Martinelli, dispuesto a que le confisquen su avión privado

La defensa de Ricardo Martinelli introdujo un recurso de quince páginas ante la Corte del Distrito Sur de la Florida que dirige el juez Edwin Torres para tratar de desarticular la posición de la fiscalía sobre el riesgo de fuga que representa su cliente, para el que solicitan fianza de excarcelación.

En la audiencia celebrada el martes 20 de junio, la fiscalía consideró que Martinelli tenía las influencias, la riqueza y los medios para huir del país si el juez aceptaba el ‘paquete' de fianza que presentó la defensa. Su propuesta intenta convencer al juez de que Martinelli, que ha pasado quince noches en la prisión federal de Miami, no pretende violar las consideraciones del juez si éste otorga la fianza.

DATOS DEL CASO

El 12 de junio fue detenido el exmandatario en su casa

El juez Edwin Torres dijo que programaría una audiencia en caso de otorgar una fianza a Ricardo Martinelli

La fiscalía se opone a la medida por el riesgo de fuga del expresidente.

En este sentido, la defensa rebate uno de los puntos principales de la fiscalía, que pueda huir en su avión privado. La aeronave, a nombre de un fideicomiso, tal como lo planteó la fiscalía, cuenta con matrícula norteamericana N799RM y, por tanto, éste país tiene jurisdicción para confiscarla, si así lo considera.

Martinelli, añaden, está dispuesto a que se le confisque su avión o a recibir cualquier otras restricciones sobre medios de transporte, planteó la defensa.

El segundo punto que trata de desarticular la defensa del exmandatario es su poder en el Global Bank. Y explican que Martinelli transfirió sus acciones (6.5%) a su esposa, quien es accionista en un 13%, y aunque ambos formaban parte de la directiva, fueron removidos de sus cargos poco tiempo después de haber llegado a la presidencia.

Los abogados no desatienden tampoco una de las respuestas que dio el fiscal en la audiencia cuando el juez cuestionó a Adam Fels, sobre a dónde escaparía Martinelli, y éste respondió que contaba con una licencia de conducir de República Dominicana, como uno de los posibles destinos donde se exiliaría.

Al respecto, el abogado Marco Jiménez dice que, en efecto, su cliente cuenta con este documento, pero indicó que República Dominicana tiene un tratado de extradición con Panamá firmado en julio de 2016, el cual se presenta como parte de las pruebas de la defensa.

Martinelli tiene pendiente que se resuelva una petición de asilo en Estados Unidos que solicitó en 2015, por la que recientemente tuvo una entrevista con las autoridades y no tiene intención de irse de Estados Unidos a la República Dominicana o cualquier otro país, apuntan sus abogados.

Por lo anterior, cita la defensa, se solicita al juez considerar el ‘paquete' de fianza que sometió Martinelli a la consideración de Torres, el cual incluye $7 millones en fianza, (5 millones firmados por su esposa y de los cuales adelanta el 10%, un millón propio y otro de un amigo en Florida que respalda con una propiedad) , pagar el salario de los policías que lo resguarden, colocarse un brazalete electrónico y que le confisquen todos sus medios de transporte.

El juez Torres indicó al finalizar la audiencia que analizaría detenidamente el caso que le compete y aunque el de su extradición pase a otra instancia, recomendará que si se ejecuta sea de manera expedita. Sin fecha prevista, si fija una fianza, Torres citaría a una nueva audiencia para anunciar los términos.

El viernes pasado, la fiscalía aportó un documento en el que sustenta que el caso de los ‘pinchazos' telefónicos por el cual el gobierno panameño solicita la extradición del exmandatario no es un caso de espionaje, puesto que Martinelli dirigió su interés a blancos que no necesariamente eran representantes de gobierno, para atender sus intereses privados y no los públicos.

La defensa presentó el mismo día la opinión del abogado Roberto Moreno, quien señala que era indispensable la imputación del exmandatario y que no bastaba con acusarlo. Un debate que ha estado latente desde que la Corte Suprema de Justicia inició el caso. Además, Moreno explica que la declaración de Ismael Pittí, uno de los agentes que confesó haber efectuado seguimientos por órdenes de Martinelli, ‘no se incluyó en el expediente a tiempo y, por tanto, no puede ser evidencia de la Fiscalía para probar su teoría del caso y su uso en el proceso puede ser ilegal'.