La lucha nacionalista de un pueblo

La mayoría de las veces cuando los pobres quieren explicar una realidad que los agobia, hay intereses mediáticos, hay poderes económicos y justificaciones legales que sepultan el grito de temor y dignidad de estas poblaciones.

En Panamá, uno de los sectores mas vapuleados ha sido el sector agropecuario o sector agrario, quien progresivamente ha tenido que protestar firmemente, pues no es parte del modelo de desarrollo de Panamá y las tierras solo son importantes por su valor inmobiliario especulativo. De más está decir que la historia de las tierras en Panamá revela un fuerte proceso de acaparamiento y de enclaves productivos antinacionales, donde el valor del efecto difusivo de la seguridad alimentaria, el acceso y el desarrollo productivo y la defensa de los recursos renovables parecen debilitarse progresivamente en detrimento de la población, la Nación y el futuro.

Por otra parte, la institucionalidad democrática, constitucional y transparente debe constituir el blindaje ético, social y ciudadano de cada persona, por lo que se espera que todos los órganos del Estado confluyan al compromiso social de respetar y proteger la dignidad de las personas.

Cuando el 25 de mayo de 2017 se firma el contrato-ley 36-17 con Banapiña (Del Monte) por 20 años, prorrogables por veinte más, es decir 40 años, se inicia un camino complejo de desigualdad, un acuerdo inconsulto y un negocio a favor de una empresa bananera que ya tenía una historia de explotación histórica, contaminación a los trabajadores y al suelo chiricano, monopolio en la producción y comercialización y economía de enclave. En 1998, la Chiriqui Land Company abandonó las tierras sin proceso de transición, reparación a los trabajadores producto de la contaminación y estrangulamiento a Coosemupar en su finalidad de comercialización. A pesar de esta grave crisis, los baruenses en general, incluso personas no ligadas a la empresa bananera, se levantaron a producir la tierra y mantener a sus familias. Durante toda esta época, la autogestión productiva y cooperativa logró de manera exitosa desarrollar un proceso agrario sostenible, asegurando no sólo el autoconsumo, sino el intercambio económico.

Durante todo este tiempo, nadie fue a preguntarles que más necesitaban, ni siquiera las administraciones pasadas concluyeron los procesos de titulación de Anati, donde decenas de ellos aún esperan su título, luego de sus planos catastrales realizados por dicha entidad.

De repente aparece la empresa Del Monte, a través de Banapiña, prometiendo $100 millones, en un período de 7 años, a cambio de todas las tierras necesarias e infraestructuras vigentes. El gran negocio y despojo de las llamadas repúblicas bananeras, que creíamos que había terminado, se despierta la fiera y no somos capaces de crear una mesa de negociación con el capital extranjero, donde los panameños participen y se logre, si es factible, un convenio horizontal, con ingresos al Estado y trabajo decente a los trabajadores, respeto a los productores de la región, sin regalar nuestros recursos hídricos, definiendo controles precautorios a la fumigación y contaminación del agua y suelo subterráneo. Adicionalmente mecanismos fiscales equitativos para apoyar al Municipio y al tesoro nacional. ¿Dónde quedó nuestra lucha nacionalista, que permitió desarmar un imperio con nuestra palabra libertaria? ¿Dónde quedó el plan de desarrollo especial del Barú para proyectos sostenibles en una de las regiones con una riqueza natural incalculable? ¿Dónde quedó la ley del Canal Seco, aprobada en el 2001? ¿Cuántas licitaciones públicas se hicieron para valorar otras oportunidades de inversión?

El Contrato Ley 36-17 firmado por Panamá es una nueva versión de aquello que se llamó Hay-Buneau Varilla. ¿Cómo puede pasar esto en un país cuya lucha nacionalista nos significó héroes y mártires, dolor, humillación, pero siempre con la dignidad de salir adelante? ¿Quiénes fueron estos nuevos señores que han traicionado nuestra historia? ¿Será que una vez más el peso del negocio puede más que la razón y la dignidad? Estoy seguro de que los espejitos de los españoles no comprarán jamás la conciencia de nuestros istmeños.

Un contrato-ley que llamó a los productores ‘invasores' y les fijó un plazo de 18 meses para salir. También los norteamericanos fijaron a perpetuidad su ocupación colonial y tuvieron que marcharse. Pero ahora, es una empresa extranjera que nos llama invasores. Es decir, ¿hemos entregado la razón de ser de nuestra histórica lucha?

El reloj empezó su marcha en este mes de la Patria, pero aún estamos a tiempo para proponer un desarrollo sostenible, incluyente, patriótico y digno. Felicidades en los días de la Patria. Los auténticos productores gritan ‘no pasarán'.

PANAMÁ