Blandón no le ve sentido al proyecto sobre “Consultas Ciudadanas”

Como profesional del derecho, el diputado oficialista José Isabel Blandón, no le ve sentido a la propuesta entregada por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional para convertir en ley del país las consultas ciudadanas, pues en caso de que los temas planteados impliquen reformas constitucionales, ya existe un procedimiento establecido en la Constitución, por lo que habría que hacer una consulta previa para que luego el Órgano Legislativo aprobara el cambio y convocar entonces un referéndum.

Como parte de los planteamientos que seriamente han formulado algunos diputados, Blandón reiteró que “hacerle cambios a la Constitución tiene mecanismos previstos en la Constitución, entre ellos una consulta”, solo que previamente el documento tiene que haber pasado por la Asamblea para su debate y aprobación.

“El Ejecutivo puede presentar un proyecto de acto legislativo de cambio a la Constitución a la Asamblea, planteando que se incorpore, por ejemplo, la pena de muerte; la Asamblea lo discute en dos legislaturas de la misma Asamblea, y si se aprueba en esas dos legislaturas va a un referéndum donde el pueblo tiene la última palabra”.

Gracias a los artículos de nuestra Carta Magna resultaría fácil determinar cuándo una consulta ciudadana requiere una reforma constitucional, y en estos casos, existe el mecanismo a seguir, por lo que reiteró que lo único que están haciendo a nivel del Parlamento es “reivindicar el derecho que tiene la Asamblea de participar en este proceso”.

Aunque existen democracias donde son comunes estas consultas, también podría pensarse en una encuesta a través de la cual el pueblo pueda emitir su opinión y el Ejecutivo decidir si asume la voluntad popular o no. Esta alternativa sería además mucho más económica, porque no debe olvidarse que cada una de las consultas representaría al país un gasto de 8 millones de dólares.

En Uruguay se utilizan las consultas, pero siguiendo parámetros que no han sido considerados por el Ejecutivo en su propuesta. “En Uruguay no es el Ejecutivo el que formula las preguntas ni los temas a tratar. Es el pueblo, quien mediante la recolección de firmas puede solicitar la convocatoria de un referéndum de un tema de interés”. En el caso de Uruguay se requiere un 25% de firmas para poder hacer la solicitud, aunque en Costa Rica se acepta sólo un 10%.

“En este caso consideramos que es perjudicial para la institucionalidad que el Legislativo renuncie a esta participación y delegue exclusivamente al Ejecutivo esta decisión”, acotó el diputado panameñista.

Negó finalmente en TVN que existan diferencias entre el Ejecutivo y el Legislativo por este tema, asegurando que los proyectos de ley que entran a la Asamblea sufren cambios, algunas veces sustanciales, después de los debates, pues para eso existe ese órgano del Estado.

“Sigo siendo diputado de Gobierno, pero tengo un planteamiento distinto y es por la vía del diálogo que nos pondremos de acuerdo y saldrá una redacción de consenso que respetará la institucionalidad, porque Mulino nos planteaba que nosotros desconfiábamos del Ejecutivo... no es que desconfiemos del Presidente, pero esta ley es para ésta y para futuras administraciones, de modo que podría usarse este mismo mecanismo para pasar por encima del Legislativo”.