Millonaria demanda por 'mal funcionamiento' en el Ministerio Público

El empresario y exbanquero José Virzi presentó una demanda millonaria ($10,1 millones) contra el Estado por daños y perjuicios causados por el “mal funcionamiento del Ministerio Público”, en particular la Fiscalía Séptima Anticorrupción, por la investigación de que fue objeto a raíz de una denuncia de lavado de dinero presentada por la Superintendencia del Mercado de Valores.  Una denuncia que surge de un caso de la procuraduría paralela ocurrida durante el gobierno de Juan Carlos Varela como lo reveló este diario en una serie de reportajes que detallaban la injerencia del Ejecutivo en los casos penales que investigaba el Ministerio Público.

El 16 de agosto de 2017, la Fiscalía Séptima Anticorrupción formuló cargos a Virzi por el presunto delito contra el orden económico bajo la modalidad de blanqueo de capitales. Ese día, la fiscalía ordenó su conducción escoltado por policías para que rindiera declaración. Durante la indagatoria, los abogados de Virzi defendieron que su cliente no tenía vinculación con el hecho que se investigaba.

Se trataba de una comunicación interna firmada por Virzi en el año 2013 cuando ocupaba la presidencia de la junta directiva del Banco Universal. El papel autorizaba a la oficial de cumplimiento a la apertura de una cuenta a nombre de la casa de valores Financial Pacific que en ese momento presentaba un desfalco por $12,2 millones. El dinero para abrir esa cuenta, según la fiscalía, provenía de una investigación por presunto peculado. Dinero producto de un préstamo comercial de la Caja de Ahorros a la empresa HPC-Contratas PV tras haber ganado la licitación para la construcción del centro de convenciones de Amador. Parte de ese préstamo, unos $7 millones, se empleó para tapar el hueco financiero que afectaba a la casa de valores Financial Pacific.

En 2017 la fiscalía imputó cargos a José Virzi por blanqueo de capitales: supuestamente el dinero con el que se abrió la cuenta era ilícito.

La fiscalía también impuso a Virzi medidas cautelares que impedían o restringían su libertad, como reportarse ante la entidad para firmar los días 30 de cada mes y la prisión domiciliaria en la que permaneció del 22 de agosto de 2017 al 29 de septiembre de 2020.

Por el caso del préstamo de la Caja de Ahorros, el Ministerio Público también abrió causa penal a 22 personas (directivos y personal del banco y empresarios) por supuesto peculado bajo el argumento de que el dinero del préstamo se usó para fines distintos al solicitado.

En ese caso, la fiscalía alegaba un supuesto daño al erario público, pero después fue declarado nulo por dos instancias, y la Corte Suprema de Justicia negó la casación al concluir que el préstamo se pagó en su totalidad.

Con base en lo anterior, la defensa de Virzi interpuso un incidente de nulidad ante el Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales para invalidar el caso en contra de su cliente. El juzgado falló a su favor, al declarar nulo el caso en su contra y le levantó todas las medidas cautelares.

De acuerdo con el fallo que dictó el Juzgado Tercero Liquidador, la decisión de la fiscalía de haber efectuado la indagatoria “sin cumplir con los parámetros legales” afectó a Virzi, “lesionó su estado de inocencia y lo convirtió en sujeto procesal”, sin que la fiscalía contara con las pruebas suficientes para atribuirle la condición de imputado dentro de una causa penal. En consecuencia, el juez Fernando Basurto admitió el incidente de nulidad que promovió la defensa de Virzi, declaró nulo el proceso en su contra y levantó las medidas cautelares.

La decisión del juez fue el instrumento para que la defensa de Virzi interpusiera la demanda por daños y perjuicios ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, basada en el menoscabo que causó la investigación en contra de su cliente, además de la privación de libertad y la vinculación a la comisión de un delito que posteriormente fue declarado nulo por un tribunal.

En la demanda por $10,1 millones, a la cual tuvo acceso La Estrella de Panamá, la defensa de Virzi alegó que hubo “dolo” en la actuación de la fiscalía al aprehender a su cliente porque no le permitió desarrollar su actividades comerciales, en cambio fue privado de libertad por un delito que no cometió, “le afectaron su imagen, integridad y solvencia moral”, se lee.

Argumentó que la fiscalía no contaba con una “teoría del delito”, y que la ilegalidad quedó en evidencia porque obligó a la Corte a mantener una posición falsa, ya que las evidencias fueron incompletas y dibujaron un acto equivocado del ahora afectado.

Por otra parte reclamó que cuando presentó a la fiscalía las pruebas que actuaban a su favor durante la investigación, esta guardó silencio, lo que creó una acción viciada de tener a un Ministerio Público con dos teorías del delito: una que se tenía como delito precedente con la administración pública con diferentes formas de peculado y la otra en la continuada vinculación de alguna forma al delito de blanqueo de capitales.

En suma, defiende que el Ministerio Público actuó “de mala fe”, que su cliente se pasó detenido a raíz de una “investigación equivocada” que le afectó su moral, honra y sus negocios. Además culpó a la fiscalía de ser “negligente” por la insuficiencia de bases jurídicas y pruebas en contra de su cliente.