Entre la ley y el crimen

Los hechos ocurridos el 1 de junio de 2021 son solo una muestra de los más de 200 casos de policías investigados por nexos con el narcotráfico en Panamá. Ese día los compañeros de un capitán de la Policía Nacional le leyeron una orden de detención en su contra. Luego, lo despojaron del uniforme hasta dejarlo en ropa interior. Le colocaron las esposas y lo expusieron delante del resto del personal en el estacionamiento de la Dirección de Operaciones de Tránsito, donde laboraba. Todo esto a la luz del día. Después le proporcionaron una muda de ropa que lo colocaba como cualquier ciudadano. De esta forma presenció como el fiscal de Drogas allanaba su vehículo.

El capitán tenía más de 14 años de servicio en la Policía. Entre enero y junio de 2021 devengó en salario y gastos de representación unos $13 mil, dada la responsabilidad que mantenía sobre la zona.

Después cayó preso durante la operación Oasis. El propio procurador general de la Nación encargado, Javier Caraballo, había ofrecido detalles sobre el desmantelamiento de un grupo criminal al que le habían puesto el ojo tres años atrás y que dentro del curso de la investigación le habían confiscado 2.600 kilos de droga en diferentes fechas. El grupo criminal, según explicó el procurador, introducía la droga a Panamá vía marítima por el Pacífico desde Colombia hasta al área de El Salado, en la provincia de Coclé, y vía terrestre en el área de Darién en vehículos de doble fondo hacia Costa Rica o por contenedores hacia Europa. Ese día, entre las 25 personas que fueron detenidas estaba el capitán.

La fiscalía lo acusa, según los documentos a los que tuvo acceso La Estrella de Panamá, de “recibir dinero del grupo criminal a cambio de que omitiera sus obligaciones, y de brindar seguridad en la recepción y transporte de la droga”. Además, lo señalan por supuestamente ordenar la desaprehensión de uno de los traficantes a quienes, según la fiscalía, les brindaba información sensible sobre los operativos policiales contra el narcotráfico efectuados en San Carlos, lo que les permitía evadir los seguimientos policiales.

En sus descargos, el capitán calificó la acusación de “ilógica” y negó cualquier vínculo con los traficantes de droga. En la narración de los hechos que rindió ante la fiscalía, el uniformado aseguró no haber “omitido ninguno de los trámites pertinentes”, y desde que tuvo conocimiento de la novedad, canalizó y comunicó a sus superiores la realización de todas las diligencias.

También alegó en su defensa que carece de poder para escoltar la droga, así como que tampoco patrullaba en muchas de las provincias donde la fiscalía lo vincula a la actividad ilícita.

Para su defensa, el abogado enlistó en el auto de llamamiento a juicio a una docena de miembros de la Policía que están dispuestos a testificar a su favor.

Mientras las autoridades judiciales definen su situación, los casos en que se detecta a uniformados vinculados con el crimen organizado van en aumento. Son cada vez más frecuentes sus aprehensiones durante los operativos.

Esto es así porque a diferencia de otras administraciones, las autoridades dejaron de esconder los casos debajo de la alfombra, como en el pasado, y en palabras del ministro de Seguridad, Juan Pino, la orden ahora es “purgar las filas de las manzanas podridas”. La relación policía narco tiene efectos políticos, y la región lo ha vivido: primero Colombia y luego México. En ambos se manifiestan casos de policías que después se transformaron en jefes de carteles, como el agente de la policía judicial Miguel Ángel Félix Gallardo, que se ganó la reputación de ser el jefe de jefes en suelo azteca.

Desde 2019 el plan de los altos mandos panameños ha sido imponer una política de cero tolerancia para quienes se debaten entre la ley y el crimen, dispuestos a asumir las críticas que afectan la imagen de la entidad.

Anteriormente se temía que revelar las faltas o casos como el del capitán “era como manchar el buen nombre de la institución o proteger los nexos”, dijo Julio Alonso, exjefe de Inteligencia y Contrainteligencia Antidroga de la división de Narcóticos de la Policía Técnica Judicial y a cargo de la unidad contra el crimen organizado de la misma institución.

Bajo la premisa anterior, la institución guardó con extremo recelo, en las últimas décadas, la cantidad de agentes investigados por cualesquiera de las 247 faltas al reglamento o por nexos por el narcotráfico.

Para esta investigación solicitamos los datos a la entidad, que reconoció a La Estrella de Panamá que desde 2017 a junio de 2022 la Dirección de Responsabilidad Profesional (DRP) hizo 162 investigaciones que involucran a 214 uniformados por posesión de drogas o vínculos con el crimen organizado.

De estos, se recomendó la destitución de 54 guardias que también fueron procesados judicialmente.

Por su parte, el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), destituyó a 39 agentes (2018 a junio 2022) por la misma causa, según detalló a este medio el mayor Edgardo Coba, entonces director de Asuntos Internos, hoy a cargo de la zona atlántica.

Lograr que alguno de ellos admita haber colaborado con el narco, es imposible aunque pese una condena en su contra o hayan pagado su pena. La Estrella de Panamá hurgó por once meses en los centros penitenciarios, con abogados, exfiscales, fiscales en ejercicio, familiares y conocidos, un testimonio capaz de ilustrar el contexto socioeconómico que impulsa a los policías a cruzar la raya. Fue imposible que lo aceptaran, a pesar de haber sido condenados. Resulta “vergonzoso”, por decir lo menos, que un policía reconozca que terminó protegiendo a los criminales, señaló a este diario un abogado penal.

El Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) no reportó casos de esta naturaleza entre 2019-2022, de acuerdo con el director Oriel Ortega.

Ahora bien, con respecto a las investigaciones al personal que ha incurrido en faltas leves o graves, contenidas en el Decreto Ejecutivo 204 del 3 de septiembre de 1997, la cifra se había mantenido en un cofre bajo siete llaves, hasta esta publicación.

El director de la Policía Nacional, John Dorheim, respondió un cuestionario a La Estrella de Panamá, en el que detalló que de enero de 2017 a junio de 2022 la DRP ha registrado 5.128 casos que involucran a 6.743 policías (ver tabla).

En el amplio menú establecido en el decreto se considera una falta leve, por ejemplo, no portar la cédula de identidad o la impuntualidad. Incurrir en una falta grave puede ocurrir al revelar a personas ajenas a la institución informes confidenciales, proceder con negligencia o abusar del cargo, como suele suceder cuando el crimen organizado se infiltra en la institución.

Cada año, la entidad investiga en promedio a más de mil de las 25 mil personas que conforman la fuerza pública.

De manera acumulativa, la cifra total de investigados representa aproximadamente un cuarto de la fuerza policial si la relación consistiera en una falta por policía.

Una fecha pico, por ejemplo, ocurrió en plena pandemia (2020), cuando 1.487 policías pasaron por los registros de la DRP. En 2021 se investigó a 1.226 unidades y hasta mediados de 2022 se contaban 647 agentes con expediente en la DRP, lo que equivalía a 515 casos.

Dorheim también dijo que investigan asuntos relacionados con actos de corrupción, entre los que destacan alteración de firmas o documentos, hacer negociaciones con los internos o familiares de los presos, así como introducir o permitir el ingreso de droga al penal. Lo que desencadena procesos penales y posteriores condenas por delito doloso con pena privativa de libertad e inhabilitación de funciones.

¿Qué motiva a un policía a favorecer a la contraparte? Las respuestas de todos los entrevistados para esta investigación coinciden en una cosa: el dinero. “En ese momento venden el alma al diablo”, asegura el exministro de Seguridad José Raúl Mulino.

Los directores de los diferentes estamentos de seguridad entrevistados por este diario, corroboraron que son contados los casos que inician por amenazas, aunque cuando caen quedan presos de una cadena de extorsiones interminable. Los grupos delincuenciales exigen cada vez más información porque la necesitan para sus negocios ilícitos. Después, si el policía se resiste, alguien le recuerda su pasado, lo amenaza con divulgar videos o hacer daño a su familia.

Los policías son una fuente de información valiosa para la estructura del cartel, o la pandilla encargada del trasiego. Les advierten de forma anticipada sobre las acciones policiales. “Alertan sobre la disposición de unidades en su área de operación o corredores de movilidad para que puedan ejecutar sus acciones con la seguridad de que no serán aprehendidos en el desplazamiento”, detalló Dorheim. Otras veces, cuando el agente tiene poder de decisión, desvía a los uniformados para liberar la vía a los narcotraficantes.

No obstante, los avisos más valorados por los carteles son los operativos en su contra, o saber a qué grupo delincuencial se tiene en la mira.

En ocasiones son útiles para desaprehender a un miembro del grupo, o se inhiben de iniciar un proceso. Por lo general, el rango de los agentes que participan en estos hechos “es mayor, capitán u oficial”, explica Julio Alonso, con vasta experiencia en investigaciones antidroga. Todo a cambio de efectivo.

Así como pueden comprar a un guardia que hace la ronda por $50 para que delate detalles de la supervisión, Alonso explica que existe una correspondencia entre el rango y el pago, por la confiabilidad de los datos. Un ejemplo, dice, es decir a dónde se va a movilizar la unidad antidrogas o las futuras diligencias de la fiscalía. El monto se eleva si el policía tiene bajo su mando varias unidades, o es jefe en un área geográfica específica. “Si hay confianza pueden pagar $100 mil o $200 mil en efectivo”, exclama Alonso.

“Proteger un contenedor 'preñado' con destino a Europa o Estados Unidos requiere de información acertada y confiable por la que pagan mucha plata”, añade. El uniformado retirado confesó que en una ocasión un grupo delincuencial extranjero lo sedujo con un millón de dólares.

Era una muestra de lo que sería su relación en el futuro. En un cuarto de hotel, acompañado de un testigo, el traficante le mostró una maleta llena de dinero, a cambio “pedían información sobre quién estaba siendo vigilado, o que si había algún tipo de fuente de la organización que los estaba delatando”. Información que obtendría de las agencias estadounidenses.

También estaban interesados en conocer las coordenadas donde se posiciona la policía, o datos que podrían perjudicar al cartel en el tráfico. Alonso asegura que no aceptó. Era cavar su propia tumba. “Como la cantidad era muy elevada entendieron mi negativa a cooperar”. Es una especie de código entre narcotraficantes y policías. “Un negocio de caballeros entre maleantes”, como lo define el mayor.

De igual forma la policía puede aplicar su estrategia. “Yo también puedo tener en jaque a los narcos. Los distraigo con información equivocada”, añade el mayor retirado.

Para contrarrestar la infiltración del crimen organizado, la Policía desarrolla operaciones encubiertas a sus propios miembros. Unidades competentes pueden ordenar vigilancias y seguimientos, previo cumplimiento de las formalidades legales. Mulino recuerda que durante su gestión se enfatizó en los detectores de mentiras como mecanismo de depuración y control, y la rotación en puestos clave para los narcos, como jefes de zonas costeras o en los puertos.

Muchas veces los policías se delatan por el estilo de vida que llevan; eso no se paga con la quincena. Sospechan también de los agentes que hacen mejoras en la casa, construyen anexos o se mudan a una casa más grande. También han detectado casos en que los uniformados invierten el efectivo en negocios a nombre de familiares o conocidos.

Basta tener conocimiento del hecho para abrir un expediente de oficio. Ya sea por denuncia pública, una acusación escrita, o por noticias en los medios, aunque también por boca de otros compañeros de filas. Una fuente ligada al Ministerio Público también mencionó como fuente a las parejas resentidas.

Alguien vigila al vigilante. Siempre. “Sobre todo en los estamentos más expuestos a la delincuencia, organizada o no”, refiere Mulino.

Tomando en cuenta que en Panamá aproximadamente el 57% de los cargamentos confiscados ocurre en el océano Pacífico, mientras que un 43% se detecta en el Caribe, la información sobre el posicionamiento de las patrulleras vale oro para los narcos. Por eso los agentes del Senan suelen ser los más vulnerables en este ajedrez de inteligencia.

“Un policía del Senan bien informado puede filtrar los puntos donde están ubicadas las patrulleras estadounidenses, no necesariamente en aguas internacionales, sino en las costas panameñas”, reveló una fuente del Ministerio Público contra el crimen organizado. Lo puede hacer por años, sin levantar sospechas.

El informe de drogas publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2021) identifica la vía marítima como la principal ruta para sacar la droga de Colombia por el Pacífico hasta la costa de México en submarinos y en contenedores desde la región andina de Colombia a Europa central y occidental.

Para evitar la infiltración del narco en la Aeronaval, “la entidad envía a las unidades a los operativos sin teléfono desde hace un par de años, en su lugar se comunican por radio”, detalla la fuente del Ministerio Público. Pero a veces cargan un localizador satelital en la mochila que puede ser detectado por los traficantes. Por esta información “les pagan entre mil o 5 mil”, dice la fuente. El precio lo establece el narco según sus experiencias previas. Los contactos entre los traficantes y los informantes del Senan pueden ser una vez por mes. En general, añade la fuente del Ministerio Público que solicitó reserva de su identidad, “los policías están ahogados en deudas, cualquier entrada, aunque no les resuelva la vida, los saca del apuro”.