Los líos de Juan Hombrón enredan al círculo de poder

PANAMÁ. El lío de poder alrededor de la Hacienda Santa Mónica y las playas de Juan Hombrón se tensa: cuatro exministros del gabinete de Ricardo Martinelli se cruzan y se contradicen sobre cómo se tejió —o no— el rejuego tras las paradisiacas costas del sur de la provincia de Coclé.

Las tierras estaban en posesión de los padres del exministro de la Presidencia Jimmy Papadimitriu, y el gobierno los expropió al considerar que las fincas eran inadjudicables. Argumentó intereses sociales.

Papadimitriu, tras su salida del poder, aseguró este lunes a La Estrella que el decreto de expropiación fue redactado en Morgan & Morgan, un bufete privado, y no en el Ejecutivo. Ayer se corrigió en una nota pública: fueron las revocatorias de los títulos que sus parientes poseían. E insistió: fue en Morgan & Morgan. ‘Peor aún’. Pero sigue su ruta al banquero, empresario hotelero y exministro de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino.

Según Papadimitriu, tal confesión le llegó en su oficina en el Palacio de las Garzas, de la boca de Rómulo Roux, entonces ministro del Canal. Roux trabajaba para Morgan & Morgan antes de irse con Martinelli y el nuevo gobierno.

LA REUNIÓN EN PRESIDENCIA

Sus declaraciones han revuelto el panorama y desatado un choque de razones entre figuras económicas y políticas muy cercanas al presidente Martinelli, mientras éste matiza el escándalo con una mirada indiferente.

‘Yo no hablo de eso’, apuntó el jefe de Estado, en un evento oficial este lunes.

Rómulo Roux, por su parte, dice estar sorprendido por las declaraciones de Papadimitriu.

Roux reconoció que sí hubo un encuentro con Papadimitriu y su vice, María Fábrega, en la que, dice, le ‘reclamaron’ su rol en la ruta de decisión del Ejecutivo sobre las tierras de Juan Hombrón.

¿Cuál es ese rol? Roux niega a toda costa que haya sido el de redactar las resoluciones de revocatoria de títulos. Y saca el cuerpo a Morgan & Morgan, la compañía para la cual volverá a trabajar: ‘se me solicitó apoyo como abogado del Gabinete y en eso no tiene nada que ver con el bufete’.

El hoy secretario general del oficialista Cambio Democrático (CD) aseguró que la reunión ocurrió a finales del 2011 o principios del 2012, en la que le recriminaron ‘por qué había yo sugerido, como una de las posibles soluciones a las irregularidades entonces identificadas, la revocatoria de oficio de las resoluciones de ANATI para los casos de Punta Paitilla y Juan Hombrón, ya que esa medida, según Papadimitriu, afectaba negativamente a los involucrados en Juan Hombrón a quienes quería proteger’.

‘Mi recomendación legal inicial fue la vía de la revocatoria de títulos’, insistió, y explicó que su consejo fue el mismo que cuando estalló la titulación irregular del terreno de Paitilla al florista César Segura.

En noviembre de 2011 el gobierno decidió revocar los títulos de 14 propiedades en Juan Hombrón, en medio de un escándalo que salpicaba a Papadimitriu, y que ponía en jaque la estabilidad política del cambio. A mediados del año pasado, decidió su expropiación.

‘Yo le dije al presidente (Martinelli) que ese caso estaba afectando al gobierno así como lo hicieron muchos miembros del Gabinete’, insistió.

Pero la exviceministra María Fábrega lo contradice. Asegura no recordar cuándo se dio, pero coincide con Papadimitriu en que hubo una reunión en la que Roux ‘dijo que su firma (Morgan & Morgan) había hecho el borrador que revocaba los títulos de propiedad’.

Fábrega intenta cimentar las razones de Papadimitriu para alegar que en el caso hay conflictos de interés. ‘No recuerdo los detalles, pero nosotros lo citamos para preguntar por qué se hizo sin pasar los trámites’, argumenta.

‘En relación a las fincas de Punta Paitilla y las de Juan Hombrón, mi único rol fue apoyar en todo lo posible para que el Estado recuperara las fincas, en vista de las irregularidades que se habían identificado en el proceso de titulación. Eso era lo correcto aunque no le gustara a algunos’, apunta, en cambio Roux.

¿QUÉ SIGUIÓ?

Un año después del proceso de expropiación al que todos aluden, el caso ha resucitado, a cuentas de una demanda en la Corte Suprema de Justicia, por la forma en la que el gobierno retomó su dominio sobre las tierras.

Un recurso de inconstitucionalidad promovido el 2 de abril de este año por el abogado Miguel Antonio Bernal insiste en que el Ejecutivo no justificó las razones sociales por la cual expropiar ni por qué no hubo indemnizaciones.

Lo hizo a nombre de Trapp Real Estate Corporation, una de las compañías que se hicieron con tierras de Juan Hombrón tras un proceso de compra venta a pescadores, que el Estado consideró después inválido. Los Papadimitriu están ligados a la sociedad.

En el medio, Hacienda Santa Mónica reclama. En un escrito del 24 de junio pasado, apoyó la decisión del gobierno e introdujo un elemento que ha desatado la controversia entre los empresarios de poder que trabajaron con Martinelli: que parte de las tierras de Juan Hombrón son suyas desde 1914. El investigador Richard Koster lo había advertido en un escrito publicado en La Estrella el año pasado.

Hacienda Santa Mónica alega que parte de las fincas en polémica le pertenecían desde cuando la Constitución permitía el dominio privado sobre las playas. La Carta Magna de 1941 se lo quitó. Desde entonces hay un limbo jurídico que la compañía pidió a la Corte Suprema de Justicia resolver.

En el medio, el exministro Alberto Vallarino tomó un rol. Compró, según Hacienda Santa Mónica, la mayoría de las acciones a través de su Grupo Verdeazul, tras la definición que hizo la Corte sobre el testamento de Wilson Charles Lucom, que incluía la finca y $50 millones como herencia para los ‘niños pobres de Panamá’.

ES UNA CALUMNIA...

Vallarino, según Papadimitriu, habría usado a Roux para conseguir que a sus padres le retiraran las tierras que el gobierno declaró inadjudicables, para entregárselas a Santa Mónica. ‘Sin Juan Hombrón Santa Mónica es un potrero’, explicaba el extitular de la Presidencia en una entrevista en la que delató lo alto de la pugna al instar al gobierno a expropiar la hacienda que, considera, se le quitó a los infantes que Lucom pretendía.

Vallarino se sacude con fuerza: ‘esa afirmación es total y absolutamente falsa’, respondió ayer en un correo de este diario.

‘Es una calumnia que será fácil probar en un juzgado. Salí del gobierno a principios de octubre de 2011. Fui invitado a participar como accionista de Santa Mónica hace menos de un año. No tengo la menor idea sobre lo que haya motivado la aprobación del decreto de expropiación por parte del Consejo de Gabinete en el 2012’, aseguró.

El exministro aseguró que, así como lo adelantó Santa Mónica, continuará los procesos legales para ‘hacer valer los legítimos derechos de sus títulos de propiedad’.

‘Con o sin expropiación estos recursos se hubiesen interpuesto y se continuarán presentando. Finalmente, es en el Órgano Judicial donde se dirimirán todas las controversias y no en los medios de comunicación’. Curiosamente el bufete de abogados Morgan & Morgan representan a Santa Mónica en este caso.

La Corte Suprema deberá definir qué hacer. La mira parece estar en la forma en la que decidirá. Si por una demanda de inconstitucionalidad decidirá el dueño de las tierras de Juan Hombrón.

Abogados han estimado que resolver las interrogantes de Santa Mónica en el proceso que interpuso Trapp Real Estate sería un error.

Aunque en la Autoridad Nacional de Tierras resumen todo: las tierras son del Estado y con el Estado se van a quedar.