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- 23/08/2024 00:00
- 22/08/2024 19:33
Tras ser electo, el nuevo Contralor de la República fue enfático en señalar que su compromiso es firme y advirtió que con el dinero de los panameños no se juega y que al pueblo no se le puede engañar y robar más.
Sostuvo que denunciará ante las autoridades competentes a cualquier persona relacionada en auditorías que se hagan en la Contraloría, que revelen actos de corrupción o malos manejos.
Anunció que va a reforzar el sistema de denuncias ciudadanas que tiene la Contraloría, dándole obviamente la protección a la gente que pueda denunciar.
“Ese ciudadano que se sintió en algún momento afectado por algún tipo de corrupción de algún mal manejo, tiene que salir a denunciarlo [...] la gente se esconde por miedo o porque piensa que no va a pasar más nada, bueno en este gobierno sí van a pasar las cosas como deben pasar, el que meta las manos como decían por allí, va a tener que ver cómo hace para justificar sus acciones”, enfatizó Flores.
También se refirió a la Ley 351 del 22 de diciembre de 2022, que modificó la Ley Orgánica de la Contraloría y que varios artículos de la misma han sido demandados ante la Corte Suprema de Justicia como por inconstitucionales.
En tal sentido, manifestó que hay una cláusula de esa ley que concede demasiada discrecionalidad y prácticamente es juez y parte del contralor de la República.
“Yo no quiero eso, yo no necesito de esa discrecionalidad para hacer mi trabajo y le pido a todas las bancadas aquí que hagamos una mesa de trabajo y en vez de esperar el fallo de la Corte, nos sentemos aquí todos y creemos una ley que derogue esos artículos que nos son a todos incómodos”, dijo.
Planteó, además, que será muy estricto con el tema de las fianzas que se han vencido, ya que según dijo en los últimos 10 años se han perdido más de 200 millones de dólares en obra por terminar y cuestionó las tácticas que utilizan algunas compañías de seguro que dilatan los proceso son recursos para que esas fianzas no se den. “A esas compañías no las vamos a aceptar más nunca en el tema de seguros en la Contraloría de la República”.
En cuanto a su gestión afirmó que no tiene ni tendrá emisarios. “No quiero mensajeros ni cobradores, ni nadie que diga que puede facilitar temas en sus cuentas por cobrar o sus procesos en las diferentes etapas de la Contraloría.
También se refirió a los contratos que contemplan anticipos de obras, los cuales afirmó que en su mandato como contralor, no los va a aceptar.
“Yo creo que si alguien tiene la capacidad y la solvencia económica en un pliego y en una homologación, tiene que saber que debe usar esos recursos, no me parece correcto que el gobierno anticipe un dinero para una obra en particular”, destacó.
En eso señaló han encontrado muchas obras en Panamá con un 70% de avance financiero, pero con un 30 % de avance real. “Esos son los problemas que se están confrontando y para ello hay que eliminar esa práctica que nos parece no son las más adecuadas”.
Flores también se refirió a dos temas que calificó como delicados y espinosos y que han ocasionado mucha molestia a nivel nacional que son los auxilios económicos del Ifarhu y la descentralización paralela. “Yo voy a tomarme el trabajo de ver cada uno de los expedientes, sabemos que hay diferentes tipos de auxilios, hay auxilios que la persona fue a la escuela, se graduó y tiene un diploma, y sabemos que hay otras que se dio el dinero, no hay ni siquiera una matrícula, ni hay un diploma, ni hay un crédito; eso es peculado de uso y se va a investigar hasta las últimas consecuencias”, advirtió.
En ese mismo tema se refirió a las familias pudientes, “todos conocidos y les voy a pedir el favor a que se acerquen para ver cómo hacemos los arreglos de pago para que devuelvan el dinero que no necesitaban. En lo personal yo no pienso exponer a los hijos de nadie, pero los padres saben quiénes son, me parece que es una falta de solidaridad para con el resto de los panameños que buscan poder cumplir los sueños en educación”.
El otro tema espinoso mencionado por Flores fue el de la descentralización paralela y recordó que el presidente Mulino ha dado un plazo de 60 días para que haya una rendición de cuentas de los 321 millones de dólares que fueron asignados a ese programa y dijo que una vez que inicie su gestión “vamos a buscar esos fondos”.
Recordó que hay muchos que manifestaron que borraron los números, que borraron los registros, y advirtió que eso es un delito y se va a perseguir, “yo no voy a tolerar ese tipo de abusos, aquí no le vengo a tapar nada a nadie”.
Destacó que en el caso de la borrada de registros es una jugada muy juega vivo de los panameños, y les pidió a los firmantes de los cheques y los beneficiarios que se tomen un baño de moralidad, que denuncien lo que pasaba y cuenten la verdad.
“El juega vivo no le dio para tanto, no son tan vivos nada, porque todos esos cheques existen en el Banco Nacional de Panamá y allí están los firmantes y los beneficiarios y los vamos a perseguir”, anunció.