleados. El bufete fundado en 1977 llegó a tener más de un millar de empleados en diferentes oficinas del mundo.

El juicio del Lava Jato había sido programado para el pasado mayo, pero se suspendió porque un abogado presentó una incapacidad médica. La diligencia quedó para la fecha alterna de entre el 26 de junio y el 7 de julio.

La audiencia estará a cargo del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales que preside la jueza Baloísa Marquínez.

Fonseca, que participó de manera virtual en la audiencia, dijo que no era culpable de los cargos de los que le acusaba la fiscalía. Mientras que su socio Jürgen respondió que era “inocente”.

En la audiencia ordinaria comparecerán 15 testigos, de los cuales siete son de la fiscalía. En octubre pasado, la propia juez Marquínez como titular del Juzgado Tercero Liquidador dictó el “sobreseimiento provisional a favor de 39 personas, y un sobreseimiento definitivo para otra”.

La abogada Luris Victoria Madrid fue la primera testigo en presentarse en este juicio.

Madrid, quien laboró por 18 años en la firma Mossack Fonseca, tiene un acuerdo de colaboración.

Marquínez argumentó, entre otros, que la investigación no demostró qué cuentas fueron creadas en Panamá para ocultar dinero de procedencia ilícita, ni los montos de dinero ingresados provenientes de sociedades offshore o extraterritoriales.

“No se demostró la tipología utilizada para encubrir y justificar fondos. Tampoco se evidenció la trazabilidad del dinero que, presuntamente, procede de la República Federativa de Brasil. La investigación no probó que la firma de abogados investigada administraba algún fondo o cuentas bancarias procedentes de Brasil”, establecía la sentencia.

Pero en octubre pasado, un tribunal superior de segunda instancia modificó el fallo y abrió causa criminal contra 32 personas respondiendo a una apelación del Ministerio Público.

La fiscal contra la Delincuencia Organizada, Isis Soto, aseguró que constan los elementos de prueba para acreditar el delito de blanqueo de capitales .

“Tenemos cantidad de elementos de convicción que fueron recabados en asistencia judicial internacional, testigos, acuerdos de colaboración y documentación bancaria que vamos a poder verter en este auto de audiencia”, dijo la fiscal. Añadió que en esta audiencia va a destacar elementos que la juez no valoró durante la audiencia preliminar en la que Marquínez pidió sobreseimiento.

Es conocido como el mayor escándalo de corrupción en la historia de Brasil y tuvo ramificaciones por diferentes países de América Latina.

En el idioma brasileño, el portugués lava jato significa lava autos. La investigación fue nombrada de esa manera aludiendo al lugar donde empezó el caso, en una gasolinera brasileña donde nadie limpiaba autos, pero que la policía sospechaba que lavaban dinero.

Allí los fiscales descubrieron un esquema de sobornos para acceder a millonarios contratos estatales de la empresa Petrobras con empresas constructoras.

El dinero de los sobornos quedaba en manos de políticos de distintos partidos, intermediarios y empresarios. El escándalo se extendió a la región porque algunas constructoras obtuvieron contratos con gobiernos de América Latina a cambio de sobornos.

Según explicó en su momento Ramón Fonseca Mora, uno de los fundadores del bufete panameño, se les acusó “sin pruebas” de haber creado sociedades anónimas que fueron usadas en Brasil para el Lava Jato.