Mici analiza contrato con multinacional para definir el dueño del cobre

En abril pasado, 24 instituciones participaron en la Inspección Intergubernamental a la mina de cobre operada por Minera Panamá, subsidiaria de First Quantum Minerals. El objetivo de dicho ejercicio consistía en verificar el cumplimiento del plan inicial para la Preservación y Gestión Segura (PGS) de la mina, que presentó la empresa el 16 de enero de 2024 al Ministerio de Comercio e Industrias (Mici). En este sentido, cada institución verificó los elementos que se relacionaban con su competencia.

Si hay algo claro que plasma el informe de 34 páginas es que, en la mina de Donoso, cuando el precio del precio del metal ha escalado cifras sin precedentes, $11.000 la tonelada, y que los contratos son de los más apetecidos, no hay proceso de elaboración de concentrado, extracción o exportaciones. Todo está parado. Las actividades que dejaron constancia están relacionadas con el cuidado y mantenimiento de los equipos, pero hasta ahí.

Por ejemplo, el grupo de funcionarios constató que el puerto que se emplea para el suministro de materiales y que está custodiado por la Autoridad Marítima de Panamá, opera a su mínima capacidad. El acceso a la garita de Caimito en Punta Rincón se encuentra cerrada dadas las últimas protestas que impedían el paso de camiones que transportaban al personal. Las operaciones de molienda están detenidas; las pilas de acopio de mineral triturado están a su máxima capacidad y la paralización empieza a asomarse con la oxidación de las rocas en su parte externa debido a la prolongada estadía a la intemperie.

El informe detalla que las operaciones de almacenaje de concentrado y exportación están detenidas, aunque la galera de la mina está totalmente llena. En las bodegas se estima que hay 132.000 toneladas de concentrado de cobre, que ya presentan una tonalidad marrón.

En este sentido, la observación más importante se centra en el cuidado de dicho concentrado de cobre. La idea es venderlo, pero, ¿a quién pertenece? Eso aún no se ha definido. Podría ser de la empresa o del Estado. Eso se decidirá en función de la fecha en que se produjo. Así lo indicó la Procuraduría de la Administración, consultada al respecto, quien ordenó examinar el material para establecer si al momento en que se procesó el material, el contrato estaba vigente, o no. En el último caso, sería del Estado.

Dicho análisis técnico, según conoció La Estrella de Panamá por una fuente vinculada al tema, recaerá en una empresa especializada. “El Mici está realizando el trámite para la contratación de la empresa multinacional SGS con el propósito de determinar la cantidad exacta del concentrado de cobre almacenado en la mina Cobre Panamá, las cualidades técnicas de contenido de cobre y minerales asociados, así como las condiciones en términos generales de cómo se encuentra la pila almacenada del concentrado”, indicó la fuente. “La consultora SGS, una empresa internacional con laboratorios en Chile, Perú, Estados Unidos, y presencia en Panamá, debe contar con experiencia y representatividad para finiquitar el contrato con el Mici”, añadió esta persona bajo la condición de anonimato. SGS fue fundada en 1878 en Rouen, Francia, y en la actualidad se destaca como líder mundial de ensayos, inspección y certificación. En Panamá centra su ejercicio en auditorías de estudio de impacto ambiental y otros temas ambientales.

Otra advertencia manifestada por los inspectores es la atención que debe ponerse a la pila de material triturado, que también se encuentra a la intemperie y de la cual emana ácido por acción del agua de lluvia, y tampoco se ha definido. Se trata de roca triturada que debe ser procesada para convertirse en concentrado de cobre. La cantidad de esta pila no se ha determinado.

El relato de los fiscalizadores detalla que la planta termoeléctrica está detenida desde el 13 de noviembre a falta de carbón, por lo que la mina contrató energía de la red de distribución nacional, y ha elevado los costos de ejecución del plan de PGS. La pausa inoperante puede ocasionar graves daños a la planta termoeléctrica, ocasionando fallas en su funcionamiento, cuando se ponga en marcha.

Los depósitos de explosivos, donde se guardaban los iniciadores, boosters y detonadores electrónicos, están vacíos. La planta de emulsión tampoco está operativa, el enfriador ya fue desmantelado. Igualmente, el nitrato de amonio que se encontraba almacenado ya fue trasladado presuntamente al Ministerio de Seguridad para evitar hurto o contaminación al medio ambiente.

A un mes y días de celebrarse el traspaso de mando, la administración de José Raúl Mulino tendrá que decidir el futuro de la mina. El presidente electo habló de “abrir para cerrar”, es decir, echar a andar la planta para obtener fondos para un posterior cierre. No obstante, en la industria minera las empresas trabajan para aprovechar el rédito del material metálico y una vez agotado, cerrar la mina.

En el evento de que alguna administración decida retomar la actividad minera, en el Mici reposan los elementos definidos para implementar una política minera, que incluye el cobre como mineral estratégico del país. También reposa en la institución la columna vertebral para crear una Autoridad de Recursos Minerales capaz de regular y dar seguimiento a la política, así como un Código Minero actualizado, una ruta en blanco y negro sobre la minería.

El 27 de noviembre de 2023 mediante fallo del pleno de la Corte Suprema de Justicia se declaró inconstitucional el contrato entre la mina y el Estado. Acto seguido, el gobierno ordenó a la empresa preparar una propuesta de Plan de Preservación y Gestión Segura (cuido y mantenimiento) para la mina.