Magistrado Cigarruista se queja porque el contralor Solís le envía 'pocas' auditorías al Tribunal de Cuentas

Actualizado
  • 28/08/2023 00:00
Creado
  • 28/08/2023 00:00
El magistrado del Tribunal de Cuentas, Alberto Cigarruista afirmó que la persecución de la corrupción “se está quedando en el vacío”, luego de ser aprobada la Ley 351 de 22 de diciembre del 2022 que modifica la Ley Orgánica de Contraloría General de la República.
Magistrado Alberto Cigarruista.

El magistrado del Tribunal de Cuentas, Alberto Cigarruista afirmó que la persecución de la corrupción “se está quedando en el vacío”, luego de ser aprobada la Ley 351 de 22 de diciembre del 2022 que modifica la Ley Orgánica de Contraloría General de la República.

Esta ley, aprobada el año pasado por la Asamblea Nacional y sancionada por el Órgano Ejecutivo, le atribuye al contralor la facultad de cerrar y archivar auditorías o investigaciones “según su criterio”.

En tal sentido, Cigarruista informó que esta ley le ha afectado en demasía al Tribunal de Cuentas ya que asegura, le permite a la Contraloría de la República archivar “a su libre criterio las auditorías, con entera independencia de si refleja si hay lesión patrimonial”. “Yo ejerzo mi profesión desde que tengo 23 años de edad y nunca había visto una ley que diga, a su libre criterio”, exclamó molesto.

Detalló que antes de aprobada esta ley, la Contraloría le enviaba al Tribunal de Cuentas no menos de 12 a 15 expedientes por mes, pero en lo que va del año solo le han mandado 14 expedientes. "Si esto sigue así, va a llegar un momento en que no vamos a tener trabajo en el Tribunal de Cuentas", advirtió.

"Les pedí (a los diputados de la Asamblea Nacional) que por favor no le hicieran ese daño a la República de Panamá, pero insistieron en segundo debate y en cuestión de una semana la ley fue aprobada, y ahora la corrupción se está quedado en el vacío", aseguró.

En mayo pasado la Corte Suprema de Justicia admitió una demanda de inconstitucionalidad contra ocho artículos de esta ley, la cual fue presentada por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana y otras organizaciones de la sociedad civil de la Coalición Por Panamá-Pro-Transparencia y Anticorrupción. La Corte aún no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad o no de la norma.

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