El manejo administrativo del IVM ha sido pobre: Bustamante

El subdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), Francisco Bustamente, hizo una radiografías de los problemas que han llevado al programa Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) a una profunda crisis financiera, que pone en riesgo las pensiones.

El IVM ha sido “pobremente” administrado por las restricciones que le ha impuesto la ley, dijo Bustamante.

El funcionario explicó que es insostenible continuar con un sistema donde no entran cotizantes, sino beneficiarios, y donde existe un mal manejo de las inversiones del programa.

Los fondos han sido invertidos en una serie de categorías que permite la ley, pero que ofrecen un bajo rendimiento. “Tienes una alta liquidez, que debería ser invertida a mayor plazo, pero por malos sistemas que tenemos no se puede gestionar”, agregó Bustamante.

Hay, además, programas de inversiones como el de préstamos a empleados y pensionados que están generando pérdidas. Los préstamos de los empleados superaban al de los jubilados. “Un individuo pedía un préstamo y se quedaba con lo mínimo que te permite la ley por descuento, sin garantías. El tipo estaba comprando un seguro de que no lo podían botar. Yo pare esto y fui acusado de que estaba deteniendo las operaciones”, aseguró.

Las declaraciones del funcionario fueron dadas en el programa Infoanálisis, que conduce el comunicador social Guillermo Adames y que se transmite en la emisora Omega Stereo.

Los problemas económicos y administrativos que enfrenta la institución de seguridad social son una responsabilidad compartida. Los partidos políticos, por ejemplo, han sido los que han tomado las decisiones en la Asamblea Nacional. Mientras que a la junta directiva de la CSS, que toma las decisiones de la institución, le correspondía evaluar los estudios actuariales y con base en las recomendaciones promover los cambios. Pero hubo un largo periodo en el que no se realizaron los estados financieros, entre otras cosas, por la falta de nombramiento de un tercer actuario. El sistema, sin embargo, establece que deben hacerse auditorías periódicas.

Bustamante señaló que la situación administrativa de la CSS es “pésima” por cómo se ha gobernado la entidad, donde cada una de las decisiones debe ser tomada por la junta directiva. ... Yo no estoy atacando a la junta. Yo estoy diciendo las cosas como son”, añadió el funcionario.

Para reflotar el programa de pensiones, la junta actuarial ha propuesto a la junta directiva elevar la edad de jubilación de los hombres y de las mujeres hasta los 67 años, bajar hasta en un 20% el pago de las pensiones de los jubilados y aumentar el aporte de cuotas obrero-patronales hasta un 18,5% y fijar en 25 años el periodo de pago de estas cuotas.

Felipe Argote, profesor de macroeconomía e investigador, reiteró que no está de acuerdo en que en medio de una crisis sanitaria se tomen medidas paramétricas. Con esta observación recordó la explosión social que ocurrió en Nicaragua cuando se redujo en 1% las pensiones.

Argote tiene una propuesta en la que no se considera el aumento de la edad de jubilación ni de las cuotas. En su análisis considera que la sociedad panameña está obligada a mantener a los adultos mayores de manera digna. Para hacerlo, las futuras generaciones están en la obligación de pagar una parte de los activos que recibirán “porque no se le entregó el país con una selva virgen sino con puentes y un Canal en operaciones”. Como elemento añadido propone la creación de un espacio para un aporte individual. “El que quiere y puede debe tener derecho a una parte, que es su fondo personal”, plantea Argote.

El especialista, que desmenuzó los estudios actuariales de la institución y los presentó a la sociedad a través de su cuenta de redes sociales, considera que el Estado no puede seguir subsidiando a personas de altos ingresos y empresarios con ingresos de $10 mil, por ejemplo. Y señaló que cuando estos cobren sus aportes y sus intereses, no se les debe seguir pagando. Además, propone que la jubilación sea una separación de la vida productiva laboral.

“El problema del IVM debe resolverse con el aporte de las personas, del Estado y con uno de las generaciones futuras”, concluyó Argote.

La propuesta es viable con las cifras de los estados financieros. Sin embargo, las mismas deben ser revisadas porque los estudios presentan incongruencias que ponen en duda la realidad de las finanzas. “Hay un problema que media y es la corrupción. Con unos estados financieros no auditados y muy despeinados y desgreñados es muy difícil creer que esas cifras sean ciertas”.

El IVM, la administración de la junta directiva de la CSS y la incorporación de los informales al sistema son temas que serán objeto del diálogo convocado por el Gobierno panameño para salvar a la institución de seguridad social.