Mesa de diálogo con pocos avances; empresarios exigen ser incluidos

Los largos recesos han sido la tónica de los primeros dos días de negociaciones entre los grupos organizados y los representantes del gobierno en la mesa de diálogo.

Ayer, uno de los pocos avances fue que el Ejecutivo presentó a los sindicatos la posibilidad de incluir 17 productos a la congelación de precios de la canasta básica de alimentos. La presentación la hizo Carlo Rognoni, viceministro de Desarrollo Agropecuario, y el primer receso de la mesa fue a la 1:00 de la tarde, luego que grupos sindicales exigieran y reclamaran mayor información de la propuesta del Ejecutivo.

Los productos que estarían incluyendo en la congelación de productos importados son: pasta de dientes, papel higiénico, jabón de baño, toallas sanitarias, desodorante de hombre y mujer, clorox, preparaciones de pescado, conserva de pescado, aceite vegetal, aceite de soja, harina de trigo, pan y productos de panadería, crema de maíz, café marca IMA y azúcar marca IMA.

Mientras todo esto transcurría en Penonomé, en la capital panameña varios grupos del sector industrial y productivo convocaron a conferencias de prensa para pedir su inclusión en el diálogo.

“La ideología y el sistema económico que están intentando introducir los diversos grupos que protestan, no es un experimento. Ya es probado que anula la capacidad productiva de un país, rompe el sistema constitucional y lleva a la pobreza, en los países donde erróneamente se ha implementado mintiéndole al pueblo”, dijo Luis Frauca, presidente del Sindicato de Industriales de Panamá, quien pidió además en la mesa “mayor beligerancia en las acciones del gobierno en cuanto a medidas de ahorro, corrupción y fiscalización de la justicia y democracia”.

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Panamá (Apede) y el Colegio Nacional de la Empresa Privada (Conep), en una conferencia conjunta, pidieron que la mesa de negociación sea tripartita y criticaron las características del diálogo en vista de que los cierres de calle continúan en algunos puntos del país.

“Los empresarios no forman parte de esta mesa. Reiteramos, son los gremios en protesta y el gobierno”, aseguró Fernado Ábrego, dirigente de la Asociación de Profesores, ante el cuestionamiento de los medios.

Las organizaciones populares que se sentaron a negociar con representantes del gobierno la tarde de ayer en la mesa de diálogo para avanzar en la agenda de temas acordada previamente, propusieron además una rebaja de un 30% en el precio de la canasta básica de alimentos en el primer punto tratado en la jornada de este jueves.

La propuesta del gobierno, en contraste, fue bajar la canasta básica en un 15%.

El vicepresidente de la República y ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo, es el encargado de coordinar personalmente en Penonomé el análisis por parte del equipo del Ejecutivo.

Por su parte, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, sostuvo una reunión virtual con la ministra de Trabajo, Doris Zapata, a cargo de la secretaría técnica de las mesas de diálogo, instruyendo a mantener una discusión de altura, escuchando con atención y respeto las iniciativas, ideas y propuestas que se reciban de los distintos sectores que participan.

A solicitud de las organizaciones que toman parte en estas jornadas, el vicepresidente Carrizo solicitó la presencia de especialistas del Ministerio de Economía y Finanzas para que concurran a la mesa de negociaciones a exponer en detalle los actuales y futuros compromisos del Estado en materia económica, así como los alcances y efectos que sobre las finanzas del país tiene el subsidio establecido por el gobierno para fijar en $3.25 el precio del galón de combustible.

Manuel Murillo y Alexis Jiménez fueron procesados por apología del delito y extorsión

yorlenne.morales@laestrella.com.pa

Un juez de garantías dio ayer por presentada la imputación de cargos en contra de Manuel Murillo por los delitos de lesiones personales, apología del delito y extorsión, y delitos contra las libertades individuales. Alexis Jiménez, en tanto, se entregó ayer voluntariamente a las autoridades del Ministerio Público y fue trasladado a la provincia de Chiriquí, donde será llevado ante un juez de garantías.

Ambos enfrentan la justicia por impedir y bloquear el miércoles 20 de julio un convoy de camiones que trasladaban 50 mil quintales de productos agrícolas con destino a la capital panameña para frenar el desabastecimiento.