Jóvenes, la mayor masa de reclusos en Panamá

Este año hay un incremento de 408 privados de libertad más, en comparación con el cierre de 2013.

Existe un total de 15 mil 578 personas presas en los centros penales de Panamá en lo que va del año y el año pasado eran 15 mil 170 reclusos, de acuerdo con estadísticas de la Dirección General del Sistema Penitenciario del Ministerio de Gobierno.

Jóvenes entre 18 y 25 años de edad concentran el 33% de internos, la mayor población carcelaria, seguido del rango entre 26 y 30 años, que agrupa el 21%.

Igualmente, el rango de detenidos entre 31 y 35 años representa el 16% de la población detenida en el país; las personas entre 36 y 40 años son el 11% y el restante 19% aglutina a los que tienen 41 años de edad y más.

DELITOS

Según el informe oficial, el delito contra el patrimonio es el más frecuente entre la población carcelaria en el país, con 32%. Son casos referentes a hurto, robo, extorsión y secuestro, estafa y otros fraudes, apropiación indebida y usurpación.

Sigue el delito contra la salud pública, con 26%, y otro 18% por el delito contra la vida y la integridad personal (homicidio, lesiones personales, aborto provocado, abandono de niños).

El 11% de la población carcelaria ha cometido delitos contra la seguridad colectiva (incendio, inundación, delitos contra los medios de transporte y de comunicación, asociación ilícita, piratería).

Además, los delitos contra el pudor y la libertad sexual , referentes a violación sexual, estupro, rapto, proxenetismo y rufianismo, agrupa el 8% de los internos.

Finalmente, el 5% restante concentra las personas que cometieron delitos contra la fe pública, posesión y comercio de armas prohibidas, contra la economía nacional, contra derechos de autor, entre otros.

HACINAMIENTO

La provincia de Coclé, según el informe de la Dirección General del Sistema Penitenciario, tiene una capacidad para 210 reclusos y a la fecha acoge a 425 sujetos.

En Colón, los centros penales tienen un límite para mil 406 detenidos y hay mil 418, mientras que en Panamá casi se duplica la capacidad de acogida, pues se puede albergar a 6 mil 6 detenidos y la masa es de 11 mil 89.

La provincia de Darién no escapa al hacinamiento. Con capacidad para 4 retenidos, cuenta con 22, y la comarca Guna Yala, tiene su capacidad de 15 personas al tope.

Las cifras van en aumento.

En el año 2010, habían 12 mil 17 presos; la cifra creció el año siguiente a 13 mil 514 personas. En 2012, se situó en 14 mil 521.

Significa que de 2010 a la fecha ha subido 3 mil 561 detenidos más en un periodo de cuatro años y medio.

En diciembre de 1996, la cifra era de 7 mil 322 internos y en 2008 se situó en 11 mil 375 reos.

MORA JUDICIAL

Daniel Ramírez Lasso, directivo y representante del Colegio Nacional de Abogados ante el Consejo de Política Penitenciaria, identifica la convergencia de varios factores para el incremento en la población carcelaria: el aumento en la cifra de actos delictivos cometidos en el país y la mora judicial existente. Jueces y magistrados del Órgano Judicial no resuelven las resoluciones en tiempo oportuno y los agentes del Ministerio Público ‘abusan’ de las medidas restrictivas de libertad sin aplicar las alternativas previstas en el Código Judicial, dijo.

Ramírez Lasso destacó que hay una ausencia de una política criminal en el Estado panameño destinada a buscar o establecer parámetros que resuelvan las deficiencias del sistema judicial.

Aconsejó al gobierno tener como política de Estado el fortalecimiento de las instituciones, a través de programas efectivos.

El abogado sugirió alejar la política partidista y desarrollar actividades de prevención a través de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales establecidas como Pandeportes, Ministerio de Desarrollo Social, las iglesias, etc.

Según Ramírez Lasso, se deben establecer verdaderos programas de rehabilitación para las personas que son internadas en los centros penales.

‘Si al recluso se le brindan oportunidades y no las acepta, entonces, por reincidencia, se sometería a los rigores de sanciones más gravosas; que sienta la efectividad y rigurosidad de la pena’, manifestó.

UNA REFORMA INTEGRAL

La Alianza Ciudadana Pro Justicia —organización no gubernamental— plantea la necesidad de una política de seguridad que involucre a los municipios, con recursos financieros y humanos.

‘Necesitamos una política de prevención del uso de droga y el alcohol, sobre todo en la población joven’, recomendó Magaly Castillo, directora ejecutiva de la asociación.

La abogada agregó que, desde hace muchos años, Panamá es el país con más presos en razón de habitantes y casi el 50% de los detenidos están a órdenes del Ministerio Público.

Y deploró que muchas personas están detenidas sin haber sido presentadas ante un juez de la República.

Castillo coincide con Ramírez Lasso en que los fiscales y los jueces ‘abusan de la detención preventiva’.

En Panamá, manifestó, todo se quiere resolver con las cárceles y los jueces no toman conciencia de que ellos no pueden seguir enviando más personas a penales totalmente saturados. ‘Hay procesos penales que se pueden resolver con otro tipo de medidas distintas a la detención preventiva’, acotó.

La experta apuntó a una reforma integral del sistema penitenciario y permitir las visitas de organizaciones de derechos humanos a los penales para ayudar a resolver el problema.

GOBIERNO Y PROGRAMAS

El gobierno realizó el acto inaugural del centro penitenciario La Gran Joya el 1 de abril de 2014, con la consigna de que es ‘la cárcel más moderna de Latinoamérica’ con la que pretende aliviar el hacinamiento de los centros penitenciarios del país.

Una obra a un costo $170 millones, que tiene 116 edificios, 24 pabellones con capacidad para 5 mil 504 presos.

También se inauguró un nuevo pabellón en Colón y se contempla una nueva cárcel pública en David, en Chiriquí.

En el ‘Informe de Gestión’, Ángel Calderón, director general del Sistema Penitenciario, detalla que 3 mil 557 presos participan en programas educativos, que van desde cursos de alfabetización hasta estudios superiores y cursos técnicos laborales. Desde el 2010, la asistencia se ha incrementado en un 57% .

Calderón destacó que se invirtió en edificaciones y hoy se ven nuevos proyectos denominados ‘cárceles dignas y seguras’, en las que se podrán ejecutar ‘verdaderos programas de resocialización’.